La Reforma Electoral de AMLO propone insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y el sistema de partidos, lo que se traduce en desaparecer al INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y al TEPJF en una sala más de la SCJN. En lo sustantivo, la Reforma de la 4T que modifica 18 artículos constitucionales sugiere reinventar todo el sistema político mexicano para democratizar las reglas de acceso y ejercicio del poder al servicio del Presidente en turno y centralizar las elecciones.
La controversia es que esta reforma altera la democracia electoral, la cual ha permitido la alternancia política en el poder en el 2000, 2012 y 2019, bajo las reglas de elección del INE. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE se creó con la reforma constitucional de 1990, como un organismo autónomo dotado de certeza, transparencia y legalidad para organizar las elecciones con un Consejo General para lograr el equilibrio entre los partidos políticos. Empero, fue hasta la reforma política-electoral de 2014 que se convirtió en INE y se elevó a una autoridad electoral nacional para los procesos locales y federales en todo el país.
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Una reforma electoral es una caja de herramientas para ordenar a las autoridades electorales, gubernamentales y ciudadanía en los procesos electorales para transitar hacia una democracia, si bien los sistemas electorales son una institución extremadamente importante que influye en la forma en que funciona el sistema de gobierno de un país, las reformas electorales marcan las reglas del juego en las elecciones en el que incluyen las nuevas tendencias como lo es la paridad de género y la eliminación de la violencia política contra las mujeres en las elecciones.
La Reforma Electoral del Presidente es una caja de pandora de una política centralista y de reduccionismo al federalismo y a los sistemas electorales y de partidos, ya que dentro de sus propuestas se trata en reducir el número de todo: reducir los principios constitucionales, reducir la paridad de género, reducir los derechos políticos-electorales, reducir el número de legisladores y legisladoras, reducir el presupuesto del financiamiento a los partidos políticos, reducir el presupuesto al INE, reducir el número de magistrados y consejeros electorales, reducción a la participación ciudadana a la revocación del mandato, reducir los tiempos de radio y televisión en medios de comunicación y eliminar por completo los OPLES y los Tribunales Electorales en los Estados.
Centralización y autoritarismo son los elementos principales de la reforma constitucional de AMLO, en el que está dejando a la deriva los principios constitucionales de igualdad y paridad de género, por la propuesta de derogación de parte del contenido al artículo 35 constitucional. La propuesta de eliminar a los diputados y diputadas de mayoría relativa “las diputaciones plurinominales”, y dejar exclusivamente en el Congreso a los diputados y diputadas de representación proporcional, sobre la base de 32 listas cada una representando a una entidad, así como la reducción de los regidores y regidoras en los ayuntamientos también a propuesta por listas, no permite asegurar la representación efectiva de la paridad de género en la Cámara de Diputados y municipios.
México ha experimentado once reformas político electorales, en el que se le ha dado paso al reformismo electoral mexicano, es decir que cada que cambia un gobierno político en el poder se tiene la imperiosa necesidad de adecuar el sistema normativo electoral para establecer las reglas electorales para construir la legitimidad democrática, pero hay de excesos a excesos. La Reforma Electoral propuesta por el Presidente de la República es sin duda un despropósito político ya que pretende incorporar sus exigencias políticas y partidistas para desaparecer el INE y obstruir el funcionamiento del sistema electoral en los estados, extinguiendo a los OPLES y Tribunales Locales, todo con la intención de centralizar la próxima elección presidencial del 2024.
La evolución normativa de la paridad de género ha tenido grandes avances en las reformas electorales. La Reforma Electoral de 2014 incorporó el principio de paridad en la Constitución Política en el artículo 41 constitucional para garantizar que los partidos políticos postularán candidaturas en paridad. La Reforma Constitucional de paridad entre géneros del 2019 #ParidadEnTodo, legitima la paridad de género en todos los puestos de elección popular, a diputadas locales y federales, regidoras, presidentas municipales y gobernadoras, por lo que tenemos acciones afirmativas en la elección del 2021.
Sin embargo, la Reforma de AMLO no garantiza la progresividad de la igualdad sustantiva en la política, es decir no señala tácitamente en su articulación la postulación de las candidaturas en paridad, por el cambio de modelo de elección al sistema de representación pura donde se realiza por porcentaje de votos que obtenga un partido político, que será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos. Así como, propone la reducción de diputaciones federales a 300 y senadurías a 96, en el que no define bajo qué reglas se asignará la paridad de género y desempate. En el mismo sentido propone la reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios a 9 regidurías sin marcar la competencia del principio de paridad. Si bien es cierto, señala que las reglas de paridad en la integración de las listas de candidatos y candidatas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, también señala que se realizará la selección y designación por el sistema de listas que serán votadas sin que se garantice que entren a los Congresos de los Estados, al Congreso de la Unión y a las Ayuntamiento la representación proporcional de paridad de las mujeres que corresponde.
La dirección de las reformas políticas electorales tienen que incluir todos los tópicos de los derechos de la ciudadanía, la inclusión de las mujeres a participar en la política en igualdad representativa libre de violencia es una acción que no se consideró en la Reforma Electoral de AMLO, ya que son medidas permanentes que tienen que estar plasmadas en la Ley en materia de paridad y violencia, por lo que la contrarreforma electoral que impulsarán los partidos políticos de oposición tienen que poner dentro de las reglas de juego los derechos políticos de las mujeres para facilitar su acceso a los puestos de poder.