Durante la última semana fueron asesinados dos periodistas: José Luis Gamboa en Veracruz y Margarito Martínez Esquiviel en Baja California. Estos hechos nuevamente exponen la urgente necesidad que tiene México para proteger a periodistas y activistas, quienes arriesgan su vida para ejercer su labor.
Tal y como reporta la Organización Artículo 19, Gamboa y Martínez Esquivel cubrían notas relacionadas a la política, nota roja y supuestos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
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En el caso de Martínez Esquivel, Artículo 19 ya había reportado agresiones contra el periodista desde 2019, y el 13 de diciembre del año pasado había solicitado su ingreso al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, sin embargo, no pudo completar su ingreso debido a los trámites administrativos.
Este hecho demuestra la dificultad para los periodistas y activistas de ser protegidos inmediatamente una vez que presentan su solicitud, medidas las cuales son clave para la preservación de la integridad y vida de quien solicita su ingreso al Mecanismo.
El año pasado fueron contabilizados 7 asesinatos de periodistas, acumulando ahora 27 casos desde que comenzó el sexenio; si bien, las cifras aún no superan a otros sexenios, es imperativo que las autoridades actúan de forma inmediata para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México en 2021, se encontró en el lugar número 143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad Prensa, cifra aún preocupante en el ejercicio del periodismo como contrapeso de la democracia.
Si bien, los asesinatos son el nivel más alto de violencia que puede ejercerse, eso no quiere decir que otro tipo de violencia sea ejercida contra la prensa. Para el primer semestre del año pasado, Artículo 19 reportó 362 agresiones contra la prensa, es decir, un reporte de agresión cada 12 horas.
De estas 362 agresiones, 22 fueron registradas en Puebla los primeros seis meses de 2021, siendo el tercer estado con más agresiones en el país. En cuanto a los agresores, se registraron 134 agresiones por parte del Estado, es decir: funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y partidos políticos. Y en cuanto al tipo de agresiones: 113 casos estuvieron relacionadas con intimidación y hostigamiento.
La situación de libertad de expresión, como se ha manifestado reiteradamente a lo largo del último año, es crítica y requiere acción inmediata. El Estado, a pesar de las constantes críticas hacía sus Mecanismos de Protección no ha dado respuesta a las demandas y peticiones de proteger a la prensa, incluyendo desde medidas de seguridad hasta eliminar la estigmatización de la prensa en el discurso gubernamental.
De esta forma, es el deber de la ciudadanía contribuir a la protección de periodistas y activistas exigiendo acciones urgentes a las autoridades, demandando justicia por quienes han perdido la vida ejerciendo su labor y por quienes arriesgan su integridad al comunicar lo que compete a la ciudadanía para tomar decisiones informadas.
Ninguna profesión y el ejercicio de ella debería ser objeto de violencia, en especial, cuando se trata de una que es fundamental para la preservación de la democracia. Por lo que no sólo es deber del gremio periodístico exigir justicia y protección, si no de toda la ciudadanía exigir que los derechos de todas y todos sean respetados.