A sólo unas semanas de la marcha por la defensa del INE, el Presidente del país mediante la marcha del 27 de noviembre, muestra una faceta del gobierno en curso que se empeña en dividir a la sociedad entre quienes concuerdan y quienes difieren con su ideología y acciones.
Si bien, el Gobierno Federal y, específicamente el Presidente, se ha empeñado dentro de las conferencias mañaneras en retratar esta marcha como una expresión de “unión nacional” exaltando a la actual administración, la realidad corresponde a una táctica de polarización para acallar y estigmatizar a cualquiera que piense diferente al Presidente.
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En palabras del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa comentó que: “vamos a marchar para que quede prueba de quienes tienen la mayoría en la sociedad”; nuevamente con un discurso que demarca un “ellos” y “nosotros” donde, cualquiera que pertenezca al “ellos” funge como enemigo en una historia donde según su narrativa son “los héroes”.
A pesar de que se habla de celebrar los avances de la actual administración, los datos en materia de libertad de expresión, feminicidios, impunidad, corrupción, seguridad, medio ambiente, entre otros: contrasta con un panorama donde aún hay trabajo por hacer, y donde muchas de estas situaciones, son minimizadas por el gobierno.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, 15 periodistas han sido asesinados durante 2022, esto bajo un contexto donde aún se sigue estigmatizando la labor de la prensa desde el discurso gubernamental. Aunado a ello, los casos mediáticos como el de Debhani Escobar o de Ariadna Fernanda muestran el panorama de impunidad y corrupción dentro de las investigaciones de las fiscalías en México.
Además de ello, los documentos revelados en los Sedena Leaks exponen la corrupción institucional que sucede bajo los ojos de un presidente que prometió en campaña erradicar la corrupción y presumió un gobierno de austeridad.
La marcha organizada por AMLO es una técnica peligrosa para polarizar aún más a la sociedad, donde el presidente da a entender de manera implícita, que está en contra de un sector de la población para el que también prometió gobernar y salvaguardar sus derechos al inicio del sexenio.
Acciones populistas de esta magnitud dañan la democracia, debido a que se intenta acallar y demeritar cualquier movimiento que difiera al del gobierno actual, donde una marcha lejos de realizarse bajo el contexto de luchar por aquello a lo que la ciudadanía tiene derecho, acrecienta un discurso que divide al país en términos de héroes y antagonistas, en donde sólo una persona (el presidente) funge como el juez.