Las instituciones gubernamentales, en cualquier parte del mundo, requieren de la mayor cantidad de información posible. En general, las decisiones administrativas, económicas o políticas, que involucran los destinos de colectividades, necesitan de insumos: números, series estadísticas, resultados de encuestas. No es una cualidad sólo de regímenes democráticos, es un requisito indispensable de funcionamiento de cualquier organización política o de cualquier gobierno, así sea el más democrático o el más autoritario.
Las definiciones políticas, desde formas embrionarias de gobierno, ocurren gracias a información. Entra más, y mejor sea, mejores posibilidades de resultados coyunturales, de mediano alcance o estratégicos.
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La información lo es todo, sin información no hay nada. Salvo en nuestro país.
El debate, critica, cuestionamiento sobre los insumos cuantitativos de la administración pública mexicana fue desatado por la difusión de los resultados de la encuesta Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Las cifras que presentó dicho instituto el viernes 12 de julio pasado, muestran mejoría económica de las familias de menores ingresos. En el 2015, la décima parte más pobre de la población subió sus ingresos entre el 11 y 29.5 por ciento –dependiendo del estado- en comparación con lo percibido en el 2014. Lo cual sería indicativo de una reducción de la pobreza en México y por lo tanto estaríamos ante una sociedad menos desigual.
El optimismo de inmediato fue cuestionado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y destacados especialistas en el tema. El asunto no es menor. El INEGI fue creado en 1983, con el objetivo de otorgar información de “calidad, pertinente, veraz y oportuna” al Estado mexicano sobre territorio, población y economía. A contrario de tal supuesto, los resultados mostrados generaron malestar y desconfianza en la opinión pública.
Las críticas, suficientemente argumentadas, abarcan dimensiones de orden metodológico, social y político. Afirman expertos que los resultados no son verosímiles por haber sido derivados de encuestas hechas a familias aleccionadas para tal fin, lo que destruiría su certeza metodológica e invalidaría los resultados. Julio Boltvinik Kalinka, destacado especialista, sostiene “que es imposible un avance así sin que haya habido un cambio estructural en la economía.”
La información, incluso, ha generado sospecha de intromisión institucional. No sería extraño el manejo pernicioso de datos para mostrar la pertinencia de la política social del sexenio actual y especialmente para preparar el camino mediático de la próxima contienda presidencial. Con un efecto agregado: desvirtuar las voces críticas de la sociedad y las demandas de los sectores que claman por un cambio de rumbo de la política económica.
El debate no ha concluido. El INEGI está obligado a explicar y responder los cuestionamientos, que son severos en muchos casos. En principio por las consecuencias para la toma de decisiones gubernamentales en materia económica y especialmente en materia social y de combate a la pobreza. Con dichos datos no hay posibilidades de corrección. Se reafirman la política de desarrollo social. De por si cuestionadas por los sectores hacia dónde va dirigida. Lo que abre puertas para estancar el presupuesto dirigido a los sectores más vulnerables. Los datos son relevantes por sus consecuencias.
Las cifras convierten al organismo evaluador en voz secundaria y dañan el trabajo disciplinario que interviene en la política social. El CONEVAL es la principal institución para evaluar los resultados de operación de programas gubernamentales. Incluso emite recomendaciones para optimizar objetivos, metas y acciones de Política de Desarrollo Social. En otras palabras: es uno de los pocos soportes serios de la administración pública mexicana. Creado en el sexenio de Vicente Fox, ha aportado insumos de calidad para las instituciones mexicanas referentes al combate a la pobreza. La encuesta señalada pone en entredicho la posibilidad de contar con buena información.
Se acentúa la desconfianza en el manejo de información. Malo para la sociedad porque queda en penumbras respecto a lo que pasa efectivamente y sobretodo porque la imagen que el gobierno federal proyecta dista de lo que el ciudadano percibe de modo cotidiano.
Al parecer la crisis de credibilidad gubernamental se sigue acentuando en el fin de gobierno y de régimen.
Dentro de todo, hay que congraciarse con la academia, especialmente la que labora en el CONEVAL. La respuesta fue rápida, con argumentos de peso, sólidos y conocimiento de causa.
Hay coincidencia en la reflexión: las elites políticas viven su ficción sustentada en datos duros.
gnares301@hotmail.com