Hace unos días fuimos testigos de una segunda edición de marchas en el país convocadas por organismos ciudadanos en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), esto más como apoyo a la instancia legal de quien depende las modificaciones propuestas y llevadas a cabo recientemente.

Fueron miles de personas que al unísono de “mi voto no se toca” y “la ley es la ley” salieron a las calles en diferentes ciudades y, sobre todo en la capital de la República, para exigir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar las reformas a diversos ordenamientos en materia electoral, aprobadas en el Senado de la República el pasado 22 de febrero.

Aunque las modificaciones se realizaron sobre leyes secundarias, éstas evidentemente disminuirán el papel del INE en la organización de las elecciones, ¿crees tú que dañe la vida democrática de México?

Y es que hasta antes de esto teníamos claro que la democracia en el país iba de la mano del INE, este organismo autónomo cuyos antecedentes se remontan a una historia de más de un siglo, lapso en el que se fue cimentando la separación de poderes y la organización de las elecciones.

Repasando la historia, fue en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero, que se instituyó a la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los Miembros del Congreso de la Unión. A partir de ahí se fueron generando diferentes reformas a nuestra Carta Magna con el propósito de regular los procesos electorales.

Precisamente en 1990, como resultado de esta labor, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), a través del cual se ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

Este organismo especializado en materia de elecciones existió durante 24 años, pero tras la publicación de la reforma constitucional en materia política-electoral, el 10 de febrero de 2014, se transformó en una autoridad de carácter nacional: el INE; es este instituto el que nos ha brindado los gobiernos que hoy tenemos.

No ha pasado ni una década de su existencia y me pregunto ¿este instituto ha contribuido de manera significativa a la consolidación de la democracia en México? ¿Ha sido clave en la organización de elecciones libres y justas, y en la promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales?

¿Crees que ha mantenido una posición de imparcialidad en la organización de las elecciones, asegurando que todos los partidos políticos y candidatos tengan igualdad de condiciones y oportunidades para competir? Ha trabajado en la promoción de la transparencia en los procesos electorales, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para evaluar el desempeño de los partidos políticos y los candidatos.

Pero más allá de esta trayectoria, la pregunta que hoy ocupa es: ¿el llamado Plan B, atenta contra el legado que nos dejaron los héroes que durante dos siglos, en la Independencia y en la propia Revolución Mexicana, lucharon para darnos patria, una nación en la cual existe la división de poderes?

No podemos pasar por alto que a lo largo de esta misma historia, en México se han vivido momentos en los que la separación de poderes ha sido debilitada, como pasó en el régimen autoritario de Porfirio Díaz, el cual como cabeza del Poder Ejecutivo ejerció un control absoluto sobre los otros dos poderes.

Tuvo que levantarse el pueblo para que tras la Revolución Mexicana, de la cual Puebla es cuna con los hermanos Serdán, se promulgara la nueva Constitución en 1917, en la que se reafirmó la separación de poderes y se establecieron medidas para garantizar su independencia y equilibrio.

Es por ello que estoy convencido de que no puede ni debe haber retroceso en estos logros que han forjado la Patria que hoy tenemos. Confío en que los ministros de la SCJN sabrán ejercer la autoridad que el propio pueblo de México les ha conferido y lograrán hacer que las conquistas democráticas ciudadanas alcanzadas, muchas de ellas incluso a costa de cientos de vidas perdidas, NO SE PIERDAN.