En estos inusuales e inapropiados términos, se expresó el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al dialogar con el columnista de temas políticos del periódico Excélsior, Francisco Garfias, después de finalizar un evento donde un cacique sindical apellidado Del Olmo ─correligionario de Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala Almeida y Víctor Flores Morales─ tomó posesión, de la presidencia de esa arcaica entelequia del sindicalismo corporativo, conocida con el nombre de Congreso del Trabajo.
“No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos. Si los agarramos porque los agarramos”, se aventuró a decir el presidente Peña Nieto al referirse a las personas que han expresado que las aprehensiones de los exgobernadores Tomás Yarrington (en Italia) y de Javier Duarte (en Guatemala), ocurridas en pleno proceso electoral de los estados de México, Nayarit y Coahuila, son actos destinados a acarrear votos para los candidatos del PRI, en las elecciones del 4 de junio.
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Peña Nieto recordó, durante su conversación con Francisco Garfias, que con motivo de la captura de Javier Duarte, el “Peje” López, difundió en las redes sociales una declaración donde afirma que el exgobernador de Veracruz preso es un “chivo expiatorio” con el que (el gobierno de Peña Nieto) pretende simular “que se combate la corrupción”.
Durante el discurso que pronunció el presidente de la república en el evento sindical del Congreso del Trabajo, refiriéndose a la detención y encarcelamiento de los exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz, dijo que “Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el poder Judicial. Estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”
Sin perder de vista que el desempleo, la inseguridad pública y la falta de un crecimiento en la economía nacional que se traduzca efectivamente en bienestar para todos los mexicanos, son tres de los grandes problemas que entorpecen la marcha del país, se puede asegurar que la corrupción y la impunidad, que crecen y se multiplican en los ámbitos federal, estatal y municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son dos de los problemas más graves que enfrenta la nación.
Ningún discurso presidencial, por elocuente que sea, contribuye a resolverlos.
Encarcelar a dos exgobernadores delincuentes, mediante la intervención de policías extranjeros, no es un mérito ni una gracia del Estado mexicano. Es en el mejor caso, el simple cumplimiento de una obligación gubernamental que debe extenderse, cuanto antes, a otros exgobernadores y otros servidores públicos que han delinquido.
Nadie puede estar en contra de las detenciones de Yarrington y Duarte. Su encarcelamiento era esperado desde hace mucho tiempo. Con estas tardías aprehensiones, la acción de la justicia apenas comienza a dar una tenue señal de vida. Todavía falta que sean extraditados a México. Puestos a disposición del Ministerio Público. Consignados ante un juez penal y sentenciados sin consideraciones de ninguna naturaleza.
Ya es tiempo de iniciar efectivamente la lucha contra la corrupción en todos los espacios del sector público. No se debe reducir a enjuiciar a los exgobernadores Mario Villanueva (PRI), Andrés Granier (PRI), Rodrigo Medina (PRI), Guillermo Padrés (PAN), Tomás Yarrington (PRI) y Javier Duarte (PRI). También es necesario ir tras los exgobernadores Humberto Moreira (PRI) y Luis Armando Reynoso (PAN), así como capturar y enjuiciar a los también exgobernadores César Duarte Jáquez (PRI) y Roberto Borge (PRI) y no perder de vista a gobernadores como Graco Ramírez (PRD) y Eruviel Ávila (PRI).
Desviar fondos públicos y apoderarse de ellos, no son las únicas formas de incurrir en conductas de corrupción gubernamental. También lo es solicitar y aceptar gratificaciones ─conocidas como “diezmo”─ que prestadores de servicios corruptos, pagan a servidores públicos también corruptos, a cambio de obtener contratos de obras públicas y por la adquisición de bienes de uso duradero y la compra de medicamentos para las instituciones de seguridad social institucional.
El “diezmo” no es una corruptela mexicana. Es de clase mundial. Se trata de una especie de impuesto que muchas veces se paga, en forma automática, sin que se pida. Otras ocasiones es pagada por insinuación o petición directa.
Hoy, existen evidencias, que son del conocimiento de un amplio sector de la opinión pública, en el sentido que la administración del presidente Enrique Peña Neto, está bajo sospecha de haber recibido “diezmos” ─o sobornos─ de las empresas constructoras Grupo Higa, OHL y Odebrecht.
Ningún presidente de la república, en México, ha sido juzgado por casos de corrupción. No obstante que algunos, ostensiblemente, los han cometido. Todos ellos gozan de una especie de patente de corso constitucional, que les permite ser juzgados únicamente por traición a la patria. Tampoco ninguno ha sido investigado ni juzgado después de concluir su mandato. ¡Todos están a salvo!
Enrique Peña Nieto podría ser el primero en enfrentar un juicio penal al concluir su mandato..
Debido a que el consorcio de empresas constructoras que integran el Grupo Higa, propiedad de un contratista con quien el presidente Peña tiene una estrecha y añeja relación de amistad, ha resultado beneficiado con millonarios contratos de obras públicas.
Otras empresas, que también se presume fueron favorecidas por el gobierno peñanietista de la misma forma que el Grupo Higa, son la española OHL y la brasileña Odebrecht.
Se afirma que esta última empresa pagó sobornos en México por la cantidad de 10 millones 500 mil dólares. De éstos, asegura Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que en 2014 el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, solicitó un soborno de 5 millones de dólares (El Economista, abril 16 de 2017).
Desacostumbrado a ejercer la autocrítica con la finalidad de enmendar los errores propios, es previsible que el presidente Peña no haga nada ─o no haga lo suficiente─ para esclarecer los casos de Grupo Higa, OHL y Odebrecht y, de ser necesario, fincar las responsabilidades administrativas y/o penales a que hubiere lugar.
Habrá que esperar la llegada a la presidencia de la república de un gobierno ajeno al PRI, para que sean auditados los procedimientos de las principales licitaciones públicas y de adjudicaciones directas y por invitación, de las principales ─y más costosas─ obras públicas realizadas, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Petróleos Mexicanos.
Asimismo, de igual manera deberán practicarse auditorias en los casos de compra de medicamentos y equipo médico para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Una cuenta pendiente más que aclarar en Pemex
Otro acto de corrupción donde está involucrado Lozoya Austin fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
Lozoya, aprovechó la coyuntura de ser director general de Pemex, para realizar numerosos viajes en helicóptero y avión a distintos lugares, entre ellos, a varios destinos turísticos nacionales, sin rendir cuentas a nadie. También efectuó 23 traslados a Estados Unidos. Viajes que, en su totalidad, originaron una erogación de 63.2 millones de pesos y contribuyeron a hacer todavía más frágil la situación financiera de Pemex.
El uso y abuso del transporte aéreo en que incurrió Emilio Lozoya es evidente y no debe quedar impune bajo ninguna circunstancia.