Un régimen de gobierno es tan democrático como autónomo sea su Ministerio Público. Si la función de perseguir los delitos está jerárquicamente supeditada al titular del Ejecutivo, existe todo el riesgo de que el ejercicio o no de esa función esté determinado por criterios de discrecionalidad política. Esta administración arbitraria de la persecución criminal potencializa sus efectos nocivos sobre el Estado de Derecho cuando se trata de delitos de corrupción: si el abuso de poder fue realizado por un miembro perteneciente o cercano al grupo gobernante, la inacción del Ministerio Público y, en consecuencia, la impunidad del delincuente, está casi asegurada.
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El hecho de que el Senado de la República no debata, apruebe o rechace las iniciativas de reforma en torno a la elección del primer Fiscal General de la República, entre éstas la del presidente Enrique Peña Nieto, fue un descuido deliberado de las fuerzas políticas que dominan al Senado para evadir el tema de fondo y, en realidad, para lograr un acuerdo que satisfaga sus intereses.
En la ruta que eligió la Cámara de Diputados para lograr su instalación existe una trampa, se trata de un engaño. En realidad se trata de un acuerdo entre el gobierno federal y el Partido Acción Nacional (PAN). ¿En qué consiste este acuerdo? En aprobar una iniciativa espejo a la del Presidente de la República para eliminar el Artículo Decimosexto Transitorio, pero que la discrecionalidad del Ejecutivo para hacer las propuestas al Senado de Fiscal General permanezca, continuando con el mismo procedimiento electivo; por lo tanto, eliminar el transitorio para impedir el pase automático no es suficiente, sino un método para que en forma posterior el gobierno y el PAN resuelvan quién será el Fiscal General de la República. Esto es lo que el PAN quiere.
Lo que necesitamos es una reforma profunda al Artículo 102 que también elimine el artículo decimosexto transitorio. ¿En qué consiste la reforma? Uno, en que desde la Constitución se establezca que el procedimiento para designar al Fiscal General de la República sea un procedimiento transparente y abierto, en el que participe la sociedad, para que de manera amplia, abierta y transparente podamos designar al titular, una mujer o un hombre autónomo e independiente como Fiscal General de la República.
Queremos una Fiscalía General con todo el desarrollo de la autonomía e independencia, patrimonio, capacidad, personalidad jurídica, autonomía de gestión, pero queremos que esa Fiscalía General no se ocupe de la persecución y ejercicio de la acción penal por delitos de combate a la corrupción; que sea la Fiscalía especializada, que tenga características de autonomía necesarias para que no dependa su funcionamiento de la Fiscalía General. Lo mismo proponemos para que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales tenga también autonomía e independencia.
Junto con la necesaria autonomía e independencia que necesitan estas fiscalías necesitamos que los delitos en México se investiguen con los métodos y técnicas más avanzadas, por lo cual proponemos la creación de lo que hemos denominado como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, desvinculando de las fiscalías el aparato pericial para poder generar dictámenes con todos los requisitos técnicos y sin el control desde la autoridad o intereses particulares.
Por estas razones, por supuesto que estamos a favor de eliminar el pase automático de Procurador a Fiscal, que quede perfectamente claro, pero advertimos las consecuencias de sólo aprobar la eliminación del pase automático y dejar intacto el cuerpo del Artículo 102 de la Constitución.
Twitter: @MBarbosaMX