Para Puebla los periodos de gobierno cortos no son extraños a su historia. Desde 1911 al 2010, han transcurrido 32 gobiernos de dos años e incluso de menos tiempo; explicados por las turbulencias del periodo pos revolucionario.
El próximo gobierno en el estado de Puebla será una gestión corta pero con mayores retos y responsabilidades que sus antecesores similares.
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A diferencia de los interinatos, renuncias anticipadas, voluntarias o bien obligadas durante la centuria pasada, el gobierno de José Antonio Gali Fayad es efecto de una reforma constitucional motivada por consensos políticos orientados a empatar elecciones federales, estatales y municipales.
Sin lugar a dudas dicha plataforma otorga certidumbre jurídica y márgenes específicos de gestión gubernamental. La legitimidad alcanzada en las pasadas elecciones es un agregado primordial. Todo parece indicar un periodo terso, de trámite, de mejoramiento de la gobernabilidad en el estado.
En tales condiciones, la definición del gabinete sería de trámite, sin aspavientos estridentes. No es así. Paradójicamente la fortaleza constitucional y el nombramiento de su equipo de trabajo representan el mayor reto para el gobernador electo.
El periodo de gestión 2017-2018, impone asegurar procesos de responsabilidad administrativa de mayor eficiencia y eficacia en escenarios adversos. La sociedad requiere del próximo gabinete resultados rápidos ante los nubarrones de tormenta desatados en el gobierno federal por decisiones equivocas respecto al entorno económico nacional e internacional, política interna, seguridad pública, Derechos Humanos y relaciones diplomáticas.
Las exigencias son mayores para el gobernador electo. En extraordinario son complejas, de mucha exigencia de sagacidad y oficio político: el dólar arremete por enésima ocasión contra el peso, convirtiéndose en un factor que puede desequilibrar fatalmente la economía mexicana; el precio del petróleo no repunta. Aunque el presupuesto contempla la protección de la cotización a través de un programa especial, los hidrocarburos dejaron de ser la fuente preponderante de financiamiento estatal, impactando negativamente en el presupuesto para el próximo año. La trayectoria histórica del sistema político mexicano pone en evidencia que la escasez de recursos económicos genera un caldo de cultivo propicio para sobre dimensionar problemas políticos económicos y sociales.
El contexto nacional no es de normalidad democrática ni de brillo de las instituciones democráticas. La figura presidencial atraviesa su peor momento.
A contrario de lo que se pudiera pensar, el debilitamiento del presidente de la república disminuye drásticamente la eficacia de los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida institucional. La debilidad del ejecutivo a contrario del sentido común, no fortalece los poderes estatales municipales. El Sistema político mexicano se encuentra instalado sobre un diseño federalista. Son escasos los periodos de confluencia más o menos armónica entre poderes regionales y ejecutivo federal. Este es uno de ellos. La debilidad del presidente atrofia dicha dinámica.
Con Peña Nieto se ha ensanchando el espacio de los poderes facticos de diferente naturaleza, que privilegian intereses de grupo por encima del interés público. Si de por sí al actual gobierno federal le cuesta comprender la importancia estratégica de la asociación de lo público con el proyecto de nación federal, la debilidad al extremo del presidente, la disminución factual de sus márgenes de decisión por la proliferante intermediación de dichas fuerzas, pueden provocar una verdadera esquizofrenia en el ejercicio de la función pública en los estados, creando escenarios de ingobernabilidad.
¿Con quién gestionar? ¿Puede un presidente débil ser garante de acuerdos? Si la figura presidencial no lo es, el escenario de riesgos de la próxima administración estatal se incrementa inusitadamente. Más claro no puede ser. Una de las claves determinantes para el éxito es la conformación del equipo de trabajo. El gabinete de gobierno representa el punto de enlace y factibilidad para alcanzar buen gobierno.
Se requiere un equipo de trabajo de responsabilidad extraordinaria; que esté a la altura de las circunstancias nacionales y de los retos estatales en cuanto a satisfactores de seguridad pública, empleo, salud, cuidado del entorno ecológico, respecto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, justicia, Estado de derecho; con probada experiencia, oficio político, de extrema racionalidad en cuanto al logro de metas, con experiencia en manejo de escenarios de riesgo económico, político y de seguridad además y sobre todo de lealtad probada con el gobernador electo.
La ciudadanía espera victorias rápidas en todos los rubros, que no es lo mismo que victorias mediáticas. El tiempo político es un tiempo relámpago. No hay espacio para dilaciones, distracciones o ensayos de aprendizaje. El desfavorable manejo de la política federal y el encrespamiento nacional son un espejo histórico de acicate para fortalecer ejercicios de buen gobierno. Puebla debe ser un referente de ello.
Estará presente siempre el riesgo de las derrotas rápidas.
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