Como sabemos, el pasado 23 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Litio para México (LitioMX).
De manera armónica me permito citar que el 20 de abril de 2022, el DOF publica el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera que declara de utilidad pública al litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y señala que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio, al tiempo que el artículo 28 constitucional, párrafo cuarto, establece que: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (...) así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”
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Creo que ya sabe a donde voy.
La probada experiencia de “éxito” en el manejo de las finanzas y de los recursos estratégicos del Estado, como es el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), explica la creación de LitioMX. Solo basta dar una mirada al pasado para que cualquier ciudadano de a pie revise los innumerables desfalcos, irregularidades y descarada opacidad en los probados Organismos Públicos Descentralizados.
Cito textual: “La programación, presupuestación, control y ejercicio del gasto público federal correspondiente a Litio para México, se sujetará a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su Reglamento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y en las demás disposiciones aplicables”. ¡Muy bien! Para la extracción de mineral se requieren decenas de proyectos de exploración, y de acuerdo con los expertos un solo proyecto podría costar más de 11 mil millones de dólares.
Ahora bien, con estas premisas cualquiera puede vislumbrar que lo que tenemos enfrente es el marco institucional perfecto para saquear de recursos a nuestro país como lo ha sido los últimos cuarenta años a través de la administración ejemplar de los OPDs, no lo digo yo, lo dice la historia que sexenio tras sexenio nos trae una nueva estrategia de fraudes encubiertos por la administración en turno bajo un marco de opacidad y discrecionalidad que cualquier país desarrollado no podría creer.
Han pasado décadas y no puedo decir que no hemos aprendido. ¡Hemos aprendido tan bien la lección que los incentivos son a repetir la historia! El Estado tiene su papel de regulador del mercado para corregir las llamadas “fallas de mercado” y no para operar el mercado. Sin embargo, si bien los incentivos del sector público y privado son diametralmente distintos, en México resulta prevalecer un incentivo mayor ante una realidad: la presencia de un Estado altamente lucrativo ante un escenario de discrecionalidad y opacidad explicablemente convenientes.
El pasado 23 de agosto iniciamos una “nueva historia”.