Parece que el presidente Enrique Peña Nieto es un servidor público con mala suerte, que está predestinado a que todo, o casi todo, de lo que hace le salga mal. Iniciando su gobierno logró hacer rápidamente lo que sus antecesores no lograron realizar a lo largo de sus respectivos sexenios. Unificar la voluntad y acción de los partidos políticos de derecha, centro e izquierda, a cuyos dirigentes convenció de suscribir el Pacto por México y de aprobar, en el espacio legislativo, sus proyectos de reformas estructurales.
Sin embargo, no hubo de transcurrir mucho tiempo para que ese espectacular arranque de su gobierno, en materia política, se desvaneciera, agravando el problema de la ingobernabilidad que se viene arrastrando desde la administración de Vicente Fox. Ingobernabilidad que continuó con el disimulo de Felipe Calderón y que adquirió características de catástrofe nacional con Enrique Peña Nieto.
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Con el reajuste, a la baja, que hará el gobierno federal en el presupuesto de egresos del próximo año, se ha desatado en el país, y particularmente en la Ciudad de México, una campaña sistemática contra esa medida y, por consiguiente, contra el gobierno del actual presidente.
Miguel Ángel Mencera Espinosa, jefe de gobierno de la capital del país, encontró en la anunciada reducción del presupuesto de egresos federal del año próximo, no sólo un escaparate para exhibirse públicamente ante los reflectores de los medios informativos (que no pocos de ellos le hacen el juego), con vista a la elección presidencial de 2018, sino la posibilidad de asumirse como defensor de oficio de los habitantes de la Ciudad de México, al señalar que esa medida afectará los programas sociales locales, diversos servicios públicos como el suministro de agua potable, la impartición de justicia, el sistema de transporte colectivo Metro y el de la recolección y confinamiento de la basura.
De ahí que para crear un capital electoral que le ayude a conseguir su postulación a la presidencia de la república, le puede resultar de alta rentabilidad política haciendo aparecer al presidente Peña Nieto, como responsable de todo lo malo que pueda ocurrir a la Ciudad de México por la supuesta carencia de recursos financieros.
Ese golpeteo lo lleva a cabo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien es secundado, en esa tarea de ablandamiento, por su secretaria de Gobierno, Patricia Mercado; su secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky y su secretario de Salud, Armando Ahued, entre otros colaboradores suyos más.
Las deficiencias que tienen que ver con el suministro de agua potable y con el mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica, que ahora se resaltan a causa del recorte presupuestal, no provienen de éste sino que vienen arrastrándose desde 20 años atrás.
Los gobiernos constitucionales perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y el propio Miguel Ángel Mancera, nada hicieron por atender, en sus respectivos mandatos, el problema que se dice puede hacer crisis de un momento a otro. Lo mismo sucedió con los gobiernos sustitutos de Rosario Robles y Alejandro Encinas Rodríguez.
Como parte de la cadena de lamentos manceristas por el recorte presupuestario, hace tres días, el director general del Sistema de Aguas de esa entidad, Ramón Aguirre Díaz, advirtió, en la sede de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que el recorte financiero que sufrirá en 2017 el organismo que dirige, pone en riesgo el suministro del agua, debido a que esa medida restrictiva meterá, a la ciudad, según dijo, “en un serio problema en menos de dos años, pues no alcanzará (la partida presupuestal recortada) para atender los retos existentes.”
Sin embargo, después de leer en la prensa y escuchar en los medios electrónicos las declaraciones tremendistas de Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que si la economía de la Ciudad de México se paraliza por el recorte presupuestal (como acaba de declarar en la ciudad de Miami) se paralizará el país, se puede pensar que la ejecución de los proyectos de la capital del país dependen del gobierno federal y no del gobierno local. Cosa que no es ni puede ser verdad, por la sencilla razón que la capital del país es la entidad federativa que recibe y maneja la más alta recaudación fiscal a nivel nacional.
Para colocar las cosas en su justa dimensión, veamos lo que sobre el tema de las finanzas públicas se afirma en el preámbulo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.
En la página 4, segundo párrafo, de ese documento se dice textualmente que: Debido a su dinamismo económico y su alta recaudación de ingresos propios, que incentivan un ambiente económico y financiero sano en la capital del país, la empresa consultora especializada en finanzas publicas Aregional, le otorgó a la Ciudad de México el primer lugar en el índice de política económica, financiera y fiscal 2015.
Tres páginas adelante, la referida consultoría, afirma en el “Indicador Compuesto de Capacidad para Generar Ingresos 2012-2014”, que el Distrito Federal, fue la entidad que tuvo mejor desempeño, a nivel nacional, al ocupar el primer lugar con una calificación de 100 puntos. Muy arriba del promedio general que fue 34.8 puntos.
Dentro de esa dinámica, la tendencia de ingresos del Distrito Federal es creciente. Al tercer trimestre de 2015, la totalidad de éstos alcanzaron la cifra de 150 mil 693 millones 800 mil pesos. Cifra que significó un crecimiento real anual de 6% y superó en 17.8% el monto considerado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de ese año. (Página 8, primer párrafo).
Con la finalidad de atender “la prestación de servicios por el suministro de agua” el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, presupuestó 6 mil 271 millones 275 mil 987 pesos para el ejercicio fiscal 2016. (Página 28).
Se sobrentiende que esos recursos financieros presupuestados por el gobierno de Miguel Mancera son los necesarios para atender eficazmente el suministro de agua a la población durante el actual ejercicio fiscal. De no ser así, el gobierno mancerista habría cometido un imperdonable error, cuya gravedad sería mayor como consecuencia de la condonación de los adeudos ─por consumo de agua potable─ y sus correspondientes recargos moratorios que decretó hace seis meses, con una retroactividad de cinco años a favor de miles de consumidores morosos que habitan en 217 colonias ubicadas en las delegaciones políticas donde triunfó el PRD en las elecciones del 5 de junio de 2015.
No es la primera vez que Miguel Ángel Mancera Espinosa dilapida fondos públicos irresponsablemente con el propósito de ganar adeptos para su pretendida candidatura ─por el PRD─ a la presidencia de la república. Lo ha hecho muchas veces y en diversas formas. Hace un par de semanas regaló más de tres mil cobijas a campesinos capitalinos que marcharon hacia diversas dependencias del gobierno federal en busca de apoyos económicos.
También ha decretado condonaciones en el pago del impuesto predial, así como de multas y cargos por morosidad.
Los programas asistenciales que maneja su gobierno, Mancera los ha prostituido al manejarlos con inocultables fines electorales. Acostumbra reunir en lugares abiertos a beneficiarios de esos programas (personas de la tercera de edad, discapacitados y madres solteras) para que lo retraten abrazando a algunos de ellos.
El colmo de la demagogia, de la irresponsabilidad y ramplonería
El 15 de marzo de 2016, Mancera dio a conocer un bodrio al que puso el nombre de “Programa Borrón y Cuenta Nueva” que lo sacó de su chistera para condonar la totalidad de los adeudos por suministro de agua, así como de los respectivos recargos e intereses moratorios, en beneficio de dos millones de habitantes de 250 colonias situadas en 13 de las 16 delegaciones políticas que integran el territorio de la Ciudad de México. De este absurdo beneficio fueron excluidas las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo que son gobernadas por dos miembros del PAN.
Mancera se abstuvo de señalar el costo financiero de este programa porque no sabe a cuánto asciende. Pero trató de ocultar su ignorancia, advirtiendo: “Es una acción que se permite la Ciudad de México, debido a que tenemos finanzas sanas a que estamos en una operación financiera sana y eso nos da la posibilidad de poder trabajar de manera sólida este compromiso social.”
Si es verdad que las finanzas citadinas son sanas, no se justifica el lloriqueo de Mancera por el recorte presupuestal. Si no lo son ¿por qué diablos dilapida fondos públicos que deberían destinarse a mejorar el servicio de suministro de agua?
Hoy, Miguel Ángel Mencera aprovecha la coyuntura que ofrece el recorte del presupuesto de egresos del gobierno federal para llevar agua a su molino electoral.
Es de esperar que por el bienestar de México y los mexicanos fracase en su intento de ocupar la presidencia de la república a partir de 2018. Porque los daños que ha causado a la Ciudad de México, con su mal gobierno, los replicaría en el país en perjuicio de más de 120 millones de mexicanos.