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Francis Bacon
Las relaciones laborales entre la Secretaría de Educación Pública y los docentes no siempre son claras, sobre todo en lo concerniente al trabajo de maestras y maestros en las escuelas. No he hallado un documento que exprese con toda claridad la normativa laboral de docentes en las aulas.
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Existe desde luego, la Ley General de Educación en donde notoriamente expresa que a los docentes se les considera como “agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social”.
En cambio, las autoridades nos miran como obreros de la educación quienes deben cumplir con un horario específico en la escuela y, además, realizar tareas que no siempre tienen que ver con aspectos educativos, en casa, esta parte sin retribución alguna.
La ley contempla la revalorización docente, además de que se debe “priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos”.
También menciona que se debe “otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia, disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general”.
Ahora bien, eso dice la Ley General de Educación, sin embargo, en la práctica se presentan otras formas de interactuar en las cuales la autoridad educativa impone más que convence, obliga más que sugiere, sobre todo, con el fin de mantener el control de lo que hacen y piensan maestras y maestros.
Por otro lado, somos vulnerables a sanciones y castigos por demás severos, pero, en muchos de los casos, sin haber incurrido en una falta o falta grave.
En la escuela, las y los profesores estamos desprotegidos, pues derivado de denuncias anónimas y malas acciones que suelen cometer alumnos, se investiga y se culpa en primer lugar al docente y aun cuando presente pruebas en su descargo; las autoridades en pocas ocasiones determinan su inocencia.
Desgraciadamente los cambios sociales y de comportamiento han hecho a los padres demasiado permisivos con sus hijos, en algunos casos, no fomentan en ellos los valores y principios que todo ciudadano debe aprender en casa. Esto lleva que, a la natural rebeldía de los adolescentes y jóvenes en la educación media superior, se manifieste en un comportamiento negativo y en ocasiones insultante hacia sus propios compañeros y también a las y los docentes.
Por eso es importante que las autoridades y sociedad en general pongan atención en este tipo de situaciones y realicen acciones concretas para prevenir cualquier comportamiento negativo o de agresión en las escuelas para que la comunidad educativa esté segura en las instalaciones escolares.
Es importante como dice la ley que “las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico.”
Esto haría que las y los maestros estemos más atentos a las actividades educativas y se dedique menos tiempo a la parte administrativa que la labor docente conlleva. Maestras y maestros hemos demostrado trabajo y responsabilidad en estos tiempos de pandemia. Aún estando a distancia, se atendió lo mejor que se pudo a alumnos y padres de familia y ahora se redoblan los esfuerzos para continuar de manera presencial con la actividad educativa de manera segura, por eso solicitamos un reconocimiento y mejor trato de autoridades y sociedad.
Referencia
Ley General de Educación. Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.