Han pasado dos años de aquel 26 de septiembre de 2014, donde 43 normalistas habían acudido al municipio de Iguala para tomar camiones que serían llevados a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los cuales utilizarían para participar con un contingente en la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México.
El grupo de estudiantes tenían en promedio 19 años, la mayoría de origen campesino, fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente de acuerdo a la versión oficial de la Fiscalía General de la República, fueron brutalmente asesinados y sus cadáveres incinerados con llantas al aire libre, en el basurero de Cocula, Guerrero, por un grupo del narco o al menos, esa fue la “verdad histórica” que el gobierno federal quiso (a costa de todo) imponer.
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Pero a pesar de todas las mentiras y todos los obstáculos interpuestos por el gobierno federal, lo que prevalece, es que los 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada, más no de homicidios, ya que a la fecha, sus restos no han sido localizados, la cual, es el resultado de la participación de todos los ámbitos del gobierno, donde cada vez es más evidente la intervención del ejército y de los más altos mandos, incluidos el Secretario de la Defensa y el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Esto, en razón de que su absurdo argumento fue refutado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), situación que obligó al gobierno federal a permitir la intervención de un grupo de expertos independientes, en las investigaciones del caso y que evidenciaron el cúmulo de mentiras y absurdos que la PGR había expuesto como verdad real de los hechos.
A dos años de éstos hechos tan lamentables y que han significado un parteaguas en la administración del presidente Peña Nieto en que la impunidad nos ha dejado sin saber dónde está la verdad. Con tan sólo una investigación, que según la PGR sigue abierta, pero en la cual no se avanza en las líneas de investigación apropiadas y señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Un caso paradigmático que resume lo que está fundamentalmente podrido en el país: Las policías, el Ejército, la Procuraduría General de la República, los peritos.
Situación que además, ha dejado un coste demasiado cruento, ya que, los asesinatos en ese municipio del norte de Guerrero han repuntado hasta en un 45% tras la desaparición de los estudiantes en 2014. Según los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015, el primer año que Iguala fue vigilada por fuerzas estatales y federales, fueron asesinadas 105 personas, lo que representa un incremento del 45% en el número de homicidios, con respecto al año anterior; las muertes por arma de fuego, por ejemplo, se incrementaron un 136%.
Luego, durante 2016, la tendencia en el aumento de los homicidios dolosos ha continuado: durante el periodo enero-agosto de este año, fueron asesinadas 96 personas, lo que representa el número de homicidios más alto de los últimos seis años, para este periodo.
Este crimen de estado es el resultado de muchos, muchísimos, intereses que proteger, de una incompetencia manifiesta que ha sumido al gobierno federal en el mayor desprestigio a nivel nacional e internacional y ha sacudido profundamente la conciencia del pueblo mexicano. Ayotzinapa es un microcosmos de lo que sucede, día tras día, en un país de fosas clandestinas, de desapariciones forzadas, de casi 28,000 mexicanos que nadie encuentra. Un patrón de reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, líneas rojas y fuerzas intocables.
Pero a pesar de lo anterior, no cejaremos en nuestro derecho de saber;
1. ¿Cuál fue el paradero de los normalistas? Porque a dos años de su desaparición, aún no se sabe claramente qué ocurrió con los jóvenes.
2. ¿Por qué se insiste en que fueron incinerados en el basurero, a pesar de que el peritaje hecho por José Torero, experto en fuego, evidencia que en el lugar, no existen indicios, que demuestren, que haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar ni un solo cuerpo?
3. ¿Cuál fue el verdadero papel del Ejército durante la noche de Iguala? Ya que éste ha sido uno de los puntos más criticados. Se sabe que durante el 26 y 27 de septiembre los militares adscritos a esa zona monitorearon cada paso de los normalistas. En el centro de control (C-4), donde convergen autoridades municipales, estatales y federales, los soldados vieron en las cámaras el desplazamiento de los estudiantes y recibieron reportes de los ataques.
4. ¿Cuál fue la verdadera causa de la brutal agresión a los normalistas? Pues ésta resulta ser el principal misterio que encierra el caso Ayotznapa, aunque para los expertos independientes, los estudiantes llegaron a Iguala después de que terminó el evento de la esposa de Abarca y que posiblemente durante la toma de autobuses retuvieron (sin saberlo) un camión que transportaba algún cargamento oculto de heroína. Esto explicaría la saña y la cacería despiadada que emprendieron esa noche los criminales y policías en contra de los jóvenes.
5. ¿Por qué la Policía Federal, decidió hacer oídos sordos a este crimen? Puesto que una línea de investigación develada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril pasado involucra a dos policías federales, que llegaron al lugar de los hechos y no hicieron nada para impedir la consumación del delito.
6. ¿Por qué la tortura a testigos? El grupo interdisciplinario de la CIDH denunció que numerosos informes médicos recogían lesiones físicas en casi 80% de los declarantes, la CNDH también ha informado que abrió 4 expedientes de queja por posible maltrato, 11 por detención arbitraria y 47 por la comisión de posibles actos de tortura.
7. ¿Por qué tanta obstrucción en este caso? En su informe final el GIEI acusó dilaciones, obstrucciones y bloqueos del Gobierno mexicano al trabajo realizado en el caso Ayotzinapa, acusando verdaderas barreras estructurales.
Todas estas interrogantes tendrán que ser satisfechas por las autoridades federales o de lo contrario aceptar el precio histórico de convertirse en el gobierno que destronó al de 1968, como el más cruento y sanguinario de México.
[El autor es director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C.]