Así, contundentemente, hizo este señalamiento Andrés Manuel López Obrador al iniciar su primer día de trabajo como presidente de la república, en el palacio nacional.
Si los mexicanos nos confiamos y cometemos el error de permitir que López gobierne el país a su capricho o a base de sus acostumbradas ocurrencias, correremos el riesgo de tener un gobierno absolutista que impondrá su voluntad cuando menos durante el sexenio 2018-2024. Si no es que decide imponer su reelección.
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De ocurrir esto, los avances que en materia de democracia se han logrado en México quedarán prácticamente sepultados.
Al iniciar oficialmente su primer día de trabajo, el lunes 3 de diciembre, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la presencia de los reporteros que acudieron a la inauguración de sus tradicionales conferencias de prensa para enviar su primer mensaje a los mexicanos ─y particularmente a sus adversarios políticos─ advirtiéndoles enfáticamente: ¡Tengo las riendas del poder en las manos!
Conociendo su vocación autócrata de AMLO, se infiere que en su fuero interno remató su frase con un ¡Háganle como quieran, pero no olviden que aquí mando yo!
Este innecesario mensaje, lo emitió el presidente López treinta y seis horas después que, en pleno corazón de México ─la Plaza de la Constitución─ y en presencia de unos cincuenta mil simpatizantes suyos, le efectuaran una limpia con ramas de pirú para alejarlo de los malos espíritus, quizá todavía estando mareado por los efectos del intenso humo que provocó el incienso que fue quemado a su alrededor durante más de media hora.
Más allá de lo anecdótico y pintoresco de este espectacular ritual, nos agrade o no, López tiene legal y legítimamente el Poder Ejecutivo Federal en sus manos, como resultado de los 30 millones de votos que obtuvo en la elección presidencial del 1 de julio. También de hecho, aunque no de Derecho, tiene el control del Poder Legislativo debido a que sus incondicionales legisladores Morena son mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores.
Hasta el día de hoy, sólo el Poder Judicial no está dominado por López. Sin embargo éste, ya dio el primer paso para someterlo a su voluntad, al tratar de investir como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un allegado suyo. De lograrlo, este poder se encaminaría a perder su independencia y autonomía respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Automáticamente, México retrocedería a la época en que fue gobernado durante setenta y un años por una autocracia presidencial. Antes emanada del PRI y ahora de Morena.
El jueves 6 de diciembre, envió al Senado de la República una terna de candidatos afines a él políticamente de la que surgirá la persona que cubra el puesto de ministro que acaba de dejar vacante José Ramón Cossío Díaz.
Por la cercanía que tienen con López los abogados que integran la terna que propuso al Senado, se tiene la certeza que cualquiera de ellos que resulte electo como ministro de la SCJN, estará éticamente imposibilitado para efectuar su trabajo de manera autónoma y ajena a los intereses de quien desde la sede del Poder Ejecutivo Federal asume, ya, las decisiones que le competen al Poder Legislativo y va, apresuradamente, tras las que conciernen al Poder Judicial.
¿Quiénes son los candidatos a ministro de la SCJN que propone López, no obstante que en los tres casos existe un evidente conflicto de interés que deslegitima su propuesta?
Son tres personas vinculadas a él desde hace muchos años por intereses y objetivos de carácter político. Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Las señoras Ortiz y Maya son conocidas por sus vínculos con López Obrador y su militancia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.
Doña Loretta Ortiz, primera candidata de la terna lópezobradorista para cubrir la vacante que dejó el ministro Cossío Díaz, saltó a la fama pública, por un desafortunado evento mediático, que protagonizó siendo coordinadora general de los foros organizados por el entonces presidente electo López para la Pacificación y Reconciliación Nacional, al anunciar que el Papa Francisco vendría a México a participar en los referidos foros diseñados para pacificar al país, en los que intervendrían víctimas de la violencia, defensores de los derechos humanos, productores de marihuana y amapola, especialistas en materia religiosa y académicos.
Esa noticia, por falaz, fue desmentida inmediatamente por las autoridades eclesiásticas del Vaticano.
Loretta tiene, además, otra gran particularidad que la sitúa en un lugar privilegiado en el mundo de las huestes morenistas. Es esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los principales asesores políticos de AMLO, quien fue secretario de gobierno del ahora presidente de la república, en el primer tramo de su ejercicio como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, entre los años 2000 y 2003.
De 2006 a 2012, el esposo de Loretta, señor Ortiz Pinchetti, formó parte del gabinete del entonces “presidente legítimo de México”, Andrés Manuel López Obrador.
La ahora candidata a ministra de la SCJN, también ha sido diputada federal por Morena.
Celia Maya García, segunda candidata en importancia al cargo de ministra de la SCJN, también es persona cercanísima al presidente López y destacada agremiada de Morena. Ha sido candidata a senadora y a gobernadora de Querétaro.
Juan Luis González Alcántara, tercer candidato a ministro de la Corte de Justicia, aunque menos expuesto a los reflectores de la prensa que sus dos adversarias, también tiene sólidos vínculos con López Obrador.
Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante el mandato de AMLO en el entonces Distrito Federal.
Antes de proponerlo como candidato a ministro, López lo designó como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República, al lado de Bernardo Bátiz y Eva Verónica de Gyves.
Si a Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, en su condición de presidentes de la república, se les hubiera ocurrido presentar una terna de candidatos a cubrir una vacante de ministro del SCJN, de las mismas características que tienen los candidatos designados de López, éste y sus súbditos se los hubieran tragado vivos o los habrían quemado con leña verde.
Unas horas antes de concluir su mandato de ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, en obvia alusión a la pretensión de AMLO de controlar el Poder Judicial, declaró que existe la tentación de apoderarse o destruir la justicia constitucional y advirtió que se necesitan jueces que protejan, en todo momento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puntualizó que nadie tiene derecho a hacer lo que le venga en gana.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, por su parte, manifestó que con la terna propuesta por López se corre el riesgo de partidizar la actuación de la SCJN, porque dos de sus candidatos, en este caso Loretta Ortiz y Celia Maya, tienen una clara militancia partidista.
Para avanzar en su inocultable y desesperado propósito de adueñarse de las decisiones del Poder Judicial, AMLO tiene en su lista de espera para cubrir las vacantes que dejen próximamente los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, a otras candidatas de características semejantes a las de Ortiz Ahlf y Maya García. Son las señoras Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Yasmín Esquivel Mossa.
Doña Paula María tiene a su favor el mérito de ser hija de la secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador y ministra jubilada de la SCJN, Olga María del Carmen Sánchez Cordero.
Yasmín Esquivel Mossa es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y esposa de José María Riobóo, contratista predilecto de AMLO.
El amigo y asesor en materia aeroportuaria de AMLO, José María Riobóo, antes de descubrir que la zona de Texcoco es ahora técnicamente inviable para soportar en su superficie un aeropuerto de las dimensiones del NAIM, participó en dos procesos de licitación que fueron convocados para realizar la construcción de la estigmatizada terminal aérea precisamente en Texcoco, lugar fundado en tiempo de los toltecas y reedificado posteriormente por los chichimecas.
Después de ser derrotado en esas dos licitaciones, Riobóo descubrió que el lugar idóneo para construir el NAIM no es Texcoco, sino la Base Militar de Santa Lucía.
Descubrimiento que sirvió de argumento a AMLO para cancelar el proyecto de infraestructura más importante del sexenio del presidente Peña Nieto y que mantendrá al país con un servicio aeroportuario obsoleto.
La señora Riobóo fue entrevistada en sus oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico en agosto de 2018 por la revista “Mundo del Abogado”. En esa entrevista, la presidenta del TJACM advirtió que “Sí el Sistema Nacional Anticorrupción no empieza a dar resultados, la gobernabilidad del país estará en un grave riesgo.” Posteriormente, la magistrada Yasmín Esquivel de Riobóo escribió en el periódico El Universal (octubre 25 de 2018) que son “titánicos” los retos del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al “conjunto de inercias que se han incubado y reproducido en los intrincados circuitos de corrupción e impunidad.”
Ambas declaraciones son impecables y correctas. Salvo que quien las hizo carece de autoridad moral debido a que se ha visto involucrada en casos que ponen en duda su imparcialidad como impartidora de justicia. Uno de estos casos fue el de la controvertida Supervía Poniente, en cuya obra participó su esposo, José María Riobóo. Esta obra fue cuestionada por personas que se consideraron afectadas y promovieron un juicio de nulidad en el TJACM solicitando su cancelación. Los quejosos refieren que su caso fue frenado por la magistrada Esquivel de Riobóo, sin tomar en cuenta que en éste hubo un evidente conflicto de interés. Otro más.