Guillermo Nares Rodríguez
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Las elecciones del año pasado confirmaron el tino de la estrategia definida por el Movimiento de Regeneración Nacional para acceder a la presidencia de la república: una política de alianzas de amplio espectro que abarcó a partidos políticos, agrupaciones de signo ideológico heterogéneo, liderazgos diversos, organizaciones gremiales, económicas, sociales, incluso culturales cuya acción se dirigió a fortalecer la tendencia mayoritaria que empujaba la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Los resultados arrojaron el triunfo inobjetable del tabasqueño. La unidad no fue un eslogan de campaña, representó un sólido mecanismo para romper el aislamiento político al que fue sometido el morenismo desde sus inicios. Su principal activo aglutinó un arcoíris político sustantivo para dar cobijo a la campaña presidencial y cuerpo a una estructura electoral nacional. Su amplitud opacó cualquier intencionalidad para alterar los resultados finales.
La búsqueda de consenso se impuso por encima de las expresiones políticas de la sociedad que clamaron la exclusión de quienes siempre se alinearon al oficialismo autoritario. No les faltaba razón. En los tiempos del partido hegemónico, la oposición fue avasallada de modo inmisericorde. Termino siendo devorada una y otra vez. Nunca solos, divididos, pudieron enfrentar con éxito los mecanismos formales e informales de control no democrático. Ni siquiera la alternancia azul del 2000 fue capaz de descifrar la lógica de imposición vertical del poder ejercido por el PRI. La agenda panista del cambio democrático, que tampoco privilegio la búsqueda de consensos, como condición para instaurar y consolidar un orden democrático, fue arrumbada groseramente. A final de cuentas se redujo a garantizar una cohabitación con dominio tricolor en los últimos seis años. La fórmula política azulina tuvo como máxima aspiración su transformación de oposición leal a burocracia leal.
En el trance el país se les fue de las manos. Se volvió en imperativo conseguir una sumatoria política. El escenario de deterioro social por los problemas de violencia y corrupción solo podría ser enfrentado, más o menos pacíficamente, si tenía éxito la estrategia de construcción de un nuevo consenso social. La reorientación pacífica del conflicto, que amenazaba con hacer crisis, solo podría ser posible si se afirmaba la tendencia de un gran frente electoral opositor. Se requería porque el escenario previo al 2018 nunca fue de “normalidad democrática”. Las elecciones se realizaron en un contexto de encono social donde las minorías se resistieron hasta el último momento a dejar su zona de confort. Menos mostraron disposición para formular un nuevo pacto social.
A pesar de dicha actitud, la confluencia de voluntades e intereses diversos en la exigencia de un cambio de elites cobro sentido mayoritario en el elector mexicano. Por ello dicha estrategia se convirtió en la formula política que permitió el desplazamiento del viejo partido hegemónico. La fórmula política condensa saberes, experiencias, valores, que permiten a una nueva elite no solo ser pertinente en su acción política sino ganar legitimidad, aceptación social.
Cualquier propuesta de cambio, por nimia e insípida, a falta de unidad, tocó con la pared erigida por el antiguo régimen. La fragmentación opositora, sus divisiones, la prioridad de intereses de secta por encima de la unidad, le restó capacidad política, temeridad, arrojo, costos altos humanos y económicos, desosiego, frustración, persecución, destierro. Los duros embates postergaron siempre la democratización y esta fue posible, eficaz, útil para el régimen gracias a la eterna división de la oposición.
La unidad sigue siendo un imperativo en la estrategia de la principal fuerza política del país. Aun con todo y la abrumadora mayoría que ha conseguido en la cámara de diputados, al adherirse las bancadas del Verde Ecologista y un importante segmento de diputados del casi extinto Partido de la Revolución Democrática, no deja de ser prioridad para hacer gobierno y sentar las bases para la transformación del sistema político mexicano.
En el contexto poblano es significativo el discurso reconciliador de Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato de Morena a la gubernatura poblana. Es consistente con la estrategia establecida por el presidente Obrador.
Se entiende la preocupación. Puebla representa un reducto de posiciones autoritarias. Como en el resto del país, la des instauración de las claves verticales del poder, así como de sus abusos, requieren sumatoria de voluntades.
Los saldos de dicho escenario se encuentran a la vista. Preocupa el deterioro social. Criminalidad y violencia son el pan nuestro de cada día en todo el territorio poblano. Hace mucho tiempo que Puebla ocupa un lugar preferente en la nota roja nacional. Afrontar estos y otros problemas requiere una confluencia de esfuerzos que superan los límites de la adhesión y militancia partidaria, sin que ello implique el desfonde del proyecto transformador nacional.
La adhesión al esfuerzo del precandidato Barbosa no significa el entronamiento o colonización del antiguo régimen en Morena, por el contrario, significa la retirada, por no decir desbandada, de agentes y organizaciones que por sí solos no tendrían mayor impulso para influir en la política local. Se adhieren a una nueva correlación de fuerzas favorables a la intención de construir, en el caso poblano, un nuevo régimen político. En un sentido democrático, significa la conversión de un pluralismo limitado a un pluralismo de orden democrático que será redefinido una y otra vez en procesos electorales, en esta ocasión, alrededor del proyecto que encabeza morena.
El reto de la unidad no es fácil, desde luego, por las implicaciones que presenta lidiar con expresiones venidas de más de un partido político. Sin embargo, el tamaño de las exigencias que plantea la sociedad poblana -un gobierno que le garantice estabilidad, paz social, mejora de la calidad de vida, reconstrucción de la vida democrática- requiere de un extraordinario abanico de esfuerzos y voluntades, como premisa para lograr el gran acuerdo estatal que permita ejercer gobierno transformador en consonancia con las acciones del gobierno federal.
La empatía hacia el proyecto transformador no se logra de la noche a la mañana, se requiere además de una vigorosa participación en el espacio público, condición indispensable, siempre, para desincentivar el ejercicio del poder público como si fuera de interés privado. De dichas prácticas y de su tentación, incluso en la política democrática, no se salva nadie, ni los que proclaman pureza de cuna partidaria. El único antídoto es el debate y la crítica abierta. El momento es óptimo para ello.
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