En mi entrega de la semana pasada, expuse la parte antecedente de la que hoy se publica, en donde ofrecí algunos datos para la contextualización de las Escuelas Normales Rurales (ENR). Hoy me ocuparé de los aspectos que quedaron abiertos, tales como: perfil de estudiantes, financiamiento, servicios internos, gobierno, y sistema de administración. Desde luego ofreceré respuesta a la interrogante que sirve de título a esta colaboración.
En su origen, las Escuelas Normales Rurales acogían a jóvenes campesinos, en condiciones socioeconómicas, poco favorables; este factor debe ser considerado en el análisis que se haga de lo que sucede con el Normalismo en México, especialmente, en lo concerniente a las características de organización, que les caracteriza, tanto como estudiantes, como integrantes formales del magisterio. El ingresar a una Institución de esta naturaleza significaba no solo el acceso a estudios superiores, sino a una esperanza de vida, individual, pero familiar también. Hoy, pervive la pobreza, y la exclusión de parte importante de la población; sin embargo, existen condiciones contextuales que bien valdría la pena revisar como referente, al momento de valorar la función contemporánea de las ENR.
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Un factor determinante en la vida política y cultural que se fragua al interior de las ENR, definitorio de su modelo, es el internado; este junto con el servicio de comedor y apoyo de becas, constituye el núcleo “asistencial” del modelo. Núcleo que, en buena medida, representa los recursos económicos y materiales, que se ponen en juego en las constantes negociaciones de los comités internos con el gobierno, estatal o federal. Curioso que siendo recursos que le pertenecen a la sociedad, sean dos actores, “un tanto ajenos” quienes pretendan el control, como elemento de poder.
En cuando al sistema de gobierno, solo mencionaré que coexisten dos: a) uno de facto, en el que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), a través de los Comités de Estudiantes, juega papel central controlando los ejes cultural, deportivo, productivo y político; y, b) el formal, a cargo del gobierno, a través de una Dirección General Federal, así como de los gobiernos de los estados, limitando al eje académico.
En cuanto a financiamiento, de manera sintética diré que hay dos fuentes: Por un lado, la federal, que destina dos líneas presupuestales, una para infraestructura y otra para capacitación del personal; y la segunda fuente, la estatal, destinada a manutención y enseres.
Como lo he venido señalando, las ENR son responsabilidad del Estado; sin embargo, la educación es de interés público, así que los ciudadanos tenemos mucho que decir.
Como ciudadano, exijo, la rendición de cuentas y la transparencia, a quien quiera que ejerza recursos públicos, se llame gobierno, autónomas o normales rurales; su administración debe ser pública y encaminada al ejercicio pleno del Derecho a la Educación, ninguna organización o gobierno, puede condicionar a ninguna persona, el acceso a las instituciones educativas de sostenimiento público.
En este sentido, se me ocurre, que una posibilidad de iniciar análisis de lo que en las ENR sucede, podría ser, recuperar la historia de años anteriores recientes, y revisar las fechas del año en las que se manifiestan, comparar año con año los pliegos petitorios, las respuestas oficiales, los mecanismos de negociación, así como los acuerdos a lo que se llega. Ahora que escribo esto, me queda la duda, ¿qué pasa con mobiliario y equipo que se entrega cada año como parte de la negociación? En fin, habrá muchas preguntas que pueden generar líneas de búsqueda de información para intentar un análisis medianamente serio.
No debemos olvidar, que las Escuelas Normales Rurales, así como toda institución de financiamiento público, le pertenecen al Estado mexicano, es decir a Todos nosotros; la sociedad es la quien financia y cuyo interés debe ser el preponderante. No le pertenecen a organización alguna ni al gobierno.
Debemos evitar concebir a las Escuelas de Formación de Formadores como vestigios de un pasado glorioso, que tenemos la obligación de preservar, cual zona arqueológica; por el contrario, debemos proyectar su existencia real, es decir, dotarlas de las condiciones de gestión y fundamento pedagógico, pertinentes a una sociedad que ha cambiado, y que les permitan recuperar ese espíritu que forja a una nación.
La indiferencia que muestra el gobierno al dejar a su suerte a estas escuelas es condenatoria. Debemos exigir al gobierno su intervención decidida en favor del proyecto social educativo, que este subsistema representa para el México actual y del futuro. Por cierto, en estos momentos de paro, marchas y protestas de normalistas, las áreas y funcionarios de la SEP Federal, encargados de velar por estas escuelas, por nuestros intereses, se encuentran de Congreso en Monterrey, disfrutando el presupuesto que aportamos los ciudadanos.
En fin, tanto que decir, pero ya será en otras ocasiones.