Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los integrantes del Grupo Parlamentario PT-MORENA en el Senado de la República presentaremos una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, porque es un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el grave problema de inseguridad que vive nuestro país.
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Como expusimos en el debate respecto a esta ley, como lo han expresado y reiterado las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha quedado claro por qué nos oponemos decididamente a la Ley de Seguridad Interior:
1. Porque significa la violación de los Artículos 21 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones.
2. Porque significa la violación a los Artículos 21 y 129 constitucionales, al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares, en tiempos de paz.
3. Porque significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone el artículo 1º de la Carta Magna.
4. Porque significa la instalación formal de un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense; un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático, como es la práctica de las autoridades mexicanas.
5. Porque significa la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales. Formas modernas de la guerra sucia que violentan los artículos 7º, 8º y 9º constitucionales.
6. Porque significa la ausencia de controles democráticos que sujeten la actuación de las Fuerzas Armadas a formas mínimas de transparencia, rendición de cuentas, control político y responsabilidades, en abierta trasgresión a los artículos 6º, 13, 14, 16, 29, 93 y otros.
7. Porque significa la privación de las posibilidades y los incentivos para la depuración, profesionalización y coordinación de las instituciones policiales federales, estatales y municipales, como condición mínima para afrontar la parte punitiva de la política criminal de todo Estado.
8. Porque significa la quiebra del federalismo, por vía de la invasión flagrante de las competencias constitucionales de las entidades federativas, de los municipios, incluso de los organismos autónomos, a discreción del Ejecutivo Federal o mediante petición local, desesperada, ante el amago de no colaboración federal frente al flagelo de la ola delincuencial.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue un grave error, un error histórico del actual gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, profundiza la descomposición.
La sociedad no se resigna a que esta ley se aplique en nuestro país sin ninguna consecuencia. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley, escucharía a las múltiples voces que siguen expresando su rechazo; pero esto no ocurrirá, por ello debemos defendernos con la ley en la mano, con las propias armas que nos permite la Constitución y las leyes, por lo cual promoveremos junto con otras fuerzas políticas y con el apoyo de la sociedad una acción de inconstitucionalidad. Estamos convencidos que esta acción contará con el apoyo mayoritario de la sociedad. XXX TWITTER: @MBarbosaMX