Ahora que se discute la reforma energética conviene distinguir entre tres cosas: el interés público, el Estado y la clase política.
El interés público es lo que beneficia a todos. Es una idea compleja porque, al menos a primera vista, “todos” rara vez son todos. Combatir el delito va contra el interés de los delincuentes. Una política fiscal progresiva iría contra los intereses de los más adinerados. Eliminar a las industrias contaminantes afectaría a esas empresas. Castigar a los políticos corruptos contravendría sus intereses.
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Una mirada más amplia y de largo plazo puede considerar que todos ganamos si en nuestra sociedad se termina con el delito, si la política fiscal es progresiva, si eliminamos la contaminación y la corrupción. Esos males deterioran al todo social, y de alguna manera a todos los que forman parte de él.
El Estado, en una democracia, es Estado de Derecho. Si desde el poder político se considera y se actúa bajo los principios de “ninguna ley por encima del pueblo”, o “antes que la ley está la justicia”, abrimos la puerta a las arbitrariedades y las injusticias. A interpretaciones a modo de lo que es “el pueblo” o “la justicia”.
La clase política está formada por el heterogéneo conjunto de personas que ejercen el poder político. Ocupan las instituciones del Estado y del gobierno, pero no son el Estado y el gobierno. Los intereses de esas personas pueden ser distintos y antagónicos a los de las instituciones públicas. Contrarios al interés público.
Es frecuente confundir las tres cosas: pensar que si algo está en manos de la clase política, automáticamente es parte del Estado y del interés público. Pero hay múltiples ejemplos de que no es así. Si así fuera, la corrupción no existiría.
Pero además de la corrupción, está la cuestión de la ineficiencia. Las instituciones públicas son más eficientes para algunas cosas, las privadas para otras. En algunos casos la distinción es evidente. En otros es compleja.
Hay al menos tres bienes públicos en la cuestión energética: energía segura, barata y limpia. El primero, la seguridad en la provisión de la energía, debe ser función del Estado. En algunos casos los privados serán más eficientes en proveer energía barata y limpia. En esa distinción debe centrarse el debate.