La Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se publicó el 27 de mayo de 2015. Esta instancia de coordinación entre las autoridades para abatir la corrupción representó un claro ejemplo de la suma de los esfuerzos de la sociedad civil, la comunidad académica, y la labor legislativa. Así mismo, esta iniciativa que conformó el Estado mexicano significó la materialización de un mecanismo de cooperación interinstitucional que atiende a un reclamo social impostergable. Tras un largo camino, y a siete años de esta reforma, este 8 de diciembre del año 2022, se comienza una nueva etapa en el combate a la corrupción, con la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La activa participación de la sociedad civil organizada es sin duda, un punto que debemos resaltar en la conformación formal de este Sistema. El involucramiento y acción de la ciudadanía es un elemento necesario para el entendimiento del contexto social. Por ello, considerar su conocimiento, perspectivas y su posición en la deliberación es clave para planeación e implementación de las políticas públicas y de legislación en diversos ámbitos. Del mismo modo, la participación de la sociedad civil ha demostrado ser un elemento importantísimo para integrar respuestas efectivas, solventar los conflictos, incrementar la inclusión de temáticas relevantes para los grupos en situación de vulnerabilidad, y para la optimización de resultados. Sin embargo, debemos advertir que un gran desafío en este rubro es mantener la participación ciudadana y los canales de comunicación con la sociedad. En esa tesitura, coincido con la senadora Claudia Edith Anaya, quien, en su mensaje en la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó la importancia del acompañamiento y el impulso de la sociedad civil en la acción legislativa.
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De igual modo, a siete años de esta reforma resulta pertinente identificar y subrayar lo que se ha recorrido en el camino. En ese sentido, la Dra. Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, destacó los avances en la materia: el marco legal con el que cuenta nuestro país para generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, así como la consolidación de una política nacional anticorrupción, un programa de implementación y avances significativos en las entidades federativas. En ese aspecto, también debemos considerar que contamos con elementos que nos dan fortaleza: un marco jurídico que ya se encuentra armonizado en las entidades federativas, un activo ejercicio del derecho a la información, la consolidación de la cultura de la transparencia, y la labor comprometida de autoridades especializadas.
Así mismo, como subrayó el auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, es fundamental considerar que, “el combate a la corrupción requiere de la interlocución de todos los órdenes de gobierno competentes en su prevención, detección y sanción”. La acción colaborativa y coordinada es imprescindible, así como mantener puentes permanentes de comunicación entre los sistemas y las autoridades que los componen. En ese mismo sentido, se coincide con las premisas del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quien destacó la importancia del consenso y el diálogo para consolidar soluciones satisfactorias de los asuntos, así como para conformar acuerdos.
Además de lo expuesto, debemos considerar los retos que emanan de la dimensión social en la materia. En este aspecto, la doctora María Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes -impulsora ante la CONAGO de la firma del compromiso para controlar y combatir la corrupción a favor de los grupos vulnerables-, se pronunció a favor de fortalecer a las instituciones competentes en la atención de las necesidades más apremiantes de la población. De manera semejante, como destacó Francisco Raúl Álvarez Córdoba, actual Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, considerando que el diseño institucional de este Sistema pone en el centro a la sociedad, su actuación debe ubicar y centrarse en las necesidades y las demandas de las personas, y consolidar con la sociedad, los canales de participación efectivos.
Junto con mis colegas, la comisionada Josefina Román Vergara y el comisionado Adrián Alcalá Méndez asistimos a la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción, sumándonos con determinación para confirmar nuestro espíritu de colaboración y compromiso en la materia. A nombre del Pleno de este Instituto, refrendo nuestro compromiso para trabajar de manera coordinada y decidida con los diferentes Sistemas de los que somos parte, como el Nacional de Archivos y el Nacional de Transparencia, a fin de crear un ecosistema de información pública abierta, accesible y útil, que empuje al Estado mexicano a un nuevo escenario, donde los incentivos hacia la integridad pública sobrepasen los que hoy facilitan la corrupción.