La violencia hacia las mujeres no es propia de este gobierno, pero este sexenio no ha hecho lo suficiente para asegurar los derechos fundamentales ellas. En una sociedad patriarcal los derechos de toda niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor, indígena, pobre, blanca, morena, afrodescendiente, heterosexual, lesbiana, discapacitada, todas ellas viven agresión, violencia, discriminación, exclusión, humillación por parte de un hombre. Sin embargo, lejos de favorecer políticas que favorezcan el ejercicio de los derechos de las mujeres, el Estado mexicano efectúa una serie de prácticas contra algunas de ellas contrarias a su discurso político. De esta manera la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios realizados por policías federales, estatales y municipales, miembros de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. No basta con torturar para los agentes del Estado, su labor va hasta la vejación, la humillación y el escarnio, tal como se establece en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México, de Amnistía Internacional México.
Históricamente, el reconocimiento de las mujeres ha implicado un enfrentamiento entre las fuerzas constituidas asimétricamente opuestas en y desde lo social, lo cultural, lo económico y lo político. El patriarcado ha logrado enfrentar las necesidades generales y específicas de la población entre hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. No obstante, en todas esas relaciones asimétricas de poder siempre priva una idea masculina hegemónica: poder sobre los demás.
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La violencia y la agresión están pensadas en masculino, están definidas por sus representaciones de género e ilustradas por las prácticas homoconstructoras de ajenidad de todo lo que sea concebido como femenino. Todas las mujeres y aquellos hombres que no son considerados o percibidos hegemónicos están expuestos a la brutalidad de los “hombres de verdad”. Todo aquello que se discrimina, se excluye, se golpea, se violenta, se humilla, es percibido, en sí, como femenino. ¿Quién violenta? Aquel que se percibe y trabaja para ser percibido como un verdadero hombre. Pensar en los agentes de Estado y en el Estado mismo, es pensar en masculino, por lo tanto, la represión, la violencia y las violaciones sistemáticas de los derechos y libertades son condiciones sine qua non del Estado.
Las agresiones sufridas por quienes se les ha designado, nombrado y ubicado como “los débiles” son infligidas por sus oponentes, “los fuertes”, los poseedores del “uso legítimo de la violencia”, el Estado, quien encarnan a una bestia indolente y sin escrúpulos convertida en una máquina de dar muerte y sufrimiento. Un ejemplo de ello es lo señalado en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México, publicado por Amnistía Internacional México, en el cual se deja muy claro cómo los encargados del orden y la seguridad pública y de la nación no sólo han militarizado el país, sino que su actuación, de nueva cuenta, es bastante cuestionable.
Según el informe, las mujeres detenidas, sobre todo por vincularlas con el narcotráfico y la seguridad nacional, sufren algún tipo de violencia sexual. El 93% de las detenidas declaró que al momento de su detención recibió golpes y palizas en la cabeza (79%), en el abdomen (62%), en las piernas (61%), en los oídos (24%), en los pechos (21%) y en los genitales (16%). Asimismo, todas sufrieron violencia verbal o psicológica, 97% violencia física y 72% violencia sexual.
Durante el arresto, 72% de las mujeres fue manoseada, 94% recibió insultos, 91% fue amenazada y 27% recibió descargas eléctricas, principalmente en los genitales (16%), en los pechos (7%), en las piernas (5%).
De la totalidad de las mujeres entrevistadas, 33% denunciaron haber sido violadas durante el arresto. Seis de cada 10 mujeres arrestadas mencionaron que les introdujeron algo en su vagina: 18% mencionó que fueron los dedos, 7% el pene y 6% algún objeto.
Asimismo, 70% de las mujeres detenidas también dijeron que durante el arresto les introdujeron algo vía anal: 1% enunció que un arma, 3% mencionó que fue el pene, al igual que un 3% dijo que los dedos y 7% algún objeto.
Así, en 80% de los arrestos realizados por la Marina se presentaron violaciones, 60% en las detenciones hechas por policías municipales, 50% en las hechas por policías estatales, 50% en las aprehensiones hechas por el Ejército, y 19% en la realizadas por la policía federal.
La mayor parte de las mujeres que recibieron violencia sexual eran madres solteras, pobres (la mayoría obtenía un sueldo de $1 000 a $5 000 pesos y no habían concluido la educación secundaria) y lesbianas.
Las entidades federativas donde ocurrieron, principalmente, las presuntas torturas fueron Ciudad de México (19 casos), Estado de México (15), San Luis Potosí (11), Coahuila (10), Tamaulipas (10), Tabasco (5), Zacatecas (4), Guerrero (3), Nuevo León (3) y Veracruz (3).
Cabe señalar que esta investigación se llevó a cabo a través de entrevistas en los centros penitenciarios, ya que tanto la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República pusieron obstáculos a la indagatoria, tal como la negatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina quienes nunca respondieron a la solicitud para entrevistar a sus autoridades sobre el caso.
Hay un discurso institucional sobrado por parte de los diferentes órdenes de gobierno respecto a la desigualdad y la inequidad entre mujeres y hombres, siempre en ventaja de los segundos, sin embargo, no sólo no hay acciones concretas para disminuir este tipo de injusticia, sino que, por el contrario, hay una ofensiva normalizada de actuación sobre las mujeres: son un cuerpo usable, un objeto de descarga de resentimiento y poder, una entidad propiciatoria en la cual se descargan todas las agresiones, todas la violencias. Mientras, ese ente que tiene la obligación de favorecer sus derechos, es el mismo que actúa como el Gran Macho, como lo que es: el Estado.
Picaporte
La reforma educativa no debe ser reformable, como muchos lo dicen. Debe ser derogada, simplemente, porque de educativa no tiene nada.