Los embates que día a día sufre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, todos los días, lo mismo desde la tribuna mañanera del titular del Ejecutivo federal, que de militantes o funcionarios de Morena, reflejan además de la grave polarización que prevalece en México, la amenaza latente por debilitar al Poder Judicial, al Legislativo, los órganos autónomos o cualquier otro actor o grupo que disienta con las posturas que enarbola la 4T y en el fondo la amenaza a la división de poderes, a la democracia mexicana y a un país de instituciones y libertades.
Es inadmisible que en las últimas semanas y particularmente a partir del relevo de la Presidencia de la Corte, la institución y su presidenta sean descalificadas y atacadas porque no se coincide con las decisiones que se postulan desde Palacio Nacional.
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La furia en contra de la SCJN se intensificó aún más al declarar la nulidad de la primera parte del Plan B de la reforma electoral y con la invalidación del acuerdo que declara las obras del Gobierno Federal como temas de seguridad nacional.
Podrán gustar o no las decisiones, pero la Ley es la Ley, y el máximo tribunal del país siempre tendrá la última palabra.
El Poder Judicial de la Federación no puede ni debe representar los intereses políticos de ningún grupo en particular, y eso también incluye a quienes bajo el argumento de consolidar su proyecto de transformación en el país, quieren sepultar a las instituciones garantes de justicia y que mantienen el equilibrio en el poder.
Por otro lado, los ataques en contra de la ministra Norma Piña, también representan violencia política en razón de género, en un gobierno que se asume como feminista y en los hechos las acciones ejecutivas han sido regresivas en materia de institucionalización y defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las asignaciones presupuestales y las políticas públicas disminuidas o desaparecidas en favor de más del 50 por ciento de la población de este país que representamos las mujeres.
No se debe de olvidar que la división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo.
Se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho.
Por lo tanto, lo que se pretende al contar con tres Poderes de la Unión es, precisamente poner freno a la tentación en la que pueden caer los gobernantes cuando tienen la posibilidad de hacerlo, con independencia de su buena voluntad.
Lamentablemente hoy, se aprecia una sumisión de la mayoría oficialista a la voluntad del Jefe del Ejecutivo Federal y parecería que esa es la actuación que buscarían observar en el Poder Judicial de la Federación.
Que se escuche fuerte y claro: México es una República y seguiremos pugnando por la vigencia de una democracia donde funcionan los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el Grupo Parlamentario del PRI siempre defenderemos la independencia de los poderes y el respeto a su autonomía.