La reforma constitucional, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SAN), es sin duda la puerta que nos conducirá a combatir de manera frontal el cáncer que ha invadido nuestro sistema democrático y nuestra estructura económica, afectando la credibilidad y la confianza en las instituciones y en quienes están al frente de las mismas.
Dicha reforma dio origen a dos nuevas leyes generales y a más de veinte modificaciones a leyes existentes.
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La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es, sin duda, el instrumento para fincar responsabilidades a los servidores públicos mediante la denuncia, investigación, sanción, corrección y resarcimiento del daño –o menoscabo-. Asimismo este ordenamiento sentará las bases para la organización, operación y coordinación del sistema, además de definir las competencias y atribuciones de quienes lo ejecuten de cara a la sociedad.
Los elementos más importantes que contempla el nuevo sistema son:
1. Las facultades de investigación de los órganos internos y externos de la administración pública para identificar redes de corrupción.
2. La construcción eficaz de pesos y contrapesos, mediante la inclusión de los ciudadanos en la mesa rectora del Sistema.
3. Contará con un secretariado técnico que habrá de evaluar los avances –o retrocesos- de la corrupción; obtener y generar información que le permita emitir informes a cerca de los resultados del Sistema.
Dado que se trata de una Ley General permitirá la articulación de los tres niveles de gobierno de manera que se garantice su eficacia.
En ese sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción contempla un nuevo diseño institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos claros de asignación de responsabilidades basados en meritocracia, certeza, estabilidad y ética pública, con procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlos a cabo, sin confundirlas con las funciones propias del control interno y fiscalización.
El Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por siete instituciones cuyas acciones se vincularán a través de un comité coordinador. Se trata de:
1) Una Secretaría de la Función Pública -reformada-, encargada del control interno de la administración pública, con facultades de legalidad en el servicio público.
2) Una Auditoría Superior de la Federación con capacidad plena constitucional de investigar casos de corrupción.
3) Una Fiscalía Anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales.
4) El Consejo de la Judicatura Federal, que llevará las recomendaciones del SNA al Poder Judicial y lo proveerá de información para producir inteligencia institucional.
5) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para vincular los trabajos del SNA con el Sistema Nacional de Transparencia.
6) El Tribunal de Justicia Administrativa que habrá de contar con una Sala Especializada en materia de corrupción y podrá recibir quejas y denuncias.
7) Un Comité de participación ciudadana –“la séptima silla”- donde cinco personas actuarás como enlace con los ciudadanos para la prevención de la corrupción y el control democrático del Sistema.
Este comité es de suma importancia dentro del SNA y tendrá como atribuciones la elaboración de un programa de trabajo, la propuesta de elementos que configure la política nacional anticorrupción, el desarrollo de metodologías, indicadores y mecanismos de medición así como la vigilancia de funcionamiento del Sistema.
Sin duda, el Gobierno de la República genera un avance histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad al tiempo que representa un desafío para los mexicanos combatamos frontalmente a la corrupción con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
De esa manera, los gobernantes estarán obligados a ser transparentes en el manejo y administración de los recursos públicos evitando destinarlos a obras faraónicas y sin impacto social real.