Bastante escasos son los habitantes de la capital de la República Mexicana que se enteraron que el domingo 5 de junio de 2016 habría elecciones para elegir únicamente a 60 de los 100 diputados locales que integraron la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Asamblea que tuvo por objetivo revisar, discutir y aprobar ─a rajatabla─, el documento que se elaboró por instrucciones del jefe de gobierno capitalino, para que diera origen a lo que ahora es la Constitución Política de la Ciudad de México.
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En 2016 la población de la capital del país se estimaba, en cifras cerradas, en 9 millones de habitantes. De ellos, 7 millones 378 mil 309 tenían derecho a voto, según el listado nominal de ese año. Y de éstos solamente 2 millones 92 mil 721 personas acudieron a depositar su voto.
Lo que significa que en la elección donde se eligió al 60% de los integrantes de la asamblea constituyente, apenas votaron 28 de cada cien electores y 233 habitantes de cada mil.
Estas cifras revelan la escasa representatividad que tuvo el órgano encargado de aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. Se trata del fracaso más rotundo que incorporó a su haber político el jefe de gobierno capitalino.
Por la forma autoritaria como Miguel Ángel Mancera Espinosa dispuso el cambio de nombre del Distrito Federal, así como por la manera arbitraria como se redactó ese documento y por la antidemocrática integración de la asamblea constituyente, la Constitución Política de la Ciudad de México es un documento cuestionable.
Debido a ello, la integración de la llamada asamblea constituyente resultó un cochinero.
También fue antidemocrática porque 40% de los diputados constituyentes fueron designados por instancias públicas, que en una ciudad que es considerada democrática, resultan totalmente ajenas al poder legislativo local. Como fueron la presidencia de la república, la jefatura del gobierno capitalino, el Senado de la República y la cámara federal de diputados.
El presidente Enrique Peña Nieto nombró 6 legisladores. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa seleccionó otros 6. El Senado de la República escogió 14 e igual cantidad, la Cámara de Diputados.
Por consiguiente, ninguno de estos 40 diputados constituyentes, que integraron ese mazacote seudo legislativo, representaron nada ni a nadie.
De los 6 supuestos constituyentes que designó el presidente Peña Nieto, sobresalió uno de los dinosaurios del PRI. Augusto Gómez Villanueva, quien fue líder de la Confederación Nacional Campesina durante el régimen del presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de la Reforma Agraria con Luis Echeverría Álvarez y la señora Claudia Pastor Bobadilla, quien fue jefa de la Coordinación Jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, durante la administración de Enrique Ochoa Reza, y al salir éste de esa institución pública para presidir el comité ejecutivo nacional del PRI, ella cobró un finiquito de un millón 108 mil pesos por 2.5 años de servicios.
Ochoa Reza y su equipo de colaboradores se embolsaron más de 15 millones de pesos al dejar los cargos que ocuparon en la CFE.
Por lo que se refiere a los 6 constituyentes que correspondió habilitar al jefe de gobierno capitalino, Miguel Mancera, el diputado más destacado fue Alejandro Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, quien durante el gobierno de José López Portillo fue secretario de Educación Pública y secretario del Trabajo y Previsión Social con el presidente Luis Echeverría Álvarez.
Muñoz también fue líder supremo del PRI y del PRD.
De los diputados constituyentes emanados del Senado de la República, sobresalieron el priista y líder vitalicio de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), Joel Ayala Almeida, y la perredista Dolores Padierna. Quien a pesar de ser cónyuge del corrupto señor de las ligas, René Bejarano, no ha sido atacada con la misma saña que la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Mientras a la señora Padierna, los caníbales de la política mexicana no la han tocado ni con el pétalo de una rosa, a la señora Zavala la han tratado de destrozar por pretender la candidatura presidencial en las elecciones de 2018.
Los constituyentes más relevantes aportados por la Cámara de Diputados para revisar, analizar y discutir el proyecto de la constitución política de la CDMX, fueron el expresidente municipal de Metepec y sucesor de Arturo Montiel Rojas (tío de Enrique Peña Nieto) en la gubernatura del Estado de México, César Camacho Quiroz y el célebre diputado del PRD, Jesús Valencia Guzmán.
Este celebre paradigma de la burocracia que lucra con las adquisiciones y obras públicas de las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo, tuvo un accidente automovilístico conduciendo una lujosa camioneta (valuada en más de un millón de pesos) que según dijo, le prestó un contratista que trabajaba para la delegación Iztapalapa cuando él era el jefe delegacional.
Miguel Mancera, en esa ocasión, se comprometió públicamente a efectuar una investigación para fincar las responsabilidades que ameritó el caso.
Nunca se conoció el resultado de la supuesta investigación y menos, aún, si se aplicó alguna sanción a Jesús Valencia Guzmán. Lo único que se supo de este señor, es que la Cámara de Diputados, de la que es integrante, por el PRD, lo seleccionó para ser investido como diputado constituyente de la Ciudad de México.
Asumiéndose como la versión chilanga del presidente Venustiano Carranza, quien el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ─que a su vez reformó la Constitución del 5 de febrero de 1857 promulgada por el presidente Ignacio Comonfort─ el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acompañado del secretario de Gobernación del gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong, promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Misma que entrará en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018.
Después de realizar la promulgación de ese documento en las instalaciones del Palacio del Ayuntamiento, Mancera ocupó una franja de la explanada del zócalo para celebrar públicamente ese acontecimiento en compañía de un grupo de 30 bomberos y 2 o 3 mil trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino que fueron acarreados con la finalidad de convertir ese evento en un acto preelectoral en beneficio de Miguel Ángel Mancera y hacer creer que a los incautos que el jefe de gobierno capitalino tiene posibilidades de ganar la presidencia de la república en 2018, al grito de ¡Mancera, presidente! ¡Mancera, presidente! y ¡Se ve, se siente, Mancera será presidente!
Unos días antes de participar en el papel estelar de ese espectáculo circense, Mancera aseguró que la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México fue un “evento histórico (porque) es un legado para la ciudad y se hizo (mediante) un consenso político importante” que refleja la voluntad democrática de los habitantes de la Ciudad de México.
El documento en cuestión es reiterativo en muchos aspectos. Machaconamente repite derechos que están contenidos en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente son aplicables a todo los mexicanos ─independientemente de la entidad federativa donde residen─ y otros, que son extensivos a personas de diferente nacionalidad, como los derechos humanos, de libre expresión, de impartición de justicia, de profesar cualquier creencia religiosa, de libre tránsito en el país, así como los derechos a la educación y a la salud, entre otros.
Asimismo, la ley suprema capitalina, establece los derechos a la vida digna, a la alimentación y la nutrición, a la vivienda, al desarrollo sustentable y al trabajo, pero no menciona cuáles son las instituciones ─públicas o privadas─ a quiénes los diputados constituyentes adjudicaron la responsabilidad de dar cabal y puntual cumplimiento a tan nobles mandatos constitucionales.
El numeral 4, del inciso C, del artículo 7 (en vez de artículo séptimo, como debió escribirse), revela que los ilustres y distinguidos constituyentes chilangos no saben lo que firmaron o tienen tendencias dictatoriales, porque al final del referido párrafo se alcanzaron la puntada de advertir que en la Ciudad de México las manifestaciones públicas serán impedidas al entrar en vigor la constitución de la CDMX porque el texto que firmaron establece que: “Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.”
Podría continuar comentando otros aspectos de tan cuestionable documento, pero este espacio tiene límites.