Desde 1977 se fue transformando no sólo el sistema legal electoral, sino las prácticas de la búsqueda de consensos entre el régimen y los partidos políticos, tanto con registro como sin éste. Se puede decir que comenzó un nuevo circuito electoral del sistema de partido hegemónico, que algunos eufemísticamente llamaron democracia hegemónica, hacia un sistema electoral de pluralidad. Esas primeras reformas incluyeron las diputaciones plurinominales, que en sentido estricto tuvieron —y siguen teniendo— como fundamento la representación proporcional (1). El primer paso, por tanto, fue reconocer la pluralidad política prevaleciente en el país.

Ese hecho, visto en retrospectiva, puede valorarse mejor en el presente que en aquellos años —hace casi medio siglo—. En efecto, se introdujo la racionalidad en el acceso y en el ejercicio del poder, porque fue, por un lado, el reclamo de la realidad, de los actores políticos y de la sociedad, y, por el otro lado, la decisión de quien encabezaba el régimen y su gabinete, especialmente el entonces Secretario de Gobernación. Ese hecho nos evoca el nacimiento de la política en los albores de la humanidad. Podemos suponer e imaginar cómo los primeros grupos humanos transitaron de la ley de la selva al de la convivencia. Cómo quienes lideraban esas comunidades al buscar resolver los problemas —incluso de supervivencia y resguardo—, se sentaron y hablaron, se escucharon y se pusieron de acuerdo, en suma, parlamentaron, razonaron y argumentaron. La razón está en el origen de la política, entendida ésta como búsqueda de solución de problemas (2).

No somos ingenuos, sin embargo, la política también conlleva el ejercicio del poder y éste no necesariamente es racional o tiende a no serlo. Por ello es importante que a todo poder le haga contrapeso la razón. Podemos decir que toda la tradición clásica desde los griegos hasta Hegel y sus descendientes —incluso hasta nuestros días con el planteamiento de los derechos humanos— ha formulado la necesidad de la razón como factor de la convivencia humana, es decir, ha visto la necesidad de humanizar la convivencia a través de la razón traducida en leyes, constituciones, convenciones, esto es, un entramado legal. En la modernidad, Maquiavelo descubrió las leyes del poder y distinguió lo ideal de lo político y lo real de la política, que hoy llamamos la real politik. La fuerza del león y la astucia de la zorra (3), al parecer, y no la razón, es lo que distingue al político eficaz, pragmático y profesional.

La complejidad de la política, aun en los términos mismos del autor florentino, hace que se entremezclen la razón y el poder, por ejemplo, en el uso de la ley contra los adversarios de príncipe. Pero la ley en sí reviste un cúmulo de racionalidad. Es ahí precisamente donde la astucia juega a ser racional. También es ahí donde la razón puede ganarle al poder, pues éste siempre necesita para justificarse o legitimarse apelar a la razón, sostenerse en ésta. Nunca el poder se justifica a sí mismo, por ello aquí puede notarse la fuerza de la razón, ya sea como argumento, ya sea como ley. El poder siempre necesita un argumento de razón, un principio de legitimidad (4).

Volvamos al sistema electoral mexicano. Decíamos que ese primer paso de reconocer la pluralidad de la dinámica política fue uno de los primeros eslabones del nuevo circuito político-electoral. Un siguiente paso, aun en medio de la llamada democracia hegemónica, fue el brote, cada vez mayor, de los reclamos ciudadanos. En los inicios de los noventa todavía los secretarios de Gobernación eran los presidentes del consejo general de la institución electoral federal. A partir de 1996, se dio la primera presidencia donde el titular de dicho consejo fue un ciudadano que no era funcionario del gobierno federal.

La ciudadanización de los órganos electorales fue otro eslabón del nuevo circuito electoral. Con ello se abrió la confianza y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó a cosechar los primeros frutos de un entusiasmo de la ciudadanía en general. Y a todos envolvió el tema ciudadano. Esto se reflejó en el sistema electoral mexicano tanto en la Constitución política como en el Código electoral. En efecto, ciudadano o ciudadana era la persona que votaba como la persona votada: el elector y el candidato a algún cargo de elección popular. Ambos eran ciudadanos. Lo son todavía. No sólo eso, los dirigentes y militantes de un partido político, ahora mismo, también son ciudadanos con todos sus derechos garantizados y ejercidos.

No sólo ellos, candidatos y electores, sino —como ya se dijo— los responsables de organizar las elecciones, los consejeros ciudadanos. Además de ellos, los funcionarios de mesas directivas de casillas, igualmente, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, son ciudadanos —vecinos del lugar donde se instalan las casillas— los que reciben los votos y los cuentan. Es un mandato de la ley (hablamos de racionalidad y de la razón que se encarnan en dichos instrumentos legales), pero también puede decirse que es el pueblo mismo el que se organiza en torno de una institución electoral y en torno de las leyes correspondientes. La ciudadanización, que significa madurez para tomar y formar parte de los asuntos públicos, vitaliza, estructura y vertebra a los integrantes de un pueblo para lograr su maduración. Ciudadanía es la conciencia que una comunidad cobra de cómo ha de organizarse para resolver sus problemas.

Además, también son ciudadanos todos aquellos que forman parte administrativa y operativa de los órganos electorales, como son los capacitadores electorales y auxiliares electorales que recorren todos los distritos para determinar dónde se colocarán las casillas. También en ejercicio de sus derechos ciudadanos, estas personas, capacitadores y auxiliares electorales, convencen a otros ciudadanos para que participen como funcionarios de casillas y convencen a dueños y responsables de los lugares que resultan idóneos para instalar los centros de votación y de conteo de los votos. El voto —que es el bien a tutelar en el derecho electoral y en el sistema electoral mismo—, que es como se manifiesta la voluntad popular, es alentado, recibido, contado y protegido por todos estos ciudadanos en el circuito del resguardo, no sólo físico, sino del sentido del voto. De ahí esa expresión de “contar el voto y contarlo bien”.

Esta reforma de la ciudadanización, particularmente la de 1996, prácticamente rigió las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006 (5). La reforma electoral de 2007-2008, le dio al IFE el control de los tiempos de radio y televisión para los partidos políticos y autoridades electorales tanto a nivel local como federal. Además, restringió la promoción de los gobiernos en tiempos electorales, la famosa veda electoral. Así mismo redefinió el modelo de comunicación política para que en las precampañas y campañas se prohibiera denigrar a los partidos políticos y/o a sus candidatos (6).

De repente, con dicha reforma, los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos se volvieron tan repetitivos y recurrentes que uno se preguntaba si los promovido en dichas cápsulas era real o parte de una figuración. La repetición ad nauseam quizá hizo que, sobre todo jóvenes se desinteresaran de los asuntos públicos y, especialmente, de los temas electorales. Algo positivo de dicha reforma fue la llamada veda electoral, mediante la cual los funcionarios públicos debían suspender sus acciones de propaganda y difusión en tiempos de campañas electorales, ello a fin de no intervenir con el aparato gubernamental en favor de sus partidos políticos o de sus preferencias electorales. Por otra parte, aunque se prohibió la denostación de personas e instituciones, las precampañas y las campañas electorales siguieron dando lugar a los escándalos de diversa índole, opacando con ello las propuestas viables a los problemas reales de los ciudadanos.

La reforma de 2014 transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), con una amplitud de funciones, una de ellas, la de nombrar a los consejeros de las entidades federativas, además de las que ya de por sí tenía, como la elaboración de la credencial de elector, la cartografía electoral, la definición de distritos electorales, etcétera. Un rubro importante es el de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos que destinen a las precampañas y campañas electorales, y los medios de impugnación, donde se establecen procedimientos especiales para sancionar actos de campaña, de precampaña o actos anticipados de campaña. Todo ello de alguna manera hizo que tanto partidos políticos como candidatos, e incluso funcionarios de gobierno federales, locales o municipales, tuvieran cuidado de no emitir comentarios o posicionamientos que implicaran un costo o la manifestación de preferencia hacia algún candidato o precandidato. El resguardo de la preferencia del voto se hizo casi sagrado. Se volvió a prohibir la denostación y la calumnia con mayor énfasis, aunque las campañas siguieron en los mismos tonos de destapar escándalos, unos más, otros menos, pero las campañas y precampañas electorales siguieron cojeando del mismo pie.

La reforma electoral reciente básicamente puede resumirse así: Por un lado, reducir la estructura del INE y, por el otro lado, suavizar las sanciones contra los partidos políticos y los servidores públicos. Algunos otros rubros contiene dicha reforma que ha suscitado diversidad de posturas y análisis. Por ahora baste señalar que las reformas electorales, mejor dicho, el sistema electoral mexicano desde que se inauguró en los tiempos modernos ha sido dinámico, cambiante y con mejoras, a veces menores, a veces de envergadura. Lo que debe valorarse siempre es el voto, su valor, su sentido, su significado. Es el bien a tutelar en todo derecho y debe serlo en el sistema electoral mexicano. Para ello se requiere de pluralidad y de una ciudadanía madura, consciente, dispuesta a participar en los asuntos públicos. Ese es, finalmente, el valor de un régimen democrático, plural, ciudadano, que por ello mismo sirva al pueblo y éste se siga expresando libre y pacíficamente, como en todo sistema democrático moderno.

(1) Cámara de diputados, Nuestro siglo. La reforma política de 1977, s/f, https://acortar.link/hPXu25.
(2) F. Aguilar Víquez, “Las virtudes del político”, Atenas y Roma, núm. 2, Departamento de Ciencias Sociales y Económicas (UPAEP), 2003, pp. 50-62.
(3) N. Maquiavelo, El príncipe, cap. XVIII, en El príncipe/ Discursos sobre Tito Livio (selección), Gredos, 2011, p.58.
(4) P. Ricoeur, Historia y verdad, Encuentro, Madrid, 1990, pp. 229-250.
(5) M. Sinuhé García Bartolo, Las reformas electorales a nivel federal en México, El cotidiano, marzo-abril 2011, p. 79, https://acortar.link/kRrgmR.
(6) J. Buendía y J. M. Azpiroz, Medios de comunicación y la reforma 2007-2008. Un balance preliminar, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Temas selectos de Derecho electoral, 26), 2011, p. 6, https://acortar.link/y5OHzy.