Los apartados finales de El Poder de la Cultura, único texto programático en materia cultural publicado hasta la fecha por el ya próximo gobierno federal, refieren sentimientos y propuestas sobre el patrimonio cultural mexicano, relacionadas con las consecuencias de los sismos ocurridos en septiembre del 2017. Dichos apartados se titulan, respectivamente, Patrimonio dañado por los sismos y Es momento de tomar acción.
La parte medular de ellos señala la magnitud del descalabro patrimonial que sufrimos los mexicanos hace poco más de un año y una propuesta para crear algún instrumento gubernamental nacional que permita abocarse a resarcir, de manera pronta y expedita, los inminentes daños que pudiesen provocar una futura emergencia similar o mayor. Dos párrafos destacan en los apartados: 1. “A los pocos días de la catástrofe quedó claro que ni el INAH, el INBA, ni la Secretaría de Cultura estaban listos para una emergencia de tales dimensiones”, y, 2. “De la mano de las comunidades afectadas, se creará una escuela/taller de arte y oficios para la conservación y restauración del patrimonio en los 11 estados con monumentos dañados por los sismos. Este modelo crecerá paulatinamente hasta lograr una escuela/taller en cada estado que tenga monumentos históricos”.
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No hay duda que Alejandra Frausto tenía el corazón patrimonial en la mano cuando redactó estos apartados, pero también es evidente que desconoce en buena medida los recursos, alcances y problemática de la conservación del patrimonio cultural edificado y material, que no es, ni de lejos, solo la falta de personal capacitado o diligencia en la acción por parte de las instituciones culturales nacionales. Vamos a los detalles para comprender lo aseverado.
Para iniciar el análisis, le preguntaré: ¿sabes, lector, cuál es el total patrimonial registrado de nuestro país? No. Van algunos datos: 191 zonas arqueológicas; 81 catedrales; 96 monumentos históricos de propiedad federal (por ejemplo: la iglesia de La Compañía en Puebla); 1,911 monumentos históricos clasificación INAH (por ejemplo: El Patio de los Azulejos, aquí en la capital); 490 sitios de patrimonio ferrocarrilero; 1,239 archivos históricos; 22 fonotecas y 100 fototecas.
Como lo mencioné, este es el patrimonio registrado que, según estimaciones –a ojo de buen cubero, pues parte de nuestros recursos patrimoniales se encuentran enterrados y ocultos por la propia naturaleza-, representan del 40% al 50% del total. Como vemos, el universo patrimonial edificado o resguardado (como fonotecas y fototecas) es inescrutable. En concordancia con esto, su fragilidad, ya sea por eventos climáticos o telúricos, es igualmente inconmensurable. Por ello, en nuestro país, la pregunta no es si va a temblar, sino cuándo lo hará o si habrá algún huracán y sus consecuentes lluvias torrenciales y deslaves o un incendio o cualesquiera otro evento o circunstancia que dañe o afecte nuestro patrimonio cultural.
Pero, los sismos u otros eventos naturales no son el mal mayor que enfrenta nuestro patrimonio, sino su robo, saqueo y vandalismo. Y sobre ello nada señala El Poder Alejandrino. Y claro que un terremoto daña mucho en unos cuantos instantes, pero el robo cotidiano lo hace en mayor cuantía al paso de los días y al cobijo del descuido, el contubernio y la impunidad.
Al respecto, Jaime Allier Campuzano, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicó en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, el artículo Robo y tráfico de bienes culturales religiosos. En busca de una solución jurídica eficaz*. En él destacan datos como:
El tráfico ilícito de bienes culturales constituye, tras el narcotráfico, el segundo negocio “sucio”, a nivel mundial, con la dificultad adicional del “blanqueo” de los bienes que constituyen su objeto. Esto se posibilita a través de una cadena más o menos amplia de ventas y reventas, complicada a menudo mediante el traspaso de una o más fronteras nacionales a lo largo de la cual los bienes van perdiendo, poco a poco, su carácter ilícito para terminar en manos del adquirente que ignora su dudosa procedencia y suele hallarse jurídicamente protegido.
Esta realidad adquiere una dimensión cuantificable en el robo de arte sacro –patrimonio medianamente documentado (o al menos conocido e identificado) por sacerdotes, mayordomos, asociaciones y pobladores de los sitios donde se encuentra. Y al respecto, el Magistrado Allier Campuzano señala:
Se calcula que, en la República Mexicana, hay más de cuatro millones de piezas religiosas, por eso el negocio del robo y tráfico de arte sacro ha ido en aumento. Esta manifestación artística se puede encontrar en cualquiera de las 19 mil iglesias que hay en México y quienes compran las piezas con esas características, en su mayoría, son coleccionistas. El tráfico, el robo y la exportación ilegal de arte sacro, en nuestro país, es una realidad en la que resulta mayor la pérdida cultural que las ganancias monetarias obtenidas.
Y cuáles son las fallas gubernamentales y sociales que propician ello:
La falta de un inventario de bienes artísticos religiosos y el desinterés del gobierno no sólo para proteger su patrimonio, sino para enlistarlo, clasificarlo y evitar su deterioro (porque el acervo es propiedad del Estado en custodia de la Iglesia) propician que bandas organizadas saqueen, hasta por encargo nuestros templos, para vender sus objetos, en el mercado negro, a coleccionistas y anticuarios.
Concluye con un dramático señalamiento, similar en su reclamo al de Alejandra Frausto, e igualmente desatendido:
Ante este dramático panorama, no podemos seguir con los brazos cruzados y continuar adoptando una postura contemplativa.
A la luz de lo expresado, es evidente que el problema de la conservación patrimonial rebasa cualquier posibilidad de éxito, por más altruista y entusiasta que se estime, y su daño o deterioro no depende exclusivamente de fenómenos naturales. Por lo tanto y como primer paso en su posible combate, debemos admitir que no existe presupuesto nacional, ni recursos humanos o materiales suficientes para conservar todo en óptimas condiciones y, a partir de esta aceptación, actuar en consecuencia.
Por ello, lo planteado en El Poder luce pobre y limitado, tanto en su diagnóstico como en su solución pretendida. Veamos.
Alejandra Frausto acierta al señalar que el sismo del pasado septiembre de 2017 desbordó las capacidades de las instituciones públicas federales –y yo agregaría que también a las estatales, municipales y aún a los particulares. Y la estimación de la próxima Secretaria de Cultura –que su resarcimiento podría abarcar cinco años-, es, por decir lo menos, entusiasta y pendiente de un milagro; pero lo que no señala, y debiera hacerlo en aras de la inminente llegada de un nuevo estilo de gobernar, es que la natural fragilidad de este tipo de patrimonio fue incrementada por la fallida política pública de los últimos treinta años cuando menos. Gobiernos en los cuales, ella incluida, han participado todos los connotados promotores y funcionarios del sector reconocidos, hoy por hoy, en el país; materia prima de la mafia del poder cultural.
De tal suerte, que la incapacidad de las instituciones para atender el monumental desastre, no es exclusiva de ellas sino de los gobiernos que las debilitaron, en aras de la consecución de un ideal socioeconómico depredador, un enfoque minimalista de la conservación y aprovechamiento de nuestros recursos patrimoniales culturales, y un anquilosamiento de las estructuras formadoras y captadoras de los recursos humanos necesarios para atender dicho patrimonio.
Dicho de otra forma, cierto es que no es posible predecir el momento de los fenómenos naturales que afectarán nuestro patrimonio, pero si es posible prepararse para su llegada mediante su fortalecimiento a través de un programa más sólido y consistente de conservación y restauración; así como de la formación de más y mejores profesionistas del ramo y su consecuente incorporación al mercado laboral respectivo, y, por supuesto, a una política de absoluta intolerancia a los resquicios y deficiencias jurídicas y administrativas que redundan en la corrupción, robo, saqueo y depredación de esos bienes patrimoniales.
Es decir, no es necesario iniciar de cero un cuestionable proyecto de capacitación de las comunidades en los quehaceres de la conservación patrimonial, cuando existen en el país 32 instituciones donde estudiar alguna de las disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural. Más aún cuando de ellas destacan las universidades públicas estatales de la Federación mexicana y las escuelas: Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, ambas del INAH. En las cuales podrían matricularse pobladores de esas comunidades señaladas por Alejandra Frausto con el apoyo de becas. O, en su caso, solicitarle a esas instituciones, el diseño y la implementación de programas y proyectos específicos de conservación y resguardo de patrimonio, factibles de desarrollar por los pobladores de una comunidad dada.
En fin, creo que si el gobierno de la Cuarta Transformación quiere incidir de manera eficaz en la conservación, protección y aprecio del patrimonio en el nivel elemental del ciudadano de a pie, debe implementar una política pública sólida y coherente, estructurada con el concurso de los que saben; mismos que se encuentran en su nómina institucional, pues forman parte, desde siempre, de los Recursos humanos y materiales de la ahora llamada Secretaría de Cultura; esa que presidirá Alejandra Frausto a partir del próximo mes de diciembre.
Todo ello, claro, antes del siguiente sismo, inundación o robo patrimonial.
*https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/27/2%20Robo%20y%20tr%C3%A1fico_Revista%20Judicatura.pdf