¿Hasta dónde puede llegar un hombre obsesionado con el poder? ¿Cuáles son los límites de la acción ilegal de un gobernante? Jean-Jacques Rousseau escribió que el soberano debería tener las manos libres para hacer el bien y las manos atadas para hacer el mal. Puebla vive días en donde una persona, un ex gobernante, cree que puede hacer lo que le plazca, que puede violentar la ley, intimidar, mentir, espiar, utilizar el dinero público como recursos propios y heredar el cargo.
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En días recientes, Rodolfo Raúl González Vázquez, un ex empleado del CISEN y participante por algún tiempo en las labores de inteligencia del gobierno de Puebla, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra de Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón y Roberto Rodríguez, por los posibles delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y amenazas.
El denunciante aportó a la autoridad y expuso en los medios de comunicación las características de los operativos de tierra a los que recurría Moreno Valle para infiltrar a los adversarios políticos y obtener información; entregó fotografías y la localización de los llamados “nidos” o centros de espionaje; aportó datos de las características y de los costos de los equipos y de los programas utilizados para clonar teléfonos; entregó copias de las grabaciones de conversaciones telefónicas de personajes públicos como Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación; de Margarita Zavala, aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN); y de Rosario Robles, Secretaria del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que correspondía por parte de cualquier acusado era preparar una defensa en el marco que establece la Constitución y las leyes, pero tal parece que los parámetros de Moreno Valle son otros, los que dicta el autoritarismo y la revancha. Tengo conocimiento que, por órdenes de Rafael Moreno Valle, el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano, y gente de la Secretaría de Finanzas, están citando y amenazando a presidentes municipales para obligarlos a declarar y firmar documentos en donde digan que les pedí o me entregaron dinero por los recursos que gestioné en obras para sus municipios.
Rotundamente afirmo que tales señalamientos son falsos, más aún, cuando la mayor parte de las obras en municipios fueron ejecutadas por el gobierno del estado, violando los convenios que para tales fines se firmaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de un ejemplo más del gobierno de terror que impuso Moreno Valle y que se ha extendido a la actual administración.
La denuncia en la PGR contra Moreno Valle por espionaje y otros delitos provocó que éste instruyera a Diódoro Carrasco y a su gente en la Secretaría de Finanzas para poner en marcha un plan para atacar a los adversarios y críticos de Moreno Valle, inventando hechos e intimidando a presidentes municipales, con el objetivo de desviar y confundir a la opinión pública. Esta cortina de humo intenta infundir temor y es un distractor para que los medios de comunicación dejen de hablar de las acusaciones de espionaje que existen en su contra.
Estas acciones sólo ponen de manifiesto la desesperación de Moreno Valle y demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de extender su poder en Puebla. Es tiempo de terminar con la impunidad y acabar con este régimen de terror.