Ante la polémica y aumento de la incertidumbre que ha desatado el proyecto de sentencia que se ha conocido mediáticamente y que fue elaborado por el magistrado ponente José Luis Vargas Valdez, en el sentido de anular la elección de gobernador, la renuncia de todos los integrantes del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la organización de las elecciones extraordinarias a cargo del INE, ha traído consigo también recordar el termino del 14 de Diciembre para resolver el caso en definitiva. Su consecuencia inmediata de acordarse por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será que el Congreso Local, nombre de manera inmediata un gobernador(a) con carácter de Interino, debiéndose observar las condiciones y términos de elegibilidad que estable el marco jurídico aplicable.
El estado de Puebla se ha caracterizado por ser un lugar de hechos históricos políticos importantes y significativos en la vida pública del país, derivado de la intensidad de sus actores políticos y movimientos políticos, no obstante, el reciente proceso electoral ha conducido a la polarización de las fuerzas políticas en la elección de quien habrá de gobernar la entidad en los próximos seis años.
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Derivado de esta tensión política, ha conducido a que estemos ante la incertidumbre de la resolución definitiva de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral respecto a la anulación de los resultados de la elección de gobernador del estado.
Este escenario ha dado pauta a que diferentes actores políticos y “miembros honorables” de la actual clase política poblana se autopropongan o alguien más lo haga en su nombre mediáticamente, para ser el próximo o próxima gobernadora del estado en calidad de interino, en algunos casos, no dejan de ser ocurrencias o frivolidades causando burla y diversión por los antecedentes políticos de muchos de ellos, o la inviabilidad por la ausencia de autoridad moral o política como el caso del Rector de la BUAP, máxima institución educativa de nuestro Estado, por ello es pertinente reflexionar el por qué es tan codiciada una gubernatura interina sólo por algunos meses.
Y es que a simple vista resultaría atractivo ser gobernador interino, pues de entrada, de acuerdo con la Constitución Política del estado de Puebla el congreso nombraría al gobernador (a) interino (a) con mayoría simple de los diputados, supuesto que permite asegurar que sólo con la votación de los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia, sería suficiente para designar al gobernador interino, dirán los simuladores y verdaderos defensores de una cultura democrática participativa, que ante los nuevos tiempos no se debe imponer la “dictadura de la mayoría”. Dicho claro, preciso y contundente, “peladito y en la boca”, así las cosas, por ello “todo mundo se anota”.
Por ello es necesario formular su antídoto de la “dictadura de la mayoría”, con una gran responsabilidad política que le corresponde a los integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia, con voluntad política hacer posible el dialogo como ética del consenso entre las fracciones parlamentarias y clase política, por el bien de la dignificación de la política.
Independientemente de las buenas intenciones o buenos augurios basados en la voluntad política y vocación democrática, el hecho real es que bajo estas condiciones los partidos políticos de la Coalición Juntos Haremos Historia, tendrían el control político y económico en el estado e incluso el poder garantizar las condiciones para la entrada del sucesor muy posiblemente emanado de estas fuerzas políticas -ni pensar que sea un perfil ciudadano- , además de que en este lapso, podrían abandonarse los vetos del poder ejecutivo para aprobar las propuestas legislativas del grupo político de quien ahora domina y controla las decisiones en el congreso.
Pero en especial, tendrían un lugar privilegiado para vigilar el proceso electoral para evitar irregularidades y manoseo de la elección desde la estructura del poder estatal que ha estado al servicio del morenovallismo marcando una era dictatorial y de un aberrante totalitarismo en Puebla.
La vía jurisdiccional para resolver conflictos pos - electorales, es la vía institucional, pacifica para resolver controversias electorales, donde las resoluciones son definitivas e inatacables.
Cual sea la sentencia definitiva, lo positivo será dar por concluida la polarización política basada en la incertidumbre y continuar la lucha política por tener un verdadero Estado de Derecho Democrático en Puebla.
En cualquier sentido para el caso poblano los actores políticos y clase política, deberán acatar la resolución definitiva del TEPJF para bien de la vida institucional en Puebla.
Como se dice en la picaresca política, “a otra cosa mariposas”.
nish76@hotmail.com