La resolución que tomó en semanas pasadas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –de permitirle hablar sobre sus “logros” de gobierno– es, desde la mirada de Moreno Valle, una “razón (de ser de) la democracia”, que también debe impedir –para lo que pide a los legisladores federales revisar el modelo de comunicación política– campañas políticas disfrazadas de comunicación institucional, nada condenable si no se rigiera bajo la máxima de “hágase la voluntad del INE-TEPJF en los bueyes de AMLO, ANAYA, ZAVALA, pero no en los míos”, aclarando que la adecuación del dicho supone, igual que el original, que todos tienen animales de dicha especie en propiedad y no un calificativo personal.
Más artículos del autor
Y es que, aunque Moreno Valle hable de “interpretaciones subjetivas” derivadas de “lagunas en la ley”, y se manifieste por la construcción de “reglas” claras, también señala que éstas deben ser “aplicables a quienes abiertamente han manifestado su intención de participar en el proceso electoral de 2018”, cuidando siempre “el derecho a la libertad expresión de todos los mexicanos”, derecho bajo el cual se ampara ya que bajo el: “Podré seguir hablando de los cambios que hemos logrado en Puebla y los que necesita el país sin ser sancionado por nadie”, como si nadie supiera que, más que hablar de sus logros de gobierno, también anda en campaña por la candidatura presidencial, sólo que, por no reconocerlo abiertamente (cosa que sí ha hecho) debiera estar libre de sanciones.
Con resoluciones como éstas, uno no puede evitar pensar: “Lástima de tanto dinero pagado a los magistrados electorales que parecen no notar dicha simulación” pues con ello permiten lo que aparentemente no quiere Moreno Valle, campañas políticas disfrazadas.
Poder desenmascarar desentrañar situaciones como éstas hacen necesario destacar elementos subjetivos, de difícil asidero, del discurso político y de la práctica política morenovallista, para demostrar que nos encontramos frente a un tipo experto en el manejo de la subjetividad, lo que le ha permitido conseguir todo aquello que se ha propuesto, explotando los resquicios legales que él, o su equipo de colaboradores, han podido identificar, usando todos los recursos a su alcance, que no cualquiera puede tener, y que se ha afanado en multiplicar.
En primer lugar, conviene señalar que democracia no es sólo libertad de expresar los logros de uno como gobierno, y esta libertad tampoco es sinónimo de libertad de expresión, tampoco es permitir campañas políticas disfrazadas, y menos leyes electorales aplicables sólo a quienes han expresado abiertamente su deseo de ser candidatos en el 2018.
Democracia supone libertad de expresión, reglas claras y precisas que eliminen subjetividades, pero también es, siguiendo a los clásicos, un “sistema político que facilita la oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobierno y sus antagonistas“ y que “se caracteriza por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos” (Dahl, 1971:13-14) y para que ello exista deben existir instituciones que garanticen la: 1) Libertad de asociación, 2) Libertad de expresión, 3) Libertad de voto, 4) Elegibilidad para el servicio público, 5) Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo y luchar por el voto, 6) Diversidad de fuentes de información, 7) Elecciones libres e imparciales, y 8) Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.
De tal manera, la existencia de elecciones libres e imparciales permite hablar de democratización pues permite medir el nivel de debate y de representación, por ello debemos analizar de qué manera ocurren las elecciones en Puebla.
En este orden de ideas, “si un sistema político niega la participación por medio del voto a una parte de su sociedad, no permite oposición en las elecciones, o ésta es presionada, o censurada, o si los votos son manipulados o mal contados” es un sistema no democrático, mientras que el fracaso constante del principal partido de oposición para ganar espacios suscita preguntas que conciernen al grado de competencia permitido por el sistema, del mismo modo que “los golpes militares, la censura, las elecciones controladas, la coerción y la violencia sobre la oposición, la cárcel para los oponentes políticos y la prohibición de las reuniones políticas son incompatibles con la democracia.”, mientras que, “Elecciones, apertura, libertad y juego limpio son la esencia de la democracia”, así como las limitaciones al ejercicio del poder, evitando siempre que ella se convierta en una fachada para que grupos no elegidos democráticamente ejerzan más poder, (Huntington, 1994: 21-25).
En este sentido, juego limpio, libertad de expresión, derecho a competir por el poder, y diversidad de fuentes de información, son temas centrales que detallaremos a continuación como una manera de ir desenmarañando qué pasa en Puebla, entidad inmersa en la disputa por el poder nacional pues cuenta con un gobernador con aspiraciones presidenciales, para lo cual presume sus logros y defiende el poder difundirlos, pero al mismo tiempo oculta los contrastes que a la vista de muchos son los principales rasgos que distinguen a la entidad, y que cuestionan dichas aspiraciones de alguien a quien ven como un peligro para México.
En primer lugar destacan, como hechos recientes, la sanción a Eduardo Rivera por irregularidades durante su gestión como presidente del municipio de Puebla, sólo que ella aconteció hace 3 años, en 2013, y hasta ahora se revisa por la Comisión Inspectora del Congreso, coincidentemente, cuando se destapa como operador en territorio poblano de la principal opositora a las pretensiones morenovallistas, Margarita Zavala. Pueden aducirse muchas cosas, lo cierto es que el plano difundido para ubicar los lugares de las obras irregulares muestra que no se le dedicó mucho tiempo a fundamentarlo pues señalan un lugar de nombre Zabaleta, que al menos yo, no conozco que exista en Puebla, y menos donde ellos lo sitúan (PERIÓDICO CENTRAL, Diciembre 19, 2016). Este procedimiento fue aprobado con 26 votos a favor de los siguientes partidos: PAN, PANAL, PT y PCP, 9 en contra del PRI y MC, 1 abstención del PRD y una excusa. En otras palabras, se aprobó sólo con el voto favorable de la coalición gobernante, los partidos de oposición votaron en contra, ante ello, tanto Eduardo Rivera, como muchos actores políticos señalaron persecución política de cara al proceso electoral del 2018.
Situación semejante queda en evidencia con el caso de Ernestina Fernández en Tehuacán, a la que se trata de forma semejante y la cual enfrenta dos disyuntivas, se ampara ante la SCJN o se plega a la voluntad de Moreno Valle e intenta negociar para solventar su situación ante el Congreso del Estado, garrote político del sexenio junto a la Auditoria Superior del Estado, y tantas otras instituciones, tanto públicas como privadas que se plegan a la voluntad del poder, como es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para quien Puebla cumple al 100% con sus requisitos de Transparencia, aunque fuentes de mayor credibilidad como Nexos (García Moreno, Juan Pablo. 1 de mayo de 2016) señalen que el manejo de sus recursos sigue siendo opaco y cita como ejemplo el fideicomiso avalado por Moreno Valle con Evercore-Protego, no sujeto a ninguna ley de trasparencia y que involucra el 100% del ISN estatal durante los próximos 50 años, que tan solo para el año 2014 alcanzó la nada despreciable suma de 2 mil 35 millones de pesos, y si cada año fuera igual, llegaría a 100 mil millones al final del periodo.
En este punto es conveniente señalar que el endeudamiento estatal no sólo es culpa del ejecutivo, también lo es del congreso local --como acontece en muchos otros estados--, pues ha ayudado a mantener la opacidad en las cuentas publicas, ya que aprueban, en sesiones breves y sin ninguna observación, las cuentas publicas de sus ejecutivos, tal como pasó con la del 2016 en Puebla, aprobada el pasado 9 de diciembre, con unanimidad de votos, y donde un analfabeta metido a diputado, Rosalío Zanata, dice que las dudas quedaron zanjadas pese a la exigencia de senadores y académicos de investigar los señalamientos de deuda oculta del ejecutivo estatal.
La efectividad del gobierno queda en entredicho cuando bajamos al análisis rubro a rubro, por ejemplo, sobre la pobreza, los datos disponibles del CONEVAL muestran que la pobreza en el estado pasó de 3 millones 616 mil 264 habitantes en 2010 (61.5%) a 3 millones 878 mil 116 en 2012 (64.5%) y 3 millones 958 mil 800 (64.5%) en 2014; es decir, el porcentaje de personas en pobreza aumentó de 61.5 a 64.5 por ciento en 4 años, en tanto la pobreza extrema pasó de 1 millón 001 mil 700 personas en 2010 (17%) a 1 millón 059 mil 100 (17.6%) y 991 mil 300 (16.2); es decir, bajó de 17 a 16.2 por ciento en 4 años, cifras que colocan al estado en el cuarto lugar nacional, sólo por arriba de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Para darnos una idea sobre la evolución de este indicador, conviene señalar que según la Sedesol, en 1995 la población pobre en Puebla era de sólo 2 millones 279 mil 316 personas (49.28% del total poblacional estatal), cifra sólo superada por las de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, aunque en porcentaje de incidencia era mayor en Tabasco, B.C. sur, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Chiapas, Tlaxcala, Gro., Nayarit, y S.L. Potosí (Marissa Macías, El Financiero 15 de octubre de 1998).
Estas cifras muestran la ineficacia de las estrategias antipobreza de Moreno Valle y de los gobiernos anteriores, pues pese a que el gasto público ejercido en el periodo (de 2010 a 2014) aumentó más del 48 por ciento (al pasar de 54 mil 220 millones en 2010 a 80 mil aproximadamente en 2014) y pese a que el estado es una de las principales economías del país.
El bajo nivel de desarrollo de la entidad, o los altos índices de marginación, quedan en evidencia si recurrimos a otros indicadores, tales como los de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 que señala que en el estado el 29.6 por ciento de la población, es decir, 1.5 millones de personas, no tienen acceso a los servicios de salud, cifra que para 2014 bajó a 21.2% (1 millón 225 mil poblanos), o los del CONEVAL, quien dice que entre 2008 y 2010, el indicador de población en condición de pobreza por vivienda se incrementó en 13 mil personas, pasando de un millón 153 mil a un millón 166 mil.
Otros temas de la gestión morenovallista, como el asunto de las ciclopistas, emblemas de una ciudad moderna, han sido mostradas como descuidadas y superfluas (e-consulta, 6 de julio 2016), o la famosa “ley bala”, aprobada por el Congreso el 19 de mayo de 2014, nuevamente con los votos del PAN, PRD y PANAL, pero en este caso con el de todos los partidos representados en él, ocasionó la represión en Chalchihuapan el 9 de julio del mismo año y costó la vida del niño José Luis Tlehuatlie, por la que no hubo procesados y de la que a la fecha sigue vigente la condena de la CNDH y la solicitud de resarcimiento de daño y disculpa pública, sin olvidar los feminicidios, que superan los 70 sólo en este año (sin embargo, 27 de agosto de 2016), se han convertido en lastres que cuestionan los logros de Moreno Valle. Sin olvidar el asunto de la deuda pública, que según el diario sin embargo (27 de agosto de 2016), era en febrero de 2011 de 9 mil 104 millones de pesos pero que actualmente según Eudoxio Morales, investigador de la BUAP, supera los 70 mil millones.
Para agravar el nivel de credibilidad en los gobiernos, la política y las instituciones, durante las elecciones de junio de 2016, el PREP en Puebla, a cargo de Proisi, sufrió dos caídas, sin olvidar que se le contrató pese a un historial de quejas por manipulación de resultados y a un elevado costo. Las denuncias de Morena (La jornada de oriente, 9 de junio de 2016) y de los candidatos de oposición por manipulación de boletas electorales fueron corroboradas por el conteo final de votos que mostró grandes inconsistencias con el PREP. Asimismo, la balacera del 22 de julio contra ambulantes en el centro de Puebla, documentada por la prensa, radio y tv (Tribuna noticias, 22 julio 2016) no ayuda, al contrario.
Podemos concluir diciendo que Puebla es un estado socialmente en retroceso, con indicadores sociales y económicos desfavorables, con altos niveles de endeudamiento, y corrupción, con graves problemas de inseguridad producto de grupos dedicados a actividades ilícitas vinculadas a la gasolina, estupefacientes, extorsiones, secuestros, robos, tráficos ilegales, etc., muchos de ellos con la complacencia o al amparo de las autoridades, otros frente a su incapacidad.
Ante ello es necesario contar con propuestas más serias, que pongan en el centro del quehacer político el desarrollo del país, lo que pasa por garantizar la seguridad, la primacía de la ley, la mejora constante del nivel de vida, etc. Desarrollar obras de infraestructura vial, cultural o gubernamental, no basta, debemos invertir en la gente. Puebla ya no es un paraíso, al contrario, y si no queremos algo parecido para México debemos alzar la voz. El turismo no es una buena apuesta, además de que con inseguridad las grandes obras terminarán siendo elefantes blancos. Al tiempo.
Bibliografía:
Dahl, Robert A (1996) La poliarquía, 1ª. Reimpresión, Editorial Rei, México.
Huntington, Samuel P. (1994) La tercera Ola, España, ediciones Paidós Ibérica.
http://www.e-consulta.com/nota/2016-12-18/politica/celebra-rmv-decision-de-tepjf-y-se-lanza-contra-amlo
http://www.e-consulta.com/medios-externos/2016-12-19/lalo-rivera-coloco-concre-to- hidráulico-de-papel-en-calles-de-puebla
García Moreno, Juan Pablo. Illades, Esteban. Estado, elecciones y deuda. Nexos. 1 de mayo de 2016.
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/POBREZA_INGRESOS_MEXICO_WEB.pdf
PERIÓDICO CENTRAL, Diciembre 19, 2016
Nexos (García Moreno, Juan Pablo. 1 de mayo de 2016)
Marissa Macías, El Financiero 15 de octubre de 1998
La jornada de oriente, 9 de junio de 2016
Tribuna noticias, 22 julio 2016
Descarga aquí la versión para imprimir de la Revista Punto de Vista