Lo que se debe cambiar es mucho para solo detenerse en el necesario ahorro de recursos; se debe orientar básicamente a reestructurar el organismo para garantizar mayor eficacia y eficiencia, sobre todo, asegurar que el organismo se comporte como un órgano autónomo e imparcial, tomar distancia de los controles que hoy existen por parte del bloque principal de corte neoliberal, es decir lograr su autonomía también de sus anteriores impulsores.
Los actuales integrantes de los órganos de dirección del tribunal electoral y del Instituto Nacional Electoral, magistrados y consejeros respectivamente, fueron nombrados por el Poder Legislativo y en su conformación se realizó un proceso viciado de origen: como para su nombramiento se requería lograr para las distintas propuestas la mayoría calificada del órgano legislativo correspondiente, entonces las fuerzas parlamentarias dominantes en ese momento PRI, PAN y PRD se pusieron de acuerdo para así elegir a sus favoritos; de manera general este es el origen político de los actuales consejeros y magistrados.
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Con la nueva situación parlamentaria, los que se repartían por cuotas el nombramiento de los consejeros y magistrados modifican su orientación; hoy plantean que el método de nombramiento debe evitar que los integrantes del CG del INE y los magistrados, que se deban reemplazar, correspondan con un mecanismo que asegure la capacidad, la independencia y la honestidad de los que se tendrán que elegir. Eso es lo que los neoliberales sostienen hoy después del 2018 cuando llega al poder el gobierno progresista de AMLO y cuando en el Poder Legislativo es predominante la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), es cuando los representantes del PRI, PAN y PRD formulan que los integrantes de los órganos de dirección de las instituciones mencionadas no se deben elegir por cuotas; formulan que se requiere un procedimiento mediado por una comisión de especialistas para conformar una propuesta, dijeron ellos para evitar que la integración de esos órganos pueda permitir una composición sesgada hacia la fuerza dominante en el Congreso. Esto es razonable si la renovación fuera de todos los integrantes de los órganos de dirección de las instancias mencionadas, pero da la casualidad de que la renovación de los integrantes de esos órganos es parcial y, por tanto, lo que ellos pretenden con su propuesta es preservar el predominio de los magistrados y consejeros que ellos nombraron con el método de cuotas partidarias en la Cámara de Diputados federal del momento de su predominio. En esa consideración se omite que los integrantes del CG del INE y los magistrados del TEPJF de manera dominante sean elementos elegidos por el sistema de cuotas decidido por el PRI PAN y PRD. En el momento de decidir los relevos se debió admitir el método propuesto siempre y cuando se diera una renovación total de los integrantes de las instancias máximas de dirección de los órganos mencionados, pero como se aceptó el método planteado y en la comisión de especialistas predominó el bloque de partidos anteriormente dominantes, los nuevos consejeros del INE y los nuevos magistrados tienen en su mayoría un sesgo hacia los adoradores del dinero, digo del mercado, los neoliberales. Por ello, el nuevo CG del INE y los magistrados del TEPJF han mostrado en sus resoluciones una marcada inclinación por los intereses de los partidos políticos que integran el bloque opositor y una clara proclividad a obstaculizar las propuestas y acciones del bloque progresista que apoya al gobierno del Presidente de la República mexicana.
En este artículo me interesa puntualizar la forma concreta en que fueron designados los integrantes del CG del INE en su última etapa, y a los que fueron designados para integrar el entonces IFE desde su fundación:
En abril del 2014, la Cámara de Diputados designó a once consejeros electorales como integrantes del CG del INE, que tendrían permanencia escalonada de tres, seis y nueve años en el cargo. Cuatro de ellos tuvieron experiencia porque integraban parte del CG del IFE, entre ellos se cuenta Lorenzo Córdova Vianello, actual presidente del mencionado órgano electoral.
Un dato que nos puede orientar de quiénes son los que desean conservar el control del órgano autónomo es el siguiente: en el 2014, la Cámara de Diputados encargada de decidir la conformación del CG del INE se integraba con 498 diputados, de los que 202 pertenecían al PRI, 108 al PAN, 61 al PRD, 47 al PVEM, 35 a MORENA, 25 a MC, 11 al PANAL, 8 al PES y un independiente. Lo lógico fue que la conformación de los consejeros del INE fuera de acuerdo a las cuotas correspondientes entre los tres partidos con fracciones parlamentarias más grandes, es decir 5 para el PRI, 4 para el PAN y 2 para el PRD.
El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyó desde el jueves 3 de abril de 2014 al Instituto Federal Electoral (IFE). Al Consejo General del nuevo organismo lo integraron once consejeros, que tendrían permanencia escalonada de tres, seis y nueve años.
Lorenzo Córdova Vianello fue nombrado consejero presidente del nuevo organismo. Además de Córdova, el INE integró a otros tres exconsejeros electorales que participaron en dos etapas del IFE: Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez Gutiérrez. Estos fueron los Integrantes del CG en 2014:
Presidente del INE:
Lorenzo Córdova Vianello
Consejeros electorales para el cargo de nueve años:
Adriana Margarita Favela Herrera
José Roberto Ruiz Saldaña
Ciro Murayama Rendón
Consejeros electorales para el cargo de seis años:
Marco Antonio Baños Martínez
Enrique Andrade González
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Benito Nacif Hernández
Consejeros electorales para el cargo de tres años:
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
Arturo Sánchez Gutiérrez
Javier Santiago Castillo
El 6 de abril de 2017 se dio el cambio de tres consejeros integrantes de CG del INE y la dinámica fue la misma: el reparto entre los partidos dominantes de ese momento. Es de admitir que el INE fue capturado por los aliados e integrantes de la corriente neoliberal.
Los consejeros nombrados para el Consejo General del INE fueron nombrados por una cámara dominada por el PRI y el PAN; la proporción de cada uno de los partidos integrantes de la alianza parlamentaria en la definición de los personajes elegidos como consejeros es evidente: la mayoría para el PRI y los restantes para el PAN y el PRD, tomando en cuenta, claro está, a sus aliados que influían en la definición precisa, de ningún modo en la relación que el propuesto y elegido tendría con las elites de los partidos dominantes miembros de la alianza. En los sucesivos relevos correspondientes a la duración de cada consejero nombrado, la dinámica fue la misma.
Con lo antes descrito queda claro porqué los integrantes de la hoy denominada oposición defienden la trinchera en la que han constituido al INE. Según ellos pretende que se tome a ese órgano, cooptado por ellos, como el baluarte, como la esencia de las conductas democráticas para mantener el equilibrio en el ejercicio del poder y en la garantía de que los electores elegirán a sus gobernantes libremente.
Queda firme que el INE por su origen sólo fue autónomo de la voluntad popular y que siempre tuvo orientación a favorecer los intereses de los que como fuerzas dominantes del pasado los llevaron a asumir la alta responsabilidad de ser árbitros de los procesos electorales; para lograr ser imparciales debieron ser rigurosamente respetuosos de las normas establecidas para tal efecto, pero se comportaron de manera sesgada y en ocasiones optaron por no denunciar descuidos de los órganos legislativos y optaron hasta por usurpar funciones, con el propósito de ser útiles a los grupos del poder, que en su momento fueron claves para nombramientos.
En este artículo también me interesa puntualizar la forma concreta en que se nota que los consejeros elegidos por el sistema de cuotas en sus actos dejaron claro su sesgo a favor de sus impulsores, que se identifican con los grupos conservadores.
Respecto a la dificultad de creer en la autonomía de CG del INE no sólo se tiene en relación que son producto de las cuotas partidarias sino también lo sesgado de sus acciones. Veamos algunas de sus principales conductas:
En el 2018, el proceso electoral en el que se eligió al Presidente de la República y nueve gobernadores, así como a otras autoridades del Poder Legislativo federal y de las distintas entidades federativas y muchos presidentes municipales, de todas las autoridades que se eligieron, el proceso electoral se realizó -según ellos-, conforme a la ley, de acuerdo a los consejeros del CG del INE. Sería bueno consultarles, cuándo explicaron a los ciudadanos que el proceso se realizó de acuerdo a un decreto constitucional contenido en el artículo transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, mismo que ordenaba realizar la jornada electoral el primer domingo de julio del 2018 y no como se establece en la LEGIPE el primer domingo de junio. La jornada electoral se llevó a cabo el 1 de julio y no como lo marca la ley reglamentaria el 3 de junio.
¿Cuándo esa autoridad, el CG del INE, explicó que para realizar las elecciones del 2018 no existió una ley reglamentaria y que fue sustituida por un reglamento de elecciones acordado fuera de tiempo por el INE y que fue elaborado por ese organismo, que no es autoridad legislativa y que, para darle consistencia que no legalidad, fue avalado por el TEPJF? (Ambos órganos se convirtieron, indebidamente, en autoridad legislativa).
El CG del INE creó una situación de excepcionalidad que le permitió convertirse en legislador y ya en ese papel realizó acciones que estuvieron fuera de su competencia: otorgó registro como candidatos independientes a personas que tenían apoyos falsos que se contaban en cientos de miles. El INE lo hizo otorgando el registro como candidata presidencial independiente a Margarita Zavala y el TEPJF lo coronó otorgándolo a Jaime Rodríguez, (a) El Bronco.
Los integrantes del CG del INE iniciaron el proceso electoral en septiembre de 2017, y como no fueron cuidadosos de armonizar lo correspondiente con la fecha ordenada en el transitorio constitucional, que contenía una diferencia de 30 días, por no hacerlo, tuvieron que inventar la ilegal figura de las intercampañas. Con ello prácticamente generaron que las campañas presidenciales fueran de 120 días, y no como lo marca la ley, que debían durar 90 días.
Durante el proceso electoral del 2018 sucedieron cosas dignas de recordar: en un evento en el que participó el consejero presidente del CG del INE, Lorenzo Córdova, planteó dos escenarios para la elección presidencial: que el conteo rápido le dé una ventaja amplia a un candidato presidencial o que haya un margen cerrado entre el primero y el segundo lugar… Dijo también “no quiero ser catastrofista, pero temo que va haber dos candidatos que van a impugnar diciendo que hubo irregularidades graves y demandar la nulidad de la elección.” Recordemos que para esas fechas se venía ya definiendo, según las encuestas un claro ganador, AMLO. Lo que pretendían las otras opciones en alianza con el CG del INE era tratar de crear la sensación de que se daría una elección con una votación cerrada; en ese contexto se debe entender lo que el Presidente del INE con sus declaraciones contribuía a lo que pretendían los candidatos del PRI y del PAN, en el sentido de que se asumiera una elección muy competida. Fue claro que estaba cooperando a que se tuviera un escenario propicio para complicar el resultado electoral. Se debe tomar en cuenta que más allá de las aclaraciones, el Presidente del INE no debía hacer declaraciones sobre los posibles resultados; en todo caso, él debió reservar su opinión al momento en que la jornada electoral ya realizada, arrojara resultados y entonces tomar decisiones al respecto, y no alentar las pretensiones de los candidatos distintos a AMLO; eso, sumado a la situación de irregularidad en la legislación secundaria para la elección, con lo cual deja clara una actuación llena de parcialidad y sometida a los deseos de la clase gobernante del régimen anterior.
En lo anterior se puede encontrar que el Presidente del CG del INE contradice lo que expresó, respecto a la necesidad de que una de las diferencias fundamentales entre una democracia constitucional y las formas autocráticas de gobierno es que en aquella, la primera, las reglas de juego político no solo deben ser conocidas y aceptadas por todos los participantes, sino que las mismas deben prevalecer sobre la voluntad de los gobernantes (artículo publicado en el diario El Universal, el día 26 de junio de 2019). En la conducta de los integrantes del Consejo General no se observó cabal respeto de los principios rectores de la actividad electoral consagrados en nuestra constitución; claramente trabajaron para que una de las opciones afines a sus intereses y compromisos, tuviera posibilidades de .
Todo lo hicieron para tener condiciones de actuar en auxilio de sus padrinos que esperaban una elección competida. Todo lo que ilegítimamente hicieron no les sirvió, reconocieron el triunfo no porque modificaran su actitud sesgada, más bien fue motivada por la contundente victoria de AMLO, pero estaban más que dispuestos y preparados para actuar de manera parcial, como sucedió en el 2006.
No les salió, por fortuna, pero sí actuaron los consejeros del CG del INE de manera sesgada, ilegal y no transparente.