Intento aportar una mirada reflexiva en torno a lo que sucede en el país, especialmente lo relacionado con la “Reforma Educativa”.
Mi reflexión tiene que ver con los grupos de poder con intereses particulares muy fuertes, quienes manejan las decisiones casi siempre desafortunadas para los ciudadanos y relacionados con los cacicazgos políticos que especialmente en los partidos están instalados. Sólo basta analizar con qué propósito, de qué manera y quiénes están alrededor de la toma de decisiones, lo que tiene como consecuencia lógica, el descontento creciente de los grupos de población más desfavorecidos.
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La pobreza y la marginación han crecido en nuestro país que se refleja especialmente en el poder adquisitivo de las familias, la falta de empleo y las condiciones de pobreza observables en las comunidades rurales e indígenas. El estado de Oaxaca en especial, tiene una de las mayores concentraciones de población rural e indígena, que históricamente han sido escasamente atendidas por los distintos gobiernos que han tenido, los cuales poco o nada han hecho para disminuir el creciente nivel de pobreza y que han mostrado una disminución en el cumplimiento de sus obligaciones para sacarlas de ese rezago por parte de las instituciones y del gobierno.
Suena lógico entonces que las manifestaciones de descontento de los maestros fueran compartidas por los sectores más pobres de mexicanos quienes con piedras, palos y cohetes pretendieron defenderse de la Policía Federal, las Fuerzas Estatales y la Gendarmería. Los reportes institucionales hablan de que los atacaron con armas de alto poder, lo que a mí me parece ilógico, si pensamos que apenas tienen lo necesario para subsistir ¿en las condiciones en las que viven, pueden comprar armamento tan costoso y saberlo utilizar?
Lo que es de analizarse también es la aparición de manera sistemática en la mayoría de las manifestaciones “anti gobierno”, de los famosos encapuchados que provocan las escaladas de violencia y que en los enfrentamientos del domingo pasado se especificaron como grupos ajenos a la CNTE, “infiltrados” como los denominan, vinculados directa o directamente con organizaciones guerrilleras o con otros grupos violentos que roban, vandalizan y destruyen todo a su paso.
En cuanto a la CNTE y su gran influencia en Oaxaca, está relacionada con el poder y los partidos políticos, especialmente en tiempos electorales. Oaxaca ha sido corazón histórico de la CNTE, que prácticamente tenía el poder de las decisiones de la política educativa. Desde la década de los ochenta controlaba todo lo relacionado con el otorgamiento de las plazas magisteriales y su poder creció tanto que el Presidente en turno y los Gobernadores hacían alianzas con ellos, lo mismo en todos los niveles, así como en muchos otros estados lo hacía o lo sigue haciendo el SNTE.
Al perder estas canonjías ante lo que se legisla en la Reforma Educativa, surge el descontento. En teoría ya no más entrega indiscriminada de plazas que se realizaban a partir de decisiones y acuerdos entre los sindicatos y las autoridades educativas, porque hay que decirlo, no era una actividad única de los sindicatos, la SEP también participaba.
La reciente reunión de la CNTE con el Secretario de Gobernación muestra que el asunto no es educativo, es de tipo político-social, siempre existirá la posibilidad de que la SEGOB ofrezca componendas al margen de la ley, esta sospecha tiene fundamentos en los resultados de impunidad que siguen sin aclararse.
Además, a pesar de que exista ya una mesa de negociación, el debate es complicado porque las hebras se enredan, sobre todo cuando prevalece tanto en la CNTE como en el Gobierno Federal la intransigencia. Por un lado abrogar la ley y por el otro la inmovilidad de la ley constitucional.
Y entonces surge la gran pregunta ¿acaso las leyes no pueden modificarse?
El gran debate es la obligatoriedad de la evaluación. Sin dejar de reconocer que evaluar implica mejorar, hay cosas que se deben revisar y no desgarrarse las vestiduras estando a favor o en contra polarizando a la sociedad con comentarios y acciones muchas veces sin fundamento.
Por ejemplo, dos de varias conclusiones realizadas por Rodolfo Ramírez R. y Concepción Torres R., del Instituto Belisario Domínguez (México, 2016) muestran que: “La evaluación del desempeño se ha realizado con tres instrumentos que no permiten conocer las prácticas pedagógicas o de dirección o gestión de los sujetos evaluados... es razonable concluir que la evaluación del desempeño no ofrece un diagnóstico acerca de la práctica docente sino una imagen difusa –‘nivel de desempeño’- respecto a la información técnica y disciplinaria así como del conocimiento de las normas escolares que poseen los sustentantes. Es indispensable evaluar la evaluación aplicada: sus bases (perfiles, parámetros e indicadores) y, especialmente, los contenidos y la calidad técnica de los instrumentos aplicados, incluidos los criterios de calificación utilizados; también debe ser objeto de esta evaluación el diseño institucional para la puesta en marcha de esta reforma”.
En una sociedad con múltiples manifestaciones de inconformidad, no hay lugar para oídos y ojos cerrados. La situación mundial es preocupante y el gobierno expresa que habrá ajuste en el gasto público, pero en realidad se sigue gastando a manos llenas favoreciendo a grupos políticos y amigos afines, ante la impotencia de las clases sociales sociales más desfavorecidos. Se han escuchado demasiadas mentiras y se ha visto una mayor impunidad en diversas situaciones sociales en los últimos años, que ha restado credibilidad a las diversas instituciones que han participado.
Aun así ¡no más!: “se lo merecían dicen algunos” o “ya párenle por parte del Gobierno”, hay que buscar el punto medio y sobre todo, dejar de fomentar radicalismos y polarización ante hechos y decisiones que nos afectan a todos.
Cierto, no hay manera de no cumplir la ley, pero si se puede modificar. Es una ley constitucional que no se negocia, pero que en su implementación operativamente sí ha sido modificada. ¿Por qué entonces no revisarla y modificarla, adecuarla a las necesidades del país pero también de los actores involucrados? El Estado está llamado a resolver las situaciones en un momento de efervescencia social, hay que abrir los espacios para la civilidad, favorecer el acomodo de los liderazgos académicos que ya se han pronunciado e incluir la representación de los profesores y las comunidades.
Aunque sea una ley constitucional la que determina esta Reforma, como escribe un amigo, “el punto medio entre ser abrogada y ser inamovible es revisar a fondo esta ley y abrir la posibilidad de modificarla”.
Y habría que pensar también, que las marchas y plantones como estrategia de lucha popular pueden también modificarse y buscar nuevas estrategias que no perjudique a terceros y, sobre todo, que no se pongan en riesgo las fábricas de alas de todos nuestros estudiantes.