Algunas regiones del mundo tienen niveles estables de paz y buen gobierno, mientras que otras se encuentran en situación permanente de conflicto, violencia e ingobernabilidad. La corrupción perjudica la democracia y el estado de derecho, lleva a violaciones de derechos humanos y permite prosperar el crimen organizado y el terrorismo. Un estado de derecho eficiente también ha de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Actualmente dos tercios de la población mundial carece de acceso significativo a la justicia.
Objetivo de desarrollo sostenible no. 16 de la ONU.
A pesar de todas las promesas de transformación planteadas por un presidente que se sigue autodefiniendo como distinto a todos los anteriores, en este país seguimos viviendo en el reino de la impunidad, la injusticia y la violencia.
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La semana que acaba de terminar trajo consigo nuevos casos que se siguen acumulando en una cadena de deshumanización que de tan cargada de horror, parece haber dejado de dolernos como sociedad, porque quiero creer que a la mayoría de los mexicanos nos sigue pareciendo injustificable todo lo que ocurre en este reino del terror pero ante nuestra impotencia para encontrar soluciones, lo hemos normalizado, incorporado a la vida cotidiana y tristemente en vez de vidas humanas y de historias concretas, vemos sólo “casos”, “números”, “estadísticas” sin rostro.
El caso de Luz Raquel Padilla, madre de un niño autista que había ya denunciado amenazas de un vecino y un ataque previo con ácido, fue quemada viva y agonizó por tres días en un hospital, con el noventa por ciento de su cuerpo afectado por graves quemaduras. Nadie fue capaz de prevenir esta muerte anunciada: ni las autoridades ni los familiares y amigos o los demás vecinos de la víctima.
Por otra parte, después de tres autopsias en el caso de la muerte de Debanhi Escobar, sigue sin saberse quién o por qué la mataron. La única conclusión hasta ahora es que estuvo viva varios días después de la trágica noche en que desapareció y que su cuerpo fue sembrado en la cisterna del motel donde supuestamente la policía la encontró, lo cual quiere decir que las autoridades estatales mintieron al respecto. ¿Para encubrir a quién o a quiénes?
En el caso de los dos jesuitas asesinados en el tempo de Cerocahui, Chihuahua junto con un guía de turistas al que trataron de proteger y asistir, tampoco se sabe nada, salvo que se detuvo a un miembro del grupo y probable cómplice del responsable del triple asesinato, que está plenamente identificado y tiene un largo historial delictivo en la región.
Estos son sólo unos cuántos botones de muestra de un país en el que según un estudio de México Evalúa del año 2021, el porcentaje de impunidad creció de 92.4% en 2019 a 94.8% en el año reportado. Estos datos pueden consultarse en: https://elpais.com/mexico/2021-10-05/la-impunidad-crece-en-mexico-un-948-de-los-casos-no-se-resuelven.html
En el mundo, si bien la gravedad varía entre países, la situación de impunidad, corrupción, injusticia y violencia es un problema que preocupa a las instituciones multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene, entre sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible hacia el 2030, el no. 16 que denominan precisamente: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Según plantea la ONU en la página de donde tomo el epígrafe de hoy que es la definición de este objetivo:
“entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder judicial y la policía; la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares…aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria…no asisten a la escuela…” porque viven en zonas afectadas por conflictos bélicos…y “…la proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi constante en la última década, en el 31% de todos los presos…”
Este último dato en nuestro país en el año 2019 era mayor y rondaba el 42% según reportes del INEGI.
Según plantea la ONU en el mismo Objetivo no. 16:
“El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional”.
Más allá del análisis sociopolítico de este tema fundamental, si analizamos este objetivo de desarrollo sostenible desde el ángulo educativo, podemos darnos cuenta de que nos encontramos ante un desafío enorme para la formación de las futuras generaciones. Plantearé en el poco espacio disponible algunos elementos para abordarlo.
Educar para la paz, que no significa solamente ausencia de guerra sino una forma de ver y de afrontar la vida personal y la convivencia interpersonal, social y planetaria desde la convicción de que todos los seres humanos, en nuestra enorme y rica diversidad, compartimos una dignidad inalienable que hay que respetar y promover, de manera que cualquier conflicto puede y debe ser resuelto por medio del diálogo inteligente, razonable y responsable, basado en el amor, la fraternidad y la amistad social.
Educar para la justicia que no significa venganza ni ajusticiamiento, sino, como ya lo he planteado en artículos previos, el compromiso colectivo y sistemático por ajustar todo lo que está desajustado en nuestra comunidad cercana, en nuestra sociedad y en nuestro planeta, de manera que nadie quede excluido y que todos puedan construir su propio proyecto de vida a partir del desarrollo de la libertad efectiva que es fruto de las capacidades básicas y combinadas que permitan la agencia para ejecutar funcionamientos y elegir entre varios cursos posibles de vida.
Educar para el fortalecimiento de las instituciones a partir de una formación de ciudadanía auténticamente democrática que trascienda la idea de que el compromiso ciudadano termina con el ejercicio del voto y se traduzca en un análisis crítico permanente y en una exigencia colaborativa y solidaria que empieza en el cumplimiento de la ley -sin excusas ni excepciones, sin pretendidas justificaciones de superioridad moral para decir como tristemente ha hecho nuestro presidente: “no me salgan con que la ley es la ley”- y continúa con la revisión crítica de leyes, instituciones, funcionamientos y estructuras sociales y políticas para orientarlas hacia el bien común y combatir los males estructurales que tienden a instalarse por intereses particulares o de grupo.
Ojalá este fin de curso y el breve receso vacacional de verano renueven nuestro compromiso como profesionales de la esperanza para educar en la paz con justicia, para seguir lo que plantea Rosario Castellanos en su Memorial de Tlatelolco:
“Recuerdo, recordamos./Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca/ sobre tantas conciencias mancilladas,/ sobre un texto iracundo/ sobre una reja abierta,/ sobre el rostro amparado tras la máscara./ Recuerdo, recordamos/ hasta que la justicia se siente entre nosotros.
* Con esta entrega termino mi participación semanal por el período de primavera-verano de este 2022. Agradezco el espacio que me brinda e-consulta y espero reencontrarme con mis cinco lectores a partir del lunes 15 de agosto.