En mayo de 2016 el Congreso del Estado reformó la Ley de Transparencia para adecuar el marco normativo estatal con la Ley General que se había aprobado unos meses antes a nivel federal. En ese documento se estableció la posibilidad de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (el ITAIP para los cuates), pudiera comenzar a sancionar realmente la opacidad en Puebla o eso se pensó.
Aunque fue hasta 2017 cuando el ITAIP emitió los lineamientos para poder aplicar sanciones, o medidas de apremio como le llaman; ya hasta 2018 fue cuando se comenzaron a aplicar, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información que atendió el órgano de transparencia estatal.
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Y los datos que me entregó son una radiografía que nos permite asomarnos a una de las aristas del cumplimiento, o no, de la ley de transparencia en el estado.
En un contexto en donde en el debate público está la discusión sobre la reactivación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la necesidad imperiosa de órganos que garanticen el Derecho de Acceso a la Información (DAI), el ITAIP en poco abona según la información, pero me adelanto.
Vamos a los números.
Entre 2018 y 2022, es decir en cinco años, el ITAIP ha dictado mil 163 medidas de apremio, de las cuales el 70 por ciento son multas y el 30 restante son amonestaciones.
Recordemos que según la ley el ITAIP puede aplicar dos tipos de medidas de apremio: amonestación y multas que pueden ir de 150 hasta 1500 Unidades de Medida (UMAS). En el caso de las multas además deben ser pagadas por las y los funcionarios responsables, y no por las instituciones (artículo 192).
La aplicación de medidas apremio no ha sido parejo ni parece tener una tendencia claramente marcada, aunque sí posibles razones. Dos son los años con el mayor número de sanciones: 2019 con 391, más de una por día en promedio.
Fue el año de las elecciones que permitieron a Luis Miguel Barbosa encaramarse en la gubernatura. Ese año hubo varios gobernadores: el panista Jesús Rodríguez Almeida, como encargado de despacho por 21 días; el priista Guillermo Pacheco Pulido como interino por seis meses y 10 días; y el morenista Luis Miguel Barbosa que llegó a la gubernatura el 1 de agosto.
Los vacíos de poder y la crisis política que vivió el estado en ese año podría explicar, tal vez, que hubiera muchas medidas de apremio.
El otro año con muchas sanciones del ITAIP a los Sujetos Obligados fue el 2020, con 382. Ahí tal vez tendríamos que pensar en el inicio de la pandemia y todo lo que ello implicó en términos del cumplimiento a la Ley de Transparencia para explicar las razones detrás de las sanciones, sin duda el DAI fue uno de los derechos que más se violó por parte de las autoridades en ese periodo.
Aunque el tema es más que sólo la dictaminación de las sanciones. Si no se cumple con las medidas de apremio no hay certezas de que funcionen para asegurar que se cumplan con las determinaciones del ITAIP y de la Ley de Transparencia, y al final con el DAI.
Y eso es lo que ha pasado. De las mil 163 medidas de apremio que ha dictado el ITAIP en el periodo sólo 186 se han cumplido, lo que significa el 16 por ciento.
De esas 186, siete han sido amonestaciones y el resto son multas que se han cobrado; multas que por cierto la mayoría, sino es que todas, siempre han sido sobre el monto más bajo, es decir 150 UMAS; vamos, que dependiendo el año en el periodo van de 12 mil a 14 mil 433 pesos.
En términos porcentuales el ITAIP tiene el registro de que se han aplicado el 2 por ciento de las amonestaciones dictadas y el 22 por ciento de las multas.
Esto dice la ley sobre el cobro de las multas:
“Las multas que determine el Instituto de Transparencia, se fijarán en cantidad líquida y una vez que sean definitivas y queden firmes, tendrán el carácter de créditos fiscales y su cobro se realizará, a través de la autoridad fiscal competente”.
En este caso la Secretaría de Finanzas del estado.
¿El ITAIP le da seguimiento para confirmar y lograr el pago? ¿La dependencia es omisa? Para esas preguntas aún no tengo respuestas, pero cuando las tenga les cuento.
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Ahora ¿cuáles son los organismos o entidades de gobierno más sancionados? Vamos de nuevo a los datos que el ITAIP entregó vía una solicitud de información.
A veinte años del inicio en México de la transparencia como política pública con reglas y presupuestos, el Derecho de Acceso a la Información sigue siendo un derecho poco entendido y poco ejercido.
Por ello, no es raro que haya permeado poco fuera de los grandes centros urbanos. En los municipios, mientras más pequeños sean hay menos presupuesto público y por tanto menos interés en el tema por parte de los gobiernos.
En ese sentido, no sorprende que el primer lugar en las entidades de gobierno lo ocupe un ayuntamiento pequeño, de poco menos de 30 mil habitantes: Huaquechula, con 21 sanciones.
Antes del siguiente dato recordemos que lo que tiene hoy al INAI detenido imposibilitado a sesionar para resolver las quejas de los ciudadanos ante la opacidad gubernamental es la decisión del partido mayoritario y sus aliados a elegir y nombrar a nuevas personas para integrar como comisionados o comisionadas el órgano garante nacional, es decir el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados el PT y el Verde.
Por ello, no sorprende que sea Morena el organismo sujeto de transparencia que reporta el segundo mayor número de sanciones por resistirse a hacer pública su información con 17 medidas de apremio. Y ninguna de las sanciones ha sido cumplida por el partido, ni las multas 15 ni las dos amonestaciones.
En las siguientes posiciones se ubican otros municipios pequeños, algunos incluso de menos de 3 mil 500 habitantes como San Pedro Yeloixtlahuaca, también se encuentran Chiconcuatla, Cuyoaco y Nopalucan, y otros municipios un poco más grandes como Acatlán y Huauchinango.
Una de las cosas que también llama la atención de los datos del ITAIP es que una institución educativa como la BUAP se ubique dentro del top con 10 sanciones, nueve de ellas impuestas en el 2018, cuando aún estaba al frente el rector Alfonso Esparza.
Fuentes universitarias que consulté me cuentan que la transparencia de la nómina universitaria, una información que de oficio debe estar en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue uno de los temas a los que más se resistieron a hacer públicos.
“Imagínate” –me dice otra fuente que consulté sobre el tema, en este caso una persona extrabajadora del ITAIP– “Esparza quería que la decisión sobre si hacer pública o no el pago de sueldos y salarios pasara por el Consejo Universitario”.
Esparza simplemente no quería entregar la información. Y se le aplicaron multas, nueve. Hay que decir que las multas se adjudicaron, como la ley lo señala, al entonces titular de la Unidad de Transparencia de la máxima casa de estudios, pero no se pagó ni un solo centavo de los casi 110 mil pesos a los que ascendieron las sanciones.
El ayuntamiento de Puebla, que durante varios años se mantuvo en los primeros lugares de transparencia en varios rankings nacionales, también está en el top 10 con nueve sanciones, tres amonestaciones y seis multas. De acuerdo con los datos, las sanciones son del periodo de Claudia Rivera Vivanco. Ninguna de ellas ha sido atendida.
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