*Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos
Un nuevo curso escolar ha iniciado esta semana y surgen otra vez, las voces de los investigadores educativos que ponen el dedo en la llaga sobre las condiciones en las que el sistema educativo nacional opera y en las pobres condiciones que hay para salir del rezago educativo. A propósito de esto Educación Futura organizó un panel en donde algunos de estos investigadores presentaron sus preocupaciones, sobre temas que no se han atendido o bien que se han obviado por acuerdos políticos. Sin embargo, sólo tocaré un de estos temas que es el de la infraestructura educativa y las condiciones en las que miles de escuelas estarán operando en los siguientes meses.
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Sin embargo, primero explicaré a los lectores, sólo como recordatorio, pues es muy seguro que lo sepan por haber sido alumnos o porque ahora son padres de familia y participan de la educación pública, pero en México la educación está muy lejos de ser gratuita, pues los padres de familia aportan como cooperación una cuota para que la escuela funcione y por eso sólo me voy a referir en esta ocasión a las condiciones físicas de las escuelas. Toda escuela pública de cualquier nivel educativo (menos el superior), recibe cuotas de los padres de familia (también de las madres), a través de la mesa directiva o sociedad de padres de familia. Incluso hay reglamentos para la operación de estos organismos.
Al inicio del curso escolar los padres de familia eligen a quiénes serán sus representantes ante la institución educativa y también acuerdan la cuota que aportarán para el funcionamiento de la escuela. Esta cuota será manejada por la mesa directiva y servirá para atender, principalmente, necesidades estructurales de las escuelas. Estas cuotas permitirán que la institución cuente con lo necesario para operar, desde papel para elaborar cartas, constancias, oficios, hasta tinta para imprimir dichos documentos, desde papel higiénico para los sanitarios (cosa que casi nunca hay en una escuela pública), hasta los honorarios de un plomero que arregle los baños para que haya agua corriente.
Esas cuotas de los padres de familia permitirán que haya computadoras, material didáctico, plumones o gises para los profesores, se pague la luz eléctrica que ocupa la escuela y el agua que se consume, se arreglen los jardines de la institución, se construyan nuevos edificios, se compren computadoras para los alumnos (particularmente en secundaria y bachillerato) y otros insumos necesarios para operar las escuelas. La mesa directiva, puede organizar actividades para recabar fondos, como kermeses, presentaciones artísticas o muestras de películas que los padres de familia vuelven a pagar para que sus hijos asistan, cuando las cuotas iniciales no fueron suficientes.
Tristemente las SEP, después de haber gastado para construir los edificios escolares iniciales, no volverá a dar un centavo para la operación de la escuela y este es un trabajo que el director y los padres de familia de la mesa directiva en turno tendrán que hacer si quieren y pueden mejorar la infraestructura de la escuela. Por supuesto, que escuelas que se encuentran en zonas donde los padres de familia tienen un ingreso aceptable, periódico y seguro, cuentan con mejores condiciones que aquellas que están en zonas donde los padres a penas y cuentan con lo necesario para subsistir.
Y este modo de operar existe desde que la SEP surgió y desde que a José Vasconcelos se le ocurrió que los padres de familia deberían tener una participación en las escuelas. Eso me parece correcto, pero se le ha quitado una responsabilidad sustancial a la SEP que es la de garantizar que todos los alumnos tengan las mismas condiciones de infraestructura en sus instituciones educativas para recibir una educación de calidad.
En este sentido Katarina Tomasevski, señala las cuatro A’s del derecho a la educación que son: Asequibilidad, Acceso, Aceptabilidad y Adaptabilidad. La primera de éstas se refiere a las dos obligaciones que el estado debe cumplir para garantizar el derecho a la educación y se refieren que el gobierno debe garantizar la admisión de establecimientos educativos que respeten la libertad de y en la educación. Esta es la razón por la que nuestro gobierno debería empezar por revisar las condiciones estructurales en las que está cada plantel educativo y asegurar que todos cumplan con las condiciones mínimas y necesarias para que todos los niños y jóvenes tengan las mismas posibilidades estructurales de aprender.
Si este primer derecho no se cumple, empiezan a darse las diferencias entre la educación que reciben uno alumnos frente a otros. Por supuesto que todos las A’s del derecho a la educación son importantes, pero mientras las condiciones estructurales de las escuelas no se mejoren, será complicado para los profesores y los padres de familia, acerquen a sus hijos o alumnos a las otras A’s. Empecemos por la asequibilidad.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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