En los albores de un nuevo sexenio, se desarrolló durante estos días una consulta popular, ahora bien previo al avance de la misma y durante el tiempo que esta se desenvolvió, especialistas en materia de derecho constitucional analizaron las áreas de oportunidad en este mecanismo, no solo con el objetivo de fortalecer las herramientas que nos permiten a los ciudadanos tender de manera libre e informada a participar e incidir en la toma de decisiones públicas en uno de los temas que económicamente tiene una de las mayores ocurrencias para nuestro país.
Discutir sobre las inconsistencias en el camino a la transparencia y combate a la corrupción en las asignaciones de los contratos vinculados al nuevo aeropuerto, se convertirá en uno de los aspectos claves a analizar por esta nueva administración, pues la selección de estos mecanismos contractuales se había convertido, ya, en uno de los talantes a evaluar por organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial, la OCDE, Transparencia Internacional en vinculación con el INAI, la Secretaria de la Función Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto.
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Es sabido que a nivel internacional los tratados en materia de combate a la corrupción se enfocan a la prevención y sanción de los mecanismos de asignación de los contratos del sector gubernamental, pues está demostrado que es en estos espacios donde más actos de corrupción se llegan a cometer, tarea importante para la nueva administración federal será verificar dichos aspectos derivados de las decisiones tomadas hoy.
Para poder realizar esta consulta popular, debieron estudiarse la planeación y asignación de recursos tomadas por la administración anterior, las cuales deberían haber contado con el aval de instituciones federales competentes, entre ellas la COFEMER; así como, las bases, estudios y dictámenes económicos y administrativos que justificaran una consulta para iniciar un nuevo proyecto; todo lo anterior de suma importancia, pero innecesario sin la falta de involucramiento de un mayor porcentaje de la población nacional, ya que como se ha difundido solo un 10% de los 129 millones de habitantes participo en esta consulta.
Ahora bien el reto es más elevado, obviando las críticas de afamados constitucionalistas en la materia, es y deberá ser conocer a fondo el nuevo proyecto, su impacto nacional, económico y político, así como los plazos para su desarrollo, la transparencia en la asignación de los nuevos contratos y el cumplimiento de los demás requisitos normativos en la materia, aunado que se deberá alcanzar la mayor proactividad para involucrar en esta gestión a los ciudadanos en la toma de decisiones de trascendencia nacional.
Hoy más que nunca cualquiera de los inversionistas en este y otros proyectos de impacto nacional, deberán acreditar no tener vínculos con actores del sector político nacional y local ni con sus familiares, máxime el cumplimiento a cabalidad de todos y cada uno de los principios que ha fijado el nuevo sistema nacional anticorrupción.
*Académica e investigadora