La constitución política mexicana, que hoy cumple cien años y que ha sido modificada por diputados y senadores –motu proprio o por iniciativa presidencial- más de 700 veces, puede transformarse, deformarse, volver a conformarse o, de plano, morir, sin que el pueblo mexicano –verdadero sujeto de la nación-, cambie su marcha o deje de visualizar su vocación y su horizonte histórico hacia el futuro.
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Hubo pueblos –y sin duda los sigue habiendo- que no tienen una constitución, o que no constituyen un estado propiamente hablando, y siguen siendo naciones reales. Israel, desde la destrucción de su templo y desde la diáspora, se dispersó por el mundo y casi dos milenios después, hasta 1948, se constituyó en un estado con territorio y leyes propios. Digamos que en este caso no había estado pero sí había nación: la nación judía.
Varias naciones, inclusive, estuvieron sometidas a un solo estado; ejemplos de ello fue el imperio romano que absorbía a las naciones al tiempo que las conquistaba; o la Unión Soviética que fue impuesta a naciones tan diversas como Kazajstán, Usbekistán, Kirguistán o Turkmenistán; o bien, del lado oeste: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania o Georgia. Todas estas naciones estaban sometidas al estado soviético. Cuando éste cayó, junto con su constitución y sus leyes, desapareció la URSS, pero no estos pueblos. Por tanto, no es lo mismo el pueblo que el estado, ni el pueblo o nación, que la constitución.
Es verdad que lo idóneo es que un pueblo tenga una forma jurídica de organización, es decir, que constituya un estado y sus diversas instituciones que le den cuerpo jurídico. Pero la realidad es más amplia que una mera formalidad: tan es así que las leyes pueden ser –suponiendo que lo sean- buenos diseños, pero que en la realidad no se apliquen, o se apliquen mal, o se apliquen de acuerdo a los intereses de los grupos de poder, o a los intereses de quienes tengan dinero para comprar jueces o aplicadores de las leyes y sus reglamentos, como ha ocurrido con harta frecuencia en el país, dando como resultado que muchos inocentes, o delincuentes menores estén en la cárcel, y muchos que se han enriquecido con el erario del pueblo (o si se quiere, de los contribuyentes), no sólo gocen del dinero mal habido, sino que ocupen los principales cargos en el estado.
El pueblo es el sujeto real que vive en un tiempo y espacio determinados, es un ser social espacio temporal. En esa dimensión, por ejemplo, en cuanto ser histórico, el pueblo es una nación: nace, vive, se desarrolla y muere en el tiempo, en la historia. Como las personas, las naciones también mueren, también dejan descendientes y herencias. El pueblo egipcio, el griego, el romano y muchos otros ya no viven ahora pero han dejado legados de cultura y civilización que hoy han dado vida a otros pueblos y a otras naciones. Así, pues, la nación es el pueblo que camina a lo largo del tiempo: pasado, presente y, sobre todo, futuro. México, en este sentido, desde su pasado, compuesto por comunidades dispersas y diversas, su encuentro con España, su independencia y sus diversas luchas y transformaciones hasta nuestros días, y lo que vayamos haciendo para este ya comenzado siglo XXI, es el pueblo histórico que tiene proyecto. Como decía Ortega, una nación lo es sobre todo cuando tiene futuro, cuando construye su futuro. México en ese sentido sigue siendo una nación, independientemente de su constitución política (que sólo es la formalidad del estado). El estado mexicano es la forma jurídica del pueblo mexicano, su manera de organizarse. Pero el pueblo es más que el estado y va más allá del estado. Por eso el pueblo es más que su constitución.
El problema, a mi modo de ver, es cuando el estado –como forma de organizarse y detentar el poder público- atenta contra el pueblo. Y ello ocurre cuando se le endiosa, se le fortalece indebidamente, se le vuelve un ente absorbente que dirime todo y se mete en todo. Ese estado como fórmula burocrática de control total que denunció no Orwell en 1984 (su novela clásica), sino Kafka en El proceso o El castillo: la fuerza, el poder y la arbitrariedad del funcionario sobre el ciudadano. Cuando la finalidad del estado, tal como lo querían y lo plantearon los clásicos griegos y romanos, es servir precisamente al ciudadano.
En México, gracias a una cultura positivista –ya en desgracia para el pensamiento contemporáneo-, o a una doctrina hegeliana mal entendida –que endiosa las instituciones estatales como pináculos no del pueblo sino de las “formas jurídicas”, y no tanto como “espíritus del pueblo”-, la constitución ha sido endiosada y, al mismo tiempo, manoseada, es decir, se la ha convertido –por parte de los mismos “constitucionalistas”- en un fetiche al que se adora irracionalmente, pero, en manos de los poderosos, se la somete a capricho modificándola para fines pragmáticos de dinámicas políticas o económicas.
Tampoco han de confundirse el estado y la patria. El estado, como se ha sugerido, es la forma de organización jurídica del pueblo. Pero el pueblo puede vivir sin organizarse jurídicamente: basta su identidad, su lengua, su tradición, su proyecto futuro (de ahí que la esperanza, el futuro, la tierra prometida jueguen un papel determinante para su existencia), sus vínculos entre sus miembros y sus generaciones. Eso no significa que el estado sea irrelevante: se vuelve importantísimo cuando está al servicio de sus miembros y del pueblo, de su tradición y de sus proyectos. La patria es el pueblo que vive hoy presente en el tiempo y el espacio. Es el existente presente, el México vivo, no el oficial, sino el vital, como volviera a decir Ortega.
En suma: un pueblo vive más de sus esperanzas, de sus proyecciones, de imaginar y construir su futuro, de ese querer ser impulsor de sus afanes, que de sus formalidades, que de sus leyes, máxime cuando éstas no se respetan o se manosean por parte de los poderosos o, todavía peor, de sus funcionarios. La constitución debe revisarse y adecuarse para servir al pueblo, y para expresarlo. Sólo así México podrá estar –y cito de nueva cuenta a Ortega- a la altura de los tiempos.