A un mes y días del cambio de estafeta en el gobierno del Estado, el resultado es vacío de poder. La mini gubernatura, muy pronto, empieza a darnos claves que indican la posibilidad de tener enfrente, ni más ni menos, que un experimento de dominio elitista fallido.
Aunque se pudo diferir la reforma -no todos los estados tendrán elecciones concurrentes en el 2018- dominó el cálculo político. La mini gubernatura se diseñó para consolidar una nueva elite política ajena al priismo local. Tal como van las cosas el núcleo político de la reforma ha significado la parte más débil. Voluntarismo en exceso sobre realismo; corre el riesgo de significar un salto al vacío.
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En el pecado arrastran la penitencia, dicen los sabios.
Y es cierto. La reforma, insistimos, pasó por alto las reglas escritas y no escritas de los ciclos de poderes institucionales estatales en el país. El diseño pretende mantener una especie de gobierno de sombra durante la mini gubernatura alterando rutinas legales de cierre de ciclos rígidos; el que se va acaba por transferir, quiéralo o no, las riendas de la administración pública.
A quien llaman en el ejecutivo federal para resolver todos y cada uno de los problemas locales es a quienes constitucionalmente se encuentra en dichas funciones; con quien resuelven los tres poderes federales, es con los titulares. Quienes responden los requerimientos de la cámara federal o del poder judicial federal, son los poderes constituidos. El gobierno legal y legítimamente constituido, se convierte en sujeto de responsabilidad administrativa. Por tanto deben resolver y ocupar en toda su amplitud el poder político y administrativo.
Las estructuras de gobierno estatales, independientemente de los periodos breves, enlazan, negocian, pactan, intercambian información, convienen, gestionan, conviven, deciden, con las estructuras federales. Con ellas interactúan e incluso, a ellas rinden cuentas, no solo por la dinámica de disciplina que genera el propio sistema político hacia su interior, sino y sobre todo, para maximizar resultados de gobernabilidad. Cuando esto no ocurre, se generan vacíos en la toma de decisiones, parálisis gubernamental y riesgo potencial de crisis amenazadoras de ingobernabilidad. El peor escenario.
En el sistema federal, los vacíos de poder estatales, derivados de actitudes medrosas, de modo inmediato son cubiertos por otros poderes. La rebelión municipal por la privatización del agua y el Organismo Público Descentralizado de ciudad modelo Audi ha generado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta pública del morenovallismo, es otro de los aspectos que abre flancos de debilidad de las autoridades constituidas.
En pocas palabras, la ausencia, omisión y reticencia en el (irracional) largo proceso de entrega-recepción, ha sido determinante para que actores institucionales -municipales y uno de los poderes de la federación- impacten en el orden social poblano para, incluso, crisparse por efectos no previstos por quienes impulsaron una reforma de naturaleza voluntarista.
No es novedoso el esquema para intentar perpetuarse en espacios locales. Ha sido ensayado. No hay excepción a la regla. El ejemplo reciente es lo que ocurrió en Coahuila con los hermanos Moreira. El ex gobernador terminó la confrontación filial en el exilio. Los experimentos de continuidad y/o continuismo estatal por lo general tienen un desenlace donde nadie queda a gusto.
Si de por si el periodo no ayuda, los factores de naturaleza política empeoran el asunto. La otrora elite compacta empieza a mostrar grietas motivadas por aspiraciones futuristas locales y nacionales. Complicadas por la adelantada y excluyente carrera presidencial al interior del panismo nacional.
Lo que se avizoraba como un espacio de competencia interna y de oportunidad, ha tenido un estrepitoso giro hacia la marginalidad donde no cabe la negociación sino el ostracismo político, con efectos locales en detrimento del grupo gobernante.
De la alianza ganadora pocos se acuerdan. Su núcleo, el Partido Acción Nacional vive en Puebla su peor momento. No es exagerado afirmar que sus facciones disputan, de modo cruento, espacios para ganar representación política para el próximo año. Incluso se avizora realineamiento de las estructuras municipales con el PAN nacional, lo que acabaría de dar la puntilla a la posibilidad de dicho partido para continuar con el poder político en Puebla.
El inicio real debió ser la noche del 5 de junio del 2016. La obcecación en los tiempos jurídicos, afectó los tiempos políticos del actual gobierno. Tampoco fue la mejor salida mantener a los mismos funcionarios en áreas estratégicas. La continuidad de los funcionarios golondrinos no ha hecho sino empeorar, a un ritmo mayor, los problemas de sus respectivas áreas.
Por una elemental y personalísima exigencia de decoro hacia ellos mismos, tendría que presentar su renuncia, el titular de la Secretaría de Gobierno y el Fiscal General del Estado. En ambos casos su quehacer es de escándalo por su probada incapacidad para resolver problemas que atañen a sus dependencias.
El gobierno actual tiene un escenario de oportunidad, lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Es su dilema: derivar en continuismo o volver a los orígenes. El primer escenario mostraría a los ciudadanos actitudes gubernamentales solo para “salir del paso”. No es la mejor salida. No ocurre ni siquiera en los países con un nivel de institucionalización alto. Y en todo caso cuando llega a ocurrir los efectos se dejan sentir en las urnas.
Volver a los orígenes es rescatar el sentido ciudadano. La renovación del equipo gubernamental mandaría pautas de gobierno acorde al interés público. La transexenalidad de los funcionarios desgasta anticipadamente, provoca crisis y descrédito.
Por lo general, el imaginario social asocia continuidad a continuismo.
Los ciudadanos votaron por un gobierno con nombre y apellido. Es un mandato constitucional y de legitimidad. El segundo mes no debe alimentar mayores dilemas. Veremos.
Gnares301@hotmail.com