A punto de cumplirse cuatro años de que el PRI regresó a la presidencia de la República cualquier análisis serio sobre el desempeño de Enrique Peña Nieto y las consecuencias para las y los mexicanos arrojará que estamos peor que antes. Después de las "reformas estructurales" nadie en su sano juicio puede decir que han servido para mejorar las condiciones económicas, sociales o políticas de la población. Una breve revisión de las reformas más trascendentales nos dará una imagen de lo que se prometió y sus resultados.
I
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La primer gran reforma fue la laboral, una reforma legal que vendieron como la fórmula para la creación de empleos. Esta reforma consistió en flexibilizar las relaciones laborales entre patrones y empleados, es decir, hacer más fácil y sencilla la forma de contratar y despedir trabajadores, siempre con ventaja para los empleadores.
Se decía que con la reforma laboral se crearían cerca de quinientos mil empleos tan sólo al momento de su aprobación, que permitiría a los jóvenes obtener experiencia rápidamente al poder ser contratados a prueba, que se abrirían fuentes de empleo especializado con las nuevas inversiones que abundarían. El resultado es diametralmente opuesto, la pauperización del empleo, la baja en los salarios, el recorte de plazas, el despido de empleados con antigüedad para evitarse el pago de jubilaciones entre otras tragedias ha sido la constante.
Peña Nieto afirma que se ha creado un millón de empleos. Al margen de revisar la cifra, podemos afirmar que la inmensa mayoría de esas plazas son de niveles con salario de apenas un poco más del salario mínimo. La fuente de esa información es el IMSS, lo que no se dice es que un número considerable de las altas ante ese instituto es por personas que trabajan por su propia cuenta, muchas de ellas en el comercio informal, en el subempleo para decirlo con claridad. Eso no puede ser considerado como la creación de empleo formal, es una manera de manipular la información para aparentar avances. Un gobierno de mentiras permanentes.
La mayor oferta que el gobierno mexicano hace a inversionistas extranjeros es la mano de obra barata. La materia prima que más exportamos es justo la mano de obra. Esta reforma fue votada mayoritariamente en contra por la fracción del PRD en el Senado.
En cuanto a la reforma en telecomunicaciones, una reforma constitucional y legal, podemos decir que el propósito original de ella fue permitir la competencia en telefonía y televisión abierta. Se justificaba dado que Televisa y TV Azteca son empresas que se han beneficiado por la falta de legislación para permitir abrir el espectro y lograr más concesiones a fin de otros inversionistas puedan participar de ese mercado, al igual que en el caso de Telmex. Bajo la expectativa de lograr minimizar en algo el poder de estas empresas es que el PRD votó a favor de la reforma constitucional. Sin embargo la presión de las televisoras ocasionaron que en la reforma legal se desnaturalizara el objetivo de esta iniciativa y las al final televisoras mantuvieron gran parte de sus prebendas y protección, incluso Televisa ha ganado mayor control de ese ya de por sí jugoso mercado. Esta reforma, en la parte legal, fue votada en contra por el PRD.
II
Llega su turno a la reforma educativa. ¿Qué decir de ella? Una reforma que tiene como fondo el control político de los docentes antes que una verdadera preocupación por la calidad educativa. Una reforma que inicia por la parte administrativa dejando de lado el grave déficit de infraestructura. Hoy existen miles de niños que no tienen un salón digno para recibir la instrucción adecuada. Lo deseable era que se iniciara por atender este grave déficit de infraestructura educativa, que nuestros niños y jóvenes pudieran contar con escuelas con agua potable, energía eléctrica, drenaje, servicio de internet y computadoras.
El modelo educativo tardó casi tres años para darse a conocer y se debe a la crisis en la que la CNTE metió al gobierno, que se hace una propuesta más bien apresurada. Esto que debió ser parte principal de una verdadera reforma educativa, elaborada con la participación de quienes están al frente del grupo, no es lo que más les interesaba. De buscarse en verdad mejorar la educación en México la parte administrativa, la evaluación del magisterio era el tercer paso a seguir, después de darles capacitación. El magisterio no se niega a ser avaluado pero es claro que lo que se busca es el control político de casi un millón de maestros por lo que significan electoralmente.
En la reforma educativa no quisieron incluir la educación de los pueblos indígenas, no tuvieron la sensibilidad para entender que en los pueblos originarios se defiende gran parte de su cultura, de sus tradiciones, se defiende su lengua. No puede haber un solo modelo educativo, debe reconocerse la diversidad en que vivimos.
Una falla más de esta reforma fue el no reconocer que a partir de las diferencias étnicas, socioculturales, económicas y de desarrollo el presupuesto no puede repartirse con el criterio de la matrícula escolar, con este criterio las escuelas pobres seguirán siendo pobres, aquellas donde el número de estudiantes es bajo por la densidad poblacional nunca recibirán lo que requieren para tener condiciones óptimas. No puede tratarse como iguales a los desiguales, se debe privilegiar la solidaridad con los que menos tienen, por tanto el presupuesto debe considerar una mayor inversión para las escuelas con mayor rezago.Es por estos y otros muchos argumentos que votamos en contra, tanto de la reforma constitucional como la legal.
III
Analicemos ahora a la más perjudicial de todas las reformas estructurales, la energética. En este análisis me voy a detener un poco más dado su impacto no sólo económico sino también de afectación a la soberanía.
El pasado 12 de agosto se cumplieron tres años de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante el Senado de República la iniciativa de reforma constitucional para modificar el régimen de los hidrocarburos y la electricidad, abriendo totalmente la explotación de estas actividades a la inversión privada y al libre mercado. Los argumentos erróneos y las falsas promesas que Enrique Peña Nieto junto a su partido, el PRI, y sus aliados políticos, PAN y PVEM, expresaron para impulsar la Reforma Energética, culminaron un proceso de desmantelamiento de la industria para permitir a las empresas privadas su participación, en detrimento de la soberanía nacional y la rectoría del Estado en esta materia.
Para PEMEX, la Reforma Energética ha significado un constante debilitamiento a partir de regulaciones asimétricas y disminución de los beneficios o compensaciones establecidas en la misma Reforma.
Un ejemplo de esta acción deliberada para debilitar a PEMEX radica en el daño patrimonial derivado del incumplimiento a lo señalado en el párrafo quinto del Artículo Sexto Transitorio de la Reforma Constitucional, que establece la obligación de resarcir a PEMEX el valor de sus inversiones hechas en las áreas de explotación que finalmente quedarán en manos de privados.
La Secretaría de Energía durante casi dos años no emitió ninguna disposición tendiente a reconocer el "justo valor económico" de las inversiones de Petróleos Mexicanos. Cuando al fin los emitió resultaron ser contradictorios y limitan el alcance del “justo valor correspondiente”, con ello pretende que a PEMEX sólo se le reconozcan alrededor de 4,600 millones de pesos y no los más de 70,600 millones de pesos, a que asciende el valor de las inversiones afectadas en las áreas totales no retenidas por PEMEX en la Ronda Cero. Esto es que con dinero de los mexicanos se realizó la investigación para determinar los yacimientos petroleros, en muchos casos se invirtió en infraestructura para su aprovechamiento y ahora con la apertura llegan las empresas privadas a explotar sin hacer inversión en investigación, como se dice: peladito y a la bolsa.
La promesa hecha por Peña Nieto hace tres años aduciendo que la Reforma Energética fortalecería la economía nacional y consolidaría el bienestar de las futuras generaciones, resultó simplemente una mentira más.
Otro aspecto que agrava la crisis petrolera mexicana es la extracción de petróleo mexicano; después de la reforma se ha dejado de invertir y es por eso que se profundiza su caída al pasar de 2.5 millones de barriles extraídos por día en 2012 a 2.1 en 2016, alejándose cada vez más de la otra falsa promesa que profetizaba una extracción promedio de 3 millones de barriles por día en 2018, con una creación de quinientos mil empleos.
Hasta ahora, a través de la llamada Ronda 1, el gobierno de Peña Nieto ha entregado en concesión a empresas privadas, en su mayoría extranjeras, 791 Km2 y se ha obligado a entregar, antes de que termine el año de 2016, 23.8 mil Km2 adicionales, en su mayor parte en áreas marinas. Lo que significará el 33% del mar territorial perteneciente al Golfo de México.
El gobierno anunció también que en 2017 inicia la Ronda 2 de licitaciones para nuevas concesiones, donde ha ofrecido áreas marinas que suman 8.9 mil Km2, por lo que, en 3 años, el gobierno priista entregará el 44 % del mar territorial del Golfo de México a un puñado de empresas petroleras que lo podrán explotar de manera exclusiva por 35 años.
La libre importación de gasolinas que decretó Peña Nieto, el pasado mes de abril, como parte de la reforma energética no ha contribuido a reducir los precios de ese combustible. Los consumidores mexicanos compran más cara la gasolina. En diciembre de 2012, el precio de las gasolinas Magna y Premium fueron respectivamente de 10.81 y 11.37 pesos por litro; hoy, ambos combustibles alcanzan precios de 13.96 y 14.81 pesos. Es decir, 29 % más caros. Los automovilistas, antes, podían llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna con 432 pesos, mientras que ahora lo hace con 558 pesos.
Las tarifas de energía eléctrica también van en ascenso con incrementos superiores al 10 %. El gobierno afirma que a la mayoría de los consumidores domésticos no se les ha aumentado, pero si el industrial que fabrica el pan o las tortillas paga más por electricidad y por gasolina forzosamente lo repercute en el precio final de esos alimentos, afectando a las familias más pobres.
A tres años de emprender el mayor golpe contra la Nación y la población mexicana, se reconoce tímidamente que no fue el mejor momento para la apertura total a las empresas privadas, que cada día empeora más las finanzas y las operaciones de Pemex, que el futuro para el país luce sombrío en materia energética y, para terminar, los consumidores de combustibles contribuyen a tapar los hoyos fiscales que este gobierno federal ha abierto y pretende ocultar.
IV
Como se puede observar el futuro para la nación no es promisorio, la economía está estancada, no existe la creación de empleos ofrecidos, los salarios no recuperan su poder de compra, la violación a los derechos es algo cotidiano, la delincuencia lejos de ser vencida se apodera de más territorio.
A cuatro años de gobierno de este PRI, el del grupo Atlacomulco, México sufre un desastre en todos los rubros. Una verdadera pesadilla.
[El autor es Senador de la República, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República]