La aprehensión del ex fiscal de Nayarit en Estados Unidos por delitos contra la salud, saca a flote lo que la mayoría de los mexicanos sabemos de los órganos de procuración de justicia estatales: son el reino de Hades. Es el inframundo regional donde la criminalidad ha hecho su clivaje de impunidad y corrupción gubernamental.
El asunto, reducido a una controlada nota roja, es de mayor profundidad. Nayarit es catalogado como un estado de seguridad mediana, sin embargo en los trascendidos periodísticos nacionales, comentan que los negocios ilícitos abarcaban narcotráfico en todas sus modalidades -producción, almacenamiento, distribución, venta, control de rutas, pactos con cárteles- secuestro, tortura, extorsión, cobro de derecho de piso, control de “picaderos”, despojo de comercios, tráfico de armas y el lavado de dinero. Hay un mar de distancia entre las evaluaciones de los estados sobre su seguridad pública y lo que en realidad son.
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Para nadie es un secreto que las viejas procuradurías estatales, denominadas fiscalías, involucionaron convirtiéndose en reinos de ineficiencia, corrupción e impunidad gubernamental. En vez de alentar los principios de justicia rápida y gratuita, se convirtieron en una especie de viacrucis al inframundo de la corrupción, asentado en dichas dependencias por el cobro ilegal de servicios y la impunidad como resultante. La condición de víctima implica conocer en las fiscalías el reino de Hades.
Lejos quedaron las expectativas de la sociedad. Al momento de echar andar el nuevo sistema de juicios orales, las estructuras estatales resultaron insuficientes en sus conocimientos, en la nueva cultura jurídica de la mediación e incluso, en la información requerida para participar como actor jurídico sustancial en el nuevo sistema de justicia.
En el espacio del “no saber hacer”, que ha significado el tránsito de dichas dependencias, la delincuencia organizada sentó sus reales e instauró en diversos estados del país, verdaderos cotos de poder -incluso de corte transnacional, como el caso Nayarit- que aceleraron la destrucción del tejido social, incrementando exponencialmente costos en vidas humanas y desgaste social e institucional hasta el hartazgo.
No es el primer funcionario aprehendido y puesto en la cárcel. Han sido alcanzados ex gobernadores y funcionarios de distinta importancia. En cambio llama la atención que sea el gobierno estadounidense y no el gobierno mexicano el que acuse.
El asunto no solo es un escándalo público, refleja anquilosamiento del Estado mexicano en su conjunto.
Independientemente del desenlace acusatorio, el hecho muestra en sí mismo diversos déficits en el funcionamiento de las procuradurías estatales de todo el país, que apuntan a encarar públicamente la discusión de un tema estructural para la vida cotidiana de los ciudadanos.
En primer lugar, la acusación hacia el personaje mencionado es punta del iceberg. El asunto de fondo es que el ministerio público en México, representado por las procuradurías estatales o fiscalías, no tiene autonomía. Dependen en los estilos de funcionamiento, en los modos de operación y en su funcionalidad jurídica de los gobiernos estatales.
Son una dependencia más del ejecutivo estatal. Por ello mismo es la cara de la justicia sujeta a los vaivenes de la política dominada por los partidos políticos y ahora, por los candidatos independientes. A pesar de dicha atrofia, la autonomía del ministerio público ni siquiera es tema de debate. Los enclaves de corrupción en que se han convertido muchas de ellas, obligarían a discutir el tema de modo inmediato. ¿Por qué no ha entrado en la agenda democrática? Como lo muestra el caso Nayarit, las procuradurías estatales continúan siendo instancias estratégicas de control político, delincuencial y fuente ilegal de incentivos, razón por la cual no está en la agenda de discusión.
Desde una perspectiva democrática, una institución de justicia apuntaría a fortalecer el orden jurídico democrático. A procurar justicia simple y llana.
En órdenes democráticos débiles, como el nuestro, las fiscalías representan el punto álgido de control de las delincuencias regionales con el riesgo latente -dada la enorme flexibilidad y discrecionalidad en los mecanismos de control de confianza- de acabar colonizadas por la criminalidad. La alternancia en los gobiernos estatales hizo más complejo el funcionamiento. En su interior se desató una auténtica sicosis por la incertidumbre laboral a que se vieron sujetos sus miembros.
Un amplio segmento de su burocracia, sabe con certeza que el cambio de partido en el ejecutivo les depara con seguridad la calle, el despido. Al ganar un partido distinto, serán despedidos sin más. Si bien en las democracias, todas, funciona la política del botín como mecanismo de sustitución de cuadros gubernamentales, en México se acentúa el reparto de puestos en la administración de justicia con criterios políticos. Es más importante repartir o conservar cuotas que preservar la justicia.
El otro mecanismo de mejora del funcionamiento burocrático es el de la meritocracia, conocido como servicio profesional de carrera. En nuestro país es débil. A final de cuentas es un procedimiento poco relevante, incluso marginal y en no pocas ocasiones es manipulado para favorecer a personajes afines al partido que gobierna.
En un país con incidencia delictiva mediana o baja, como en Costa Rica, el efecto de la política del botín derivada de la alternancia partidaria es más o menos controlado. En México el criterio de administración por botín, en los órganos encargados de impartir y administrar justicia, provoca monstruos de corrupción.
El segundo impacto negativo se encuentra en las fallas de los sistemas de seguridad nacional.
No es verosímil que el ex funcionario actuara en solitario. El tipo de ilícitos y la gravedad de los mismos sugieren una red extraordinaria de complicidades, recursos y tiempo. Pero incluso, pensando que fue la acción delincuencial de un individuo, el problema de seguridad nacional es mayor. Las instituciones estatales son monitoreadas permanentemente porque su función buena, regular o mala, impacta notablemente en la estabilidad social, económica y política.
Hacia estas instituciones se dirigen filtros de controles jurídicos, políticos, de evaluación a su labor policial y de control de inteligencia de las dependencias federales. No son autónomas en lo que respecta a su relación con la seguridad de la nación mexicana.
¿Es creíble la ignorancia del gobernador de Nayarit respecto a lo que el fiscal hacia y no hacía? ¿Los órganos de inteligencia del gobierno federal no detectaron las actividades ilícitas del alto funcionario estatal?
Es evidente: este tipo de fallas de seguridad nacional aumentan la descomposición de las instituciones del país. No es tarde para que la opinión pública debata de modo amplio sobre el tema. Quedan muchas interrogantes en la mesa.