Vale la pena ahondar, con calma, en las 100 páginas de texto con una infinidad de recuadros elaborados con letra chiquita y en otras tantas hojas del anexo estadístico, destinadas al rubro “3 México con Educación de Calidad” del 5º Informe de Gobierno federal. Tras explicar brevemente las modificaciones constitucionales para garantizar una reforma educativa que, se propone, trascienda el corto plazo de una administración sexenal, el discurso reconoce que el gobierno habría recurrido a “consignas” legislativas para lograr su propósito. Se escucha bonito. El discurso gubernamental establece que para mejorar la educación impulsó el 3 de marzo del 2017, el Nuevo Modelo Educativo 2017, integrado por cuatro documentos y 5 “grandes ejes”, con el propósito de que los estudiantes “logren los aprendizajes clave”. En síntesis, el documento señala que para lograr una educación de calidad se requieren mejores escuelas, mejores contenidos y mejores maestros.
Sin embargo, el rubro “3.1.1. Establecer un Sistema de Profesionalización Docente (SPD) que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico”, al que se destinan estas líneas, requeriría de acciones que instrumentaran una política de formación de los nuevos cuadros docentes, acordes a la propuesta educativa sexenal. Asunto que se lograría a través de la modificación de los planes y programas de las instituciones formadoras de docentes, acción aun en proceso -a pesar de la importancia- y de programas de capacitación y actualización del magisterio en funciones.
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En 2016, a la par de las evaluaciones de permanencia en el SPD, señala el V informe que la SEP capacitaría mediante talleres de 20 horas y cursos con duración de 40, a 14 mil 279 docentes de una plantilla integrada por 1 millón 213 mil 268 maestros y maestras, incluido personal directivo, tan sólo el 1.l76% del total. Cifra se incrementaría en 2017, capacitando a 116 mil 636 entre docentes y personal directivo 70 mil 709 y 45 mil 927 docentes respectivamente de un total de 1 millón 217 mil 191 profesores, cuestión que equivaldría al 9.8% del total. Si del total de la plantilla integrada por 1 millón 217 mil 191, se restara el personal requerido para atender a las direcciones escolares de 227 mil 665 planteles reportados para el 2017, se podría inferir que el sistema educativo nacional contaría con 985 mil 526 maestras y maestros que realizarían funciones frente a grupo y 227 mil 665 se que desempeñarían en labores administrativas. De éstos, aproximadamente 109 mil 279 maestros y maestras (48%) se encontrarían al frente de instituciones multigrado y desempeñarían, al mismo tiempo, labores docentes y administrativas.
Algo pasa. O las capacitaciones no funcionan o las evaluaciones están elaboradas con fallas estructurales y no son correspondientes a las capacitaciones o quienes se han preparado no han sido evaluados y viceversa. Así lo muestran los resultados del Concurso de Promoción en Educación Básica del ciclo escolar 2016-2017, en el que un 46.4% de quienes sustentaron la evaluación de marras, obtuvo resultados no idóneos, reprobó en pocas palabras, resaltando de manera dramática, el desempeño no idóneo, de quienes están en funciones como supervisores escolares o pretenden serlo (54.5%) y de quienes por no soportar a sus alumnos o fueran separados de las escuelas por diversos motivos y desean convertirse en apoyos técnico pedagógicos. Similares resultados obtienen quienes sustentaron las evaluaciones de promoción en ciclo 2017-2018 y la cifra se agrava, para quienes sustentaron el concurso referido en media superior, nivel en el que dos de cada tres de los sustentantes obtendría resultados negativos (59%).
Cifras, más cifras, datos, números y porcentajes. Orgullosos, Peña, Nuño, funcionarios de la Coordinación de Formación Profesional Docente y del INEE pregonarían en todo lo alto: “se han realizado 1 098 426 evaluaciones”. Hasta ahí todo parecería cuadrar. Casi tantos examinados como personal docente en servicio. Empero, valdría la pena destacar que de cada dos evaluaciones, poco más de una corresponde a quienes egresados de escuelas normales y universidades públicas y privadas, muchos de ellos desempleados originados por el sistema económico de competencia aguda, desearan obtener una chamba “aunque fuera de profe” (533 mil 346 en básica y 119 mil 694 en media superior). De ellos, 194 mil 501 en básica y 46 mil 762 de media superior, habrían obtenido el resultado de idóneos pero sólo 66 mil 019 y 6 mil 520 respectivamente, habrían sido contratados y serían programados para presentar la “Evaluación del desempeño al término del segundo año”. Esta segunda evaluación descalifica por no “cumplir con la función docente” a 46 mil 973 docentes de básica y a 3 mil 807 de media superior, es decir el 71.15% y el 58.38% respectivamente, de quienes habrían ingresado al SPD por intermedia del examen, rubro que permitiría cuestionar nuevamente el diseño de las evaluaciones, lo mismo que al fallido acompañamiento que la SEP debería otorgar por intermedio de los tutores, a quienes muchas y muchos mentores conocieron sólo en el discurso y que permite entrever, el carácter desechable que rodea a quienes algunas vez demandaron estabilidad en el empleo.
Empero, la situación que guarda la joya de la evaluaciones, continúa en entredicho. Sólo 170 mil 970 maestras y maestros de educación básica y media superior (135 658/35 312 respectivamente) han sido evaluados al mes de agosto del 2017, fecha de corte institucional. El 11.51% de 1 millón 484 mil 811 docentes de ambos niveles, quienes en noviembre del 2018, deberían cumplir con esa obligación. Ni las amenazas, ni los despidos, ni los chantajes, a más de la incapacidad operativa institucional, lograron cumplir con una meta toral de la tan cuestionada reforma. El tiempo se le fue y ahora “la reforma educativa” depende de una nueva administración. Por eso quieren continuidad y apuestan por un personaje repudiado por quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes. Maestras y maestros, corean una nueva consigna “Nuño no pasará”, cuestión de cifras.