“Un hecho es como un saco vacío que no puede tenerse en pie. Para que se sostenga, hay que llenarlo con las razones y sentimientos que lo determinaron”.
Pirandello
Partamos que nuestra Constitución nos garantiza justicia, equidad, igualdad de derechos como garantía de legalidad y democracia para el pueblo mexicano, empero, nos encontramos con el problema más álgido de un tiempo a la fecha por las condiciones en que nos toca vivir. Existen personas y grupos que se dicen constitucionalistas, respetuosos de ella como de la aplicación justa y democrática para el conjunto social y la patria únicas en su esencia; sin embargo, son desvirtuadas y mancilladas.
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Escuchamos sus palabras de dignidad en labios de personas que bien sabemos representan la indignidad. Oímos pronunciar el concepto libertad en quienes la oprimen. Y quienes más se esfuerzan en que la desigualdad humana persista, son aquellos que más articulan la noción igualdad. Absurdo y paradójico.
Todos hablamos de justicia pero pocos hacemos por lograrla. Por ello, nuestra Constitución y el Derecho de la misma debe sentirse y vivirla de forma exigente y si no se le siente palpitar de poco sirven los conocimientos. Desde que forjó nuestra Carta Magna se fundamentó en el anhelo de igualdad y justicia. Si no se cultiva se aleja, y entonces fenece esta época y nación.
En México es necesario para toda la sociedad tener la convicción de sostenerla y hacerla valer, luchar porque se viva ante cada de esos momentos que la comprometan hacia la injusticia y oportunismo de unos cuantos; luchar porque replandezcan los pensamientos por los cuales han fallecido tantos mexicanos, pensamientos por los cuales debemos luchar con dignidad.
Desde Morelos, Juárez, Cárdenas y otros tantos que exigieron y sostuvieron esa dignidad contra el oportunismo cómplice de la corrupción y apátridas, que buscan desequilibrar el orden establecido, entendiendo por orden la miseria y el hambre que domina a la sociedad; la educación como privilegio de unos cuantos; la servidumbre, el envilecimiento del clasismo burgués y el embotamiento de la inteligencia alienada que nos imponen.
El Derecho Constitucional a la justicia en muchas ocasiones está empañada por esas castas que se sienten dueñas del destino del pueblo y nación, ya sea para oprimir o saquear como apropiarse de nuestros derechos, todos para su lucro y corrupción, que el hacerse del poder, la impunidad les garantiza el mismo.
“Cuando acontecimientos extraordinarios rompen la unidad del derecho o si no es posible encontrar una decisión para un caso concreto en las normas jurídicas, entran los hechos en lugar del derecho, transformándose en las bases para la elaboración de nuevo derecho”.
Jellinek
Lamentablemente no siempre es así que la Constitución y leyes que deriven se ejercen con dichos principios que las generan y fundamentan, porque el oportunismo y corrupción las desvirtúan a su antojo y satisfacción soberbia, en el entendido de que la violación al Derecho y las leyes, es cuanto se sienten con el poder y complicidad de quien ejerce el mismo, ya sea poder dentro de gobierno como con empresarios que hacen del derecho la herramienta de enriquecimiento en todos sus órdenes de corrupción.
Ejemplos sobran a lo largo de nuestra historia, mucho más con la tecnocracia neoliberal desde Miguel de la Madrid a Peña Nieto, donde despojaron o, mejor dicho, desollaron a la Constitución para vestirse de ella como disfraz demócrata. Nada más falso, porque la sociedad y nación pagamos las consecuencias pasado, presente y por años más, hasta que se aplique ese anhelo constitucional y rindan cuentas de su perversidad.
“La familia burguesa se basa en el capital, en el lucro privado”.
Carlos Marx
Del Poder Judicial y democracia
Si partimos del principio democrático que los procesos no sean resueltos por el pueblo, como en ciertas condiciones ocurre, sino por jueces, entonces se plantea como si uno estuviera en una situación original y, en el entendimiento que se quiere instituir un régimen democrático, como si se dudara conferir la resolución de los procesos a los jueces mejor que al pueblo mismo. Consecuentemente, se busca la esencia de la democracia y después la del poder de los jueces para afirmar o negar la compatibilidad.
No existe ningún sistema en el mundo en que los procesos jurisdiccionales sean resueltos por el pueblo. Por el contrario, existen jueces profesionales en todos los sistemas que se proclaman democráticos. Ocurre, pues que los redactores de esas constituciones consideraron que las dos cosas eran compatibles. Se podría, por supuesto, examinar si estas opiniones están bien fundadas. Sin embargo, tal actitud debe ser desechada claramente porque las conclusiones del examen dependen de concepciones relativas a la esencia de la democracia y del Poder Judicial.
Esas condiciones quedan en entredicho, cuando son violadas las leyes y se hacen contra la sociedad o individuos, imperando ese orden establecido que sistemáticamente aplican la impunidad sin miramiento alguno.
La expresión 'poder judicial' tiene en el lenguaje jurídico dos sentidos principales, un sentido funcional: “el conjunto de los actos por los cuales son substanciados los procesos”; y un sentido orgánico: “un conjunto de tribunales que presentan ciertas propiedades estructurales.” ¿Existe un Poder Judicial en sentido orgánico?
Debe quedar claro que los jueces no forman un poder orgánico, puesto que no hay un Poder Judicial único, como hay un Poder Legislativo o un Poder Ejecutivo; también, que los jueces ejercen una función y no un poder verdadero. Es decir, en un equilibrio ético como de la lógica, se supone que los jueces deben apegarse al derecho y leyes para el servicio del pueblo, de lo contrario, son instrumentos de la impunidad.
Recientemente tenemos que en nuestro país vive una crisis política y social, que parte de la impunidad que gozó de privilegios, que se asumió propietaria del derecho y leyes, como mecanismo de la corrupción, por lo que la lucha es ir recuperando los espacios perdidos o deformados para y por el bien de la sociedad y nación.
De acuerdo a lo anterior, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, emitió una propuesta al Congreso local sobre reforma a Ley Orgánica de los Tribunales Administrativos para establecer formas y procedimientos, partiendo de la reforma al Poder Judicial del Estado de Puebla, quien señaló que se aumentarán a dos magistrados más e insistió en que las Salas Unitarias se convertirán en Salas Colegiadas.
“Lo que la reforma constitucional en materia de justicia propone es incorporar dentro del Poder Judicial al Tribunal de Justicia Administrativa, se aumenta a dos magistrados más para que sean nueve y ya no habrá Salas Unitarias si no Salas Colegiadas y a ningún magistrado derivado de esta reforma se le remueve del cargo, si no van a empezar con amparos por derechos adquiridos, por cierto, mal adquiridos pero el amparo ahí está y claro que hasta podrían tener razón, podrían”, explicó el titular del Poder Ejecutivo Estatal."
Hasta este punto es correcto; sin embargo, es una tarea complicada dado lo que hemos descrito anteriormente, encontrando que el sistema judicial se niega a la democracia y deformando sus objetivos contra la sociedad reclamante por caer en actos de corrupción. Por lo consiguiente, esperemos resultados positivos.
Como ejemplo, tenemos los audios que ha revelado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el dirigente del PRI, que son reveladores y bastos en corrupción. En Puebla, el reciente caso de otro audio entre el presidente de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Puebla, Jared Albino Soriano, y el exfuncionario panista, Eukid N, el cual dejó ver que presuntamente el magistrado habría recibido fuertes sumas de dinero por haber acelerado unos trámites.
De las notarías
El sistema notarial mexicano es parte de dicho acto constitucional y judicial, porque de acuerdo al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, determinan en sus fundamentos que: Guardar, formar y servir con excelencia. Salvaguardamos los intereses de nuestra sociedad desde el año de 1792.
Por lo consiguiente, un notario es un profesional del Derecho en quien la sociedad confía para realizar actos necesarios para tener en orden el patrimonio y otros aspectos legales de las personas.
El Notario es una persona que requiere un alto sentido de la ética y de la legalidad en su actuación.
¿Qué hace un Notario?
Un Notario ayuda y asesora a las personas a realizar los siguientes trámites:
- Contratos de diversa índole
- Testamentos y tramitación de herencias, incluyendo intestados
- Transmisiones de propiedad, otorgamiento de hipotecas, etc.
- Formación de sociedades y empresas, así como otros actos relacionados con ellas
- Poderes
- Donación de órganos y documentos de voluntad anticipada. Un Notario otorga fe pública, que es la confianza de la sociedad en que se toman como ciertos los documentos que el Notario expide.
El Notario tiene la obligación de contestar todas las dudas e inquietudes de la mejor manera posible. Hasta ahí todo está bien de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en su Artículo 6.
Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial los siguientes:
- El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento Notarial y de su efecto adecuado;
- El de la conservación del instrumento Notarial y de la matricidad del mismo en todo tiempo. Esta matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico con equivalencia jurídica y funcional entre ambas y en caso de discrepancia, prevalecerá el soporte en papel, salvo prueba en contrario declarada judicialmente, con excepción del Apéndice Electrónico de Cotejos, en el que siempre prevalecerá el soporte Electrónico;
- III. Estar al servicio del bien y la paz jurídicos del Estado y del respeto y cumplimiento del Derecho;
- IV. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia respecto de asuntos en que no haya contienda;
Es necesaria la anotación, porque no es todo parejo en el sistema notarial, donde el gobernador de Puebla emprendió la aplicación de esta Ley del Notariado para combatir la corrupción y eliminar aquellas notarías que estén en ese nivel y contra a la sociedad.
En el caso de fraudes promovidos y actuantes por notarios, Puebla no es la excepción; porque si se revisan denuncias publicadas a nivel nacional, los hay y con una cola de complicidad con particulares o políticos que ofende a la Constitución.
Así como el gobernador Miguel Barbosa ha actuado contra estos malos ejemplos de notarios, y en el caso del magistrado Jared Albino Soriano, recurriendo a lo dispuesto por La Ley de Notarios, señalando el CAPÍTULO IV. DE LOS EFECTOS, VALOR Y DE LA PROTECCIÓN DE EFECTOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL, en sus artículos: 179 al 191, donde fija si un notario incurre en la violación de la Ley Notarial y en el Capítulo IV; merece el peso de la ley.
Por lo consiguiente, de acuerdo a un caso específico, a la denuncia por “Delitos de fraude, despojo contemplado en los numerales 386 y 395 del Código Penal Federal, de la Ley General de Bienes Nacionales, de parte del afectado Rafael Saldaña Granda, contra de Juan José Martínez y su administrador Ernesto Gabriel Chedraui, quienes y a pesar de que el afectado cuenta con la documentación legal que ampara y da fe de su propiedad, los demandados cometieron fraude y despojo de sus tierras.
El acto fraudulento y de despojo se basó en que los denunciados emplearon artimañas judiciales y notariales para presentar a una persona como propietaria de los terrenos del señor Saldaña, mediante el procedimiento de simular un acto jurídico de compra venta, avalado por la Notaría 48 de San Pedro Cholula, así como de la Notaría Número 4 de Huejotzingo (…) Los supuestos propietarios (de los terrenos despojados) son los señores Forcelledo Karam, un señor de apellido Guerrero, la señora Gloria Romero García, Dolores Contreras Sánchez, José Olivares, Maura Morales García, Carlo Rojas y Alfredo Forcelledo.
Señor Gobernador Miguel Huerta, apegándose a la política de saneamiento de injusticias cometidas por jueces y notarios. La sociedad y el señor Saldaña, esperan actúe con justicia.
Si se actúa bajo el Estado de Derecho, judicial y notarial, sumando a sus reformas que ha interpuesto, recordar que el Señor Saldaña, emitió ante usted su petición de justicia, entregando la solicitud de audiencia el 9 de marzo de 2021, para enterarle de la situación injusta e ilegal a la que es afectado, recibiendo como respuesta el 15 de marzo de 2021, del encargado de Despacho de la Dirección de Atención Ciudadana de su oficina, Jorge Alberto Benítez Santiago.
Cabe resaltar que inicialmente los terrenos fueron propiedad del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), que, mediante el procedimiento legal y notarial, los terrenos fueron vendidos al Sr. Saldaña, situación que los implicados cometieron fraude y despojo.
Recurriendo a lo que dicta nuestra Constitución y leyes que derivan, mismas que obligadamente se deben apegar el Poder Judicial y notarios, no es posible que persista la corrupción e impunidad. De ahí que el Estado de Derecho debe imponerse contra tales actos reprobables.
La justicia espera respuesta. Aplíquese como tal. Sin más.