“Si no luchamos juntos nos matarán por separado”.
Ernesto “Che Guevara”.
Más artículos del autor
De acuerdo con las múltiples pifias que ha presentado la implementación del nuevo sistema de justicia panal acusatorio, claro nos queda que sociedad civil, jueces, ministerios públicos y autoridades policiacas no llegamos juntos, porque básicamente como suele acontecer en nuestro país los recursos no se aplicaron en su justa dimensión y sólo se hizo un gran alarde publicitario, ello no obstante que desde el ocho de junio de 2008, en el estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron acuerdo de coordinación e instalación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal y más aún que de 2010 a 2014, la federación, por conducto de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia entregó a Puebla subsidio en el orden aproximado a 94 millones 500 mil pesos, monto que a la fecha ha sido prácticamente triplicado.
El nuevo sistema penal acusatorio implementado en el país es de suyo un conjunto de procesos transparentes y eficaces para reducir la enquistada corrupción que derrumba a toda una nación, aspecto este inentendible para una clase política acostumbra al saqueo y a encontrar en las grandes obras y proyectos la opción de allegarse de recursos. Por tanto, lejos está nuestra clase política de afrontar con probidad y honradez un esfuerzo relevante que ciertamente conlleva riesgos, empero que representa la construcción de un moderno estado de derecho. Los desaciertos que se enfrentan en Puebla, tienen su origen en un básico equivoco, esto es, en la implementación gradual e inicial de dicho sistema en zonas de alta marginación en el estado, que como dije en otras ocasiones representaron laboratorios de conejillos de indias donde jueces, ministerios públicos y policías hicieron de las suyas con errores garrafales; y en este sentido cabe el cuestionamiento: ¿Por qué irse a practicar con el miserable, con el pobre entre los pobres, con quien carece de recursos para su defensa técnica? La respuesta es sencilla y está en la mente de usted, inteligente lector.
En efecto es la capital del estado una zona politizada con no menos de nueve universidades que imparten la carrera de derecho y por ende hubiese sido en la capital donde las pifias de las autoridades judiciales y ministeriales tendría una severa crítica, aspecto este que se trató de evitar a como diera lugar. En la página de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia en el estado, se leen los nombres de un grupo que se denomina “Docentes certificados”, se trata de abogados que fueron privilegiados por el estado hace dos años, para obtener dicha certificación y llama la atención que algunos incluso ya no laboran para la Fiscaliza General, porque fueron cesados o renunciaron tras obtener su certificación con vigencia a junio de 2016; más todavía que en dicha lista no aparecen jueces que ya se encuentran ejerciendo bajo el nuevo esquema de justicia penal.
Los nutridos recursos que recibió el estado para actualizar y certificar a su personal en la administración e impartición de justicia evidentemente que no tuvieron el noble fin, por ello cabe hacer mención básica que los bienes jurídicos que tutela la norma penal entre otros son la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad y la salud, por ello, si las autoridades no hicieron su trabajo a tiempo, seguro estoy que están atentando desde ahora contra dicha tutela jurídica que se ve pisoteada incluso con la designación de un Fiscal General cuyo nombramiento por el Ejecutivo y ratificación por el Congreso debió ser impugnada por la Procuraduría General de la Republica y/o fiscalía General de la Nación, por vía de una controversia Constitucional como sucedió en Veracruz y Quintana Roo; al no acontecer así sólo nos queda decir que en el pecado cargaremos la penitencia, pues en Puebla desde la fiscalía general del estado se controla a la denominada fiscalía Anticorrupción y además, al ser controlado el Poder Judicial desde dicha fiscalía como en la realidad acontece, jueces, magistrados y ministerios públicos siguen siendo uno mismo, lo cual vulnera en el nuevo sistema penal acusatorio los principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes. Será la sociedad como siempre quien pague alta factura a los desaciertos que hoy se cometen y si no al tiempo, amable lector.
jurídico_rangel@hotmail.com