Desde los días escolares profeso estima a la persona de Claudio X. González, aun cuando, prácticamente, nunca he coincidido con sus tesis y criterios, siendo el caso de la promoción que ha emprendido con la formación de la agrupación denominada “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” una de las excepciones a la inveterada divergencia en cuestión; al menos , por lo que hace a la clara y valiente exposición que la agrupación mencionada ha realizado ante la opinión pública respecto a las prácticas corruptas realizadas en nuestro país por el consorcio “ODEBRECHT”.
En tanto Emilio Lozoya Austin, en su carácter de director de la empresa productiva del estado “Petróleos Mexicanos”, suscribía contratos viciados de nulidad por su estirpe dolosa con el consorcio brasileiro, y derrochaba con motivo de su traslado diario una verdadera fortuna al decir de la Auditoría Superior de la Federación; Jales Asad fue torturado y asesinado en el sitio arqueológico de Palmira por los vándalos que han integrado hasta la fecha el denominado “estado islámico”.
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En tanto Emilio Lozoya Austin abría las puertas de nuestra industria petrolera a una empresa fraudulenta según denuncia la agrupación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” con fundamento en los datos que sus investigadores han recabado de la Auditoría Superior de la Federación; Jorge Alberto Lozoya Legorreta, a la sazón director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Puebla, emitía un Decreto para expropiar la superficie que abarca el sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula en el que, nada más y nada menos que la referida constructora brasileira habría edificado un centro de convenciones cuyo proyecto recibiría el nombre pomposo de “Plaza de las Siete Culturas”
En los informes dados a conocer en fechas recientes por la Auditoría Superior de la Federación se incluyeron significativas observaciones por lo que hace al gasto estatal en la zona arqueológica de Cholula, como por lo que concierne a la edificación y puesta en marcha del Museo Internacional Barroco, hoy este último, bajo la dirección del propio Jorge Alberto Lozoya Legorreta.
El brutal asesinato del arqueólogo Jales Asad en agosto del 2015, determinó que UNESCO declarara la protección especial de los vestigios, considerándola incluso como una carga obligatoria, determinada por la comunidad internacional a cargo de las partes beligerantes en los conflictos bélicos.
En consecuencia, y esgrimiendo lo dispuesto al respecto por la legislación nacional en materia de monumentos, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, resolvió en contra de la expropiación pretendida por Moreno Valle mediante el amparo 22/2015, fallo que impidió a ODEBRICHT y su clan beneficiario en México, los Lozoya, sumar a la depredación ambiental, el robo de hidrocarburos y el desfalco a la Hacienda Pública nacional el infame mérito de la destrucción de la memoria humana como lo hicieran en Palmira los señores de ISIS.