La consolidación de la globalización en el mundo consistió en el debilitamiento de las instituciones nacionales para que los grandes capitales aumentarán su influencia supranacional. En ese contexto los gobiernos neoliberales debilitaron instituciones estratégicas y prioritarias en México para imponer un esquema de negocios extractivista que muy rápido terminó por afectar nuestro ambiente, nuestros recursos y comprometió en muchos ámbitos nuestra soberanía nacional.
En Puebla el gobierno más agresivo en imponer esta visión fue el de Rafael Moreno Valle (2011-2018). Durante su administración los proyectos de muerte (minería a cielo abierto y fracking) se extendieron en la Sierra Norte de Puebla, y en 2014 siendo alcalde Eduardo Rivera, el gobierno municipal vendió la idea de que debería concesionarse a una empresa privada la operación del agua potable en la zona metropolitana.
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Mediante procedimientos opacos y con argumentos de mejorar la eficiencia en la distribución del agua bajo un esquema comercial, se entregó a una empresa de la familia Hank la concesión y operación por 30 años en cinco municipios: Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. La empresa Agua de Puebla se comprometió a realizar obras de infraestructura hídrica, brindar un servicio de calidad, ampliar la red de servicios, entre otras palabrerías que quedaron asentadas en un documento de más de 900 páginas y 18 anexos.
Así inició una pesadilla para las familias poblanas y un calvario para los más pobres, más de dos millones de ciudadanos ven comprometido su derecho humano al agua. Las personas consideradas usuarias son víctimas de un esquema de negocios que tiene por resultado que 20% de los poblanos no tenga acceso al agua potable y servicio de drenaje, que el 40 % de las colonias tengan un suministro intermitente.
Desde el 2007 no se invierte en programas de reforestación ni obras de captación de agua de lluvia y el 60% de las plantas de tratamiento no funcionan. Los usuarios pagan tarifas hasta 500% más caras y aunque paguen no reciben agua. Nos encontramos ante un panorama catastrófico. Incluso si se revierte la concesión tendrían que pasar varios años para que, con un plan de reforestación, captación de agua de lluvia, rehabilitación de plantas de tratamiento y reparación de la red de agua logremos aminorar esta crisis. Solo una inversión millonaria y políticas públicas en las que colaboren todos los ámbitos de la sociedad podrán revertir la situación. El agua no es un bien, y su distribución es más que un servicio, hablamos de un derecho humano y de un líquido que literalmente da vida.
Tw: @acarvajalh