Las reformas estructurales que promovió el presidente Peña Nieto al iniciar su mandato, en caso que hubieren resultado exitosas, habrían catapultado hacía el éxito a su administración gubernamental. Hoy, dos años antes de que termine su mandato constitucional, esas reformas, particularmente la energética y la educativa, lo tienen, prácticamente, en calidad de cadáver y al borde del sepulcro, en el panteón político de la historia de México.
Con la finalidad de vencer la resistencia que hubo alrededor de la reforma energética y obtener el apoyo del poder legislativo, Peña señaló reiteradamente que al aplicarse esta reforma, los precios de la gasolina y de la energía eléctrica disminuirían, beneficiando así a los consumidores.
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Sin embargo, el ofrecimiento presidencial quedó en promesa. El 1 de julio se dieron a conocer los incrementos de precios en las gasolinas Magna y Premium. Días después, la CFE anunció oficialmente el aumento de las tarifas por consumo de energía eléctrica.
Respecto a la reforma educativa, la secretaría de Educación Pública aseguró que se aplicaría sin problemas en todo el país, a partir del momento que el gobierno oaxaqueño (presionado por el gobierno de Peña Nieto) arrebató la rectoría de la educación básica a la CNTE y recuperó el manejo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Se afirmó que al recobrar el gobierno del estado el control de la educación básica en Oaxaca, la CNTE quedaba, imposibilitada para continuar lucrando con la designación de profesores y el nombramiento de directores e inspectores. También con la venta de plazas magisteriales a personas que tuvieran o no título profesional, así como con la ilegal trasmisión de plazas a familiares de profesores y el tráfico con los ascensos escalafonarios y la indebida expedición de oficios de comisión para cobrar sin trabajar.
Así se derrumbó el imperio delincuencial que la CNTE ejerció libremente durante tres décadas, con la anuencia y complicidad de los gobiernos de Heladio Ramírez López (1986-1992), del ahora secretario de Gobierno de Rafael Moreno Valle, Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), José Murat Cassab,(1998-2004), Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) y en cinco años de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).
Pero un torpe y contradictorio manejo efectuado por los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, en el caso del problema entre el gobierno federal y la CNTE, hizo resurgir de sus cenizas a esta organización gremial beligerante como si se tratara de la versión oaxaqueña del Ave Fénix.
Durante poco más de un año el gobierno de Enrique Peña Nieto ─a través de los tres referidos servidores públicos─ manifestó disposición para dialogar con la disidencia magisterial, siempre y cuando la CNTE reconociera previamente la legalidad de la reforma educativa.
Por su parte, la CNTE, advirtió, una y otra vez, que no aceptará otra cosa que no sea la derogación de la reforma educativa.
La irreductibilidad de ambas posiciones hizo imposible el diálogo durante ese tiempo.
Fue hasta que ocurrieron los sangrientos acontecimientos de Nochixtlán, donde resultaron fallecidas ocho personas, cuando el gobierno de Peña Nieto aceptó dialogar con la disidencia magisterial sin que mediara el condicionamiento que interpuso con anterioridad.
Esta aceptación a dialogar incondicionalmente con la CNTE, constituye un triunfo político para los profesores disidentes y una derrota política para el presidente Peña. También es demostración de su debilidad.
Las cosas no pararon ahí. Miguel Ángel Osorio Chong cometió otro error más en su errática actuación como secretario de Gobernación. La tarde del viernes 1 de julio leyó un documento redactado con notorios errores de sintaxis, donde después de referir algunos de los problemas ocasionados por los bloqueos de carreteras efectuados en Oaxaca y Chiapas, advirtió que “Se ha agotado el tiempo (de diálogo y) por ello, en breve se estarán tomando las decisiones necesarias, para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades.”
Dando a entender que en pocos días el gobierno de Enrique Peña Nieto, procedería (aunque tardíamente) a desbloquear carreteras.
Cosa que al día de hoy todavía no ocurre. No obstante que los bloqueos se reproducen y multiplican diariamente en diversos puntos del país. Incluyendo ahora la Ciudad de México.
En Oaxaca y Chiapas, el cierre de carreteras provocó la semana pasada desabasto de alimentos básicos en las regiones de mayor pobreza. También escasez de gasolina.
Esta anomalía obligó al presidente de la república a ordenar la instalación de un puente aéreo militar entre las ciudades de Huejotzingo, Puebla y la capital de Oaxaca, para proveer alimentos básicos a los almacenes de Diconsa de ese estado, para que éstos, a su vez, los suministren a las tiendas rurales oaxaqueñas, que durante casi un mes se vieron desabastecidos.
Aparentemente, esa medida gubernamental fue correcta porque se implementó con el propósito de llevar alimentos básicos a las comunidades donde hacían falta. Sin embargo, es incuestionable que políticamente fue errónea, toda vez que obligó al gobierno federal a utilizar aviones del Ejército Nacional en lugar de desbloquear los caminos.
Sólo mediante esta estrategia militar, que suele emplearse en casos de emergencia por terremotos, ciclones y huracanes, el gobierno de Peña logró trasladar los víveres que requieren para su subsistencia los habitantes de las zonas rurales de Oaxaca.
El presidente de la república debería saber que la persona o personas que en México bloquean una carretera, o una simple calle, por cualquier motivo y aunque sea por unos minutos, cometen un delito que se llama ataque a las vías generales de comunicación. Delito que debe castigarse en los términos que marca la ley.
Además, alguien en la secretaría de la Defensa Nacional o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), deberían hacerle saber, al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que el bloqueo de carreteras es una eficaz herramienta que acostumbran utilizar los grupos guerrilleros, en cualquier parte del mundo y en cualquier época, para debilitar y derrocar gobiernos.
Si Peña Nieto no quiere que la CNTE, con la ayuda de sus apologistas, convierta su sexenio en cuatrienio, debe ser menos arrogante y hacer lo necesario para mantener abiertas, al libre tránsito de vehículos, las carreteras del país.