La corrupción es un enorme flagelo que lastima a nuestra sociedad, que provoca estancamiento en nuestra economía, acentúa la violencia y la impunidad, perpetua la pobreza y la desigualdad, hace ineficaces a nuestras autoridades, erosiona la credibilidad de nuestras instituciones y provoca muerte de desolación.
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En el combate a la corrupción en Puebla, los focos rojos están encendidos porque el sistema estatal anticorrupción presenta fuertes dudas y debilidades, una de las más importantes: la independencia y la autonomía de los titulares de las instituciones que lo integran. ¿En verdad piensan que la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría o el Instituto de Transparencia, tienen la autonomía necesaria para poder actuar en contra de los corruptos? ¿En verdad sus titulares son independientes del poder estatal y pueden actuar con imparcialidad ante los hechos de corrupción que son del dominio público?
La participación ciudadana es el alma del combate a la corrupción, por esta razón, resultará transcendental la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual se integra por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de evaluación de los aspirantes. Se entrevistaron a 25 candidatos y los resultados se darán a conocer el próximo 7 de noviembre. Si se escogen a personas con el perfil adecuado y, sobre todo, que posean independencia y autonomía en la toma de sus decisiones, el sistema podría funcionar o por lo menos ser un contraste con el comportamiento y actitudes de los titulares de las dependencias; si esto no es así, el sistema estatal anticorrupción terminaría siendo una simulación.
Otro punto de alerta es un marco legal incompleto. Entre otras cosas falta incorporar reglas de contratación de obras públicas y servicios, así como para definir procedimientos de compras gubernamentales, acorde con el contenido de las leyes en la materia; establecer los tipos penales relativos a las delitos relacionados con hechos de corrupción; corregir omisiones en la determinación de responsabilidades administrativas por faltas no consideradas graves; expedir una ley en materia de responsabilidades administrativas, que incluya las concernientes a los servidores públicos y particulares, personas físicas y morales y reformar la ley de transparencia del Estado en materia de combate a la corrupción.
Una cosa es lo que se ve y otra lo que realmente ocurre. A primera vista, el proceso de construcción del sistema anticorrupción en Puebla ha avanzado de manera normal, sin embargo, como hemos dicho, este sistema está aún muy lejos de ser una instancia que realmente sirva para el combate a la corrupción en nuestro estado.
La pasada administración fue una de las más corruptas que se recuerde. Quien ejerció el gobierno del Estado en la pasada administración no sólo dejó a nuestra entidad endeudada, sino que se caracterizó por ser un contumaz transgresor de la ley. XXX TWITTER: @MBarbosaMX