El 13 de agosto de 1986 se promulgó una ley que formalmente se fundamentaba en el párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución pero que, en realidad , reglamentaba el artículo 7° del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 en el que se regulaba el tópico concerniente a las sanciones contra prácticas desleales de comercio y, en consecuencia, la correspondiente fijación de aranceles extraordinarios anti-dumping; la promulgación de la referida ley anunciaba nuestra incorporación ese mismo año al GATT.
El GATT reconocía como su principio rector “la clausula de la nación más favorecida con enfoque multilateral”, de manera que cualquier prebenda o beneficio que un miembro del acuerdo extienda a cualquier otro se entiende concedido de inmediato a todas las partes contratantes del acuerdo general, y, señalada como una de las excepciones al referido principio, el texto mismo del GATT reconocía la existencia de las “zonas de libre comercio”.
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En los primeros años 90, la última de las rondas de negociaciones en el seno del GATT de 1947, bautizada con la denominación de “Ronda Uruguay” se había estancado dejándose entrever con ello el eventual surgimiento de una guerra comercial entre los Estados Unidos, Europa y Japón cuyo auge no se había topado con el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y que coincidió por lo demás con el “terremoto de Kobe” y que ha determinado el estancamiento del Japón desde entonces.
En tal tesitura comenzarían las negociaciones para conformar la zona libre de comercio ampliado de América del Norte, una excepción a la multilateralidad de muchos millones de habitantes que representan en intercambio comercial un porcentaje muy considerable del producto mundial y que, como dijera la ridícula y cursi campaña de la época, terminaría abarcando “del Yukón a Yucatán”; lo cual, de más está decir, constituía algo más que una excepción, no en balde, la “ronda Uruguay” del GATT sería destrabado en 1995 ante la conclusión de las negociaciones de la América del Norte mediante la suscripción de los “Acuerdos de Marraquech” que darían nacimiento a la Organización Mundial de Comercio y cuyo primer aspirante a presidir sería nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari.
Por aquellas fechas en medio de los debates ventilados con motivo de las negociaciones del denominado TLCAN, mi maestro y amigo, el senador José Ángel Conchello Dávila, escribió un libro que resulta profético, “TLC Callejón sin salida ( México debe decir no)”; a lo largo de último cuarto de siglo, la vida en México ha girado en torno al Tratado de Comercio Libre de América del Norte (en castellano el adjetivo se escribe después que el sustantivo) pero, hoy por hoy, las controversias desatadas en la campaña por la Casa Blanca deja en claro que a partir del 8 de noviembre, el ciclo del TLCAN habrá finalmente concluido; en clara correlación, por lo demás con el estancamiento al parecer insalvable de la Ronda Doha de la OMC, en torno a tópicos como la producción agrícola, los servicios y los derechos de propiedad intelectual, curiosamente, los mismos que estancaban las negociaciones de la “Ronda Uruguay” hace ya más de 30 años.
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