La celebración de los cien años de nuestra Constitución debería ser pretexto para reflexionar sobre la misma. Lo real es que ha faltado debate. Temas sustanciales constitucionales se encuentran ausentes del espacio público; controles efectivos a los tres poderes, mecanismos agiles de respuesta a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, partidas secretas sin control -entre otros- no aparecen por ningún lado. Incluso, la recurrente pregunta sobre su vigencia no abandona la ocurrencia.
La campaña publicitaria sobre sus 699 modificaciones es anecdótica, banal. Apunta a la superficialidad, su objetivo es dejar pasar el momento amargo de las voces críticas, por cierto escasas.
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Hacer tabla rasa de las modificaciones, sin establecer criterios discriminatorios, sin señalar qué tan importantes han sido los cambios, significa ocultar, engañar, manipular a la opinión pública sobre sus alcances y anacronismos.
Hay de reformas a reformas. No es lo mismo acotar cambios en usos y costumbres del sistema político, como por ejemplo, la entrega del informe del presidente por escrito, e igualarlas en trascendencia con las reformas privatizadoras de recursos públicos y naturales.
En el centenario ganó la nota inmediata descontextualizada. La estrategia ocultó la mayor significación para el país: los cambios constitucionales democratizadores se encuentran asociados a la emergencia de la sociedad mexicana como actor. Sin embargo aunque dicha acción tuvo efectos de cambio constitucional en otras esferas de la sociedad y las instituciones, no tocó bases de funcionamiento del sistema político mexicano. La presidencia de la república es un ejemplo. Se tendría que debatir sobre sus funciones.
Tampoco se han tocado temas espinosos para las autoridades; el débil sistema de sanciones para los gobernantes; la facilidad para ocultar información, el abuso desmedido de la publicidad de la obra gubernamental, el diezmo extendido ahora al legislativo federal, la revocación de mandato.
Al contrario de la que ocurre con la Constitución de la Ciudad de México que introduce controles sobre las autoridades, (el referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, revocación de mandato, el reconocimiento de la ética pública, la consideración de criterios de austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, la inclusión social, la rendición de cuentas y el señalamiento de control de la gestión y evaluación), el ejercicio del poder federal, estatal y municipal sigue siendo discrecional, opaco, con amplios poderes, sin mecanismos efectivos de sanción para actos de corrupción, negligencia o incapacidad gubernamental.
Las obligaciones gubernamentales en todos los niveles no contemplan las figuras de “democracia directa, representativa y participativa, de interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración”, como si lo hacen los principios rectores del artículo 3 de la constitución citadina.
La orientación es muy definida. Las funciones de los ejecutivos de la CPEUM apuntan a sostener franjas autoritarias. La Constitución de la CDMX abre perspectivas de mejora democrática en los controles de la acción gubernamental.
Un punto más del debate es el fuero del que gozan los representantes populares, incluido el presidente. La protección originaria suponía blindar funciones y garantizar una real separación de poderes, e incluso desincentivar venganzas políticas y/o personales. Sin embargo, el fuero dejo de tener su significado genuino cuando la presidencia dominó los otros dos poderes. En el largo autoritarismo el fuero se convirtió en patente de corso para cometer diversas tropelías tanto en el abuso de la gestión pública como en las conductas personales. En el México patrimonial acabó extendiéndose incluso para amigos y familiares; se convirtió en pesadilla para los ciudadanos de a pie. La sociedad asocia el fuero a impunidad, arbitrariedad, corrupción, intolerancia, desprecio hacia el ciudadano.
En el sistema político mexicano, el fuero constitucional convierte en dioses a simples mortales. No tiene sentido mantenerlo en nuestra centenaria Constitución.
Otra referencia del desfase Constitucional, es la revocación de mandato en todos sus niveles. ¿Qué impide generar mecanismos constitucionales para implantar, como mecanismo de control de la acción gubernamental la revocación de mandato? Evidentemente la cultura patrimonial y la laxitud de la letra constitucional.
En el México Pos transicional la oposición que llegada al poder en automático se auto- coloniza: piensa, se comporta, ejerce el poder y comparte los valores de la etapa autoritaria. Son escasas las administraciones genuinamente republicanas.
La razón de la ineficacia se encuentra en el control casi personalizado de la hacienda pública en todos sus niveles. Es claro, las lagunas legislativas, la supresión de facto de los controles de gestión, provocan obras mal planeadas y peor ejecutadas a lo largo y ancho del país. Un buen antídoto sería la revocación de mandato plasmado en la letra constitucional. El gobernante se obligaría a entregar buenos resultados de gobierno. Estaría en la mira de la ciudadanía y sería un potencial instrumento para disminuir actos de corrupción.
En un sistema político como el mexicano, con ausencias notorias en la agenda democratizadora, la discrecionalidad en el gasto público se convierte en un extraordinario instrumento corruptor.
Sin oposición auténtica, genuina, el partido que domina la administración pública se convierte en el vértice con capacidad incluso para decidir y/o condicionar la participación electoral.
¿Es útil mantener la rigidez del periodo de los representantes? No.
El país necesita actores comprometidos con el fortalecimiento del orden democrático. Un punto sustancial de la agenda es pugnar por reformas que acoten las atribuciones de antiguo régimen y ello se puede suprimiendo el fuero, introduciendo la revocación de mandato y los demás dispositivos de control que ha incorporado la Constitución de la Ciudad de México.
Los avances constitucionales de la ciudad-capital, seguramente estarán pendiendo sobre el estilo vertical y autoritario que aún acusa el sistema político mexicano, derivado de los desfases y anacronismos constitucionales.
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