Evitar los inminentes riesgos que implica para los habitantes del estado de Puebla el vivir en zonas donde las tormentas, inundaciones y sismos suelen ser comunes, además de otros peligros latentes como los eventos explosivos del volcán Popocatépelt, es un tema prioritario para las autoridades y para la actual Legislatura Local.
El crecimiento exponencial de la población, tanto en áreas urbanas como en suburbanas y rurales, ha generado un desorden en el asentamiento de grupos humanos que, cada vez más, ocupan territorios que no son los adecuados para una convivencia tranquila y fuera de peligros como los mencionados.
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En México, más de 90 millones de habitantes residen en zonas de riesgo. En el caso de Puebla, existe una larga historia de inundaciones y desbordamientos, sismos, actividad volcánica, incendios forestales, usos de suelo irregulares.
Aún siguen frescos en la memoria episodios lamentables para Puebla como las inundaciones y el sismo de 1999, que ocasionaron daños cuantificables en millones de pesos, así como la irreparable pérdida de vidas humanas inocentes que, por ubicarse en diversas regiones del estado y de la capital que no eran aptas para el desarrollo de comunidades, ocasionaron tragedias de las que ha costado años recuperarse.
No obstante lo anterior, existe una desvinculación de la planeación territorial y las políticas para la prevención del riesgo, lo que ha propiciado la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas no aptas.
Por lo anterior, esta semana propuse ante el Congreso del Estado modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla con la finalidad de requerir, de manera obligatoria, un Estudio de Prevención de Riesgo, previo al otorgamiento de licencias relativas a usos del suelo, edificaciones, construcciones, factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, en el caso de proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, conforme a los programas de Desarrollo Urbano Sustentable aplicables.
Además de los riesgos que implican los fenómenos naturales que se presentan cada año, un peligro que vivimos todos los días los poblanos de la capital y del interior del estado, es el pésimo servicio de transporte público que se brinda a través de las decenas de rutas existentes.
Si bien, los afortunados que contamos con una unidad particular para trasladarnos tenemos el riesgo latente de encontrarnos en nuestro camino con conductores mal capacitados para desarrollar su labor de servicio público, lo cual genera, con demasiada frecuencia, accidentes de tránsito, a veces con consecuencias fatales, los ciudadanos que se ven obligados todos los días a utilizar el transporte público sufren permanentemente de malas condiciones antes y durante sus traslados.
El Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en México 2014-2015, en su diagnóstico de movilidad, arrojó como resultado que la deficiencia y baja calidad del transporte público, inhibe su posicionamiento como una alternativa para la movilidad.
Este mismo reporte, con respecto a la situación del transporte público concesionado, refleja que los problemas de movilidad crecieron de manera exponencial al igual que el rechazo de las y los usuarios que generalmente lo califican de malo, lento, peligroso, deteriorado y como un sinónimo de pobreza.
Este sistema se caracteriza por una competencia feroz por el pasaje, inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas para el ascenso y descenso de pasaje, invasión de rutas, bajas velocidades, conductores improvisados e invasión y deterioro del espacio público.
Por ello, para que el transporte se encamine a garantizar la movilidad de personas u objetos en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, planteé ante el Congreso Local una serie de reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. El objetivo es que el Servicio de Transporte en el Estado reúna características de racionalidad, procure la optimización de la infraestructura vial, prevea la participación ciudadana, refiera la sustentabilidad, tome en consideración el destino preferente y considere la accesibilidad.