Nuestra democracia en la actualidad puede llegar a afrontar tres nuevos retos: las crecientes desigualdades sociales, la precarización laboral y la transformación tecnológica del trabajo. Son desafíos que demandan una reorganización de la democracia sobre la base de la reformulación de las cuestiones públicas, la definición de un nuevo marco social y el establecimiento de nuevos valores más acordes con la dimensión humana del progreso.
El funcionamiento actual de la democracia, y sus perspectivas de desarrollo futuro, se encuentran condicionadas por la acentuación de las desigualdades y por las tendencias duales que se detectan en los perfiles de las sociedades de nuestro tiempo; el futuro de nuestras sociedades va a depender de la manera en que se desarrollen estas dimensiones de la experiencia humana de vida en común. Si las desigualdades aumentan, si el trabajo se precariza y, al mismo tiempo, las oportunidades de empleo se deterioran, la democracia acabará viéndose afectada. Y, de manera paralela, si la democracia se debilita y no es capaz de encontrar soluciones para problemas vitales que conciernen a tantas personas, se agudizarán aun más las tendencias de diferencias sociales y crisis en el trabajo, se trata, pues, de dimensiones directamente interconectadas.
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Lo que está ocurriendo en nuestras sociedades revela que se están produciendo fallos en los procedimientos establecidos de representación política y que existen demandas importantes para el futuro de la convivencia que no están siendo bien solucionadas. Por ello hay que perfeccionar los sistemas democráticos, no sólo porque tal perfeccionamiento forma parte de la lógica del progreso en la evolución histórica y el avance de la civilización humana, sino también porque es necesario corregir disfunciones y desajustes de representación. La democracia no debe entenderse solamente como un sistema de articulación de la representación política o de equilibrios institucionales, sino que tiene que ser contemplada también como un sistema orientado a encontrar las mejores soluciones a los problemas sociales planteados en la convivencia. Por ello se ha asistido a un desarrollo histórico de la noción de ciudadanía social y a una evolución de los modelos democráticos.
Por lo tanto, uno de los principales retos en la fase política en la que nos encontramos es rectificar los riesgos de deriva hacia una grave acentuación de las desigualdades y hacer frente a la actual crisis del trabajo, inaugurando nuevas formas de entender la pertenencia y la corresponsabilidad social. Porque si no se responde a estos riesgos de manera satisfactoria, si los ciudadanos no ven en la democracia una vía adecuada para remontar tales problemas y solucionar la crisis de lo social (equidad) y de lo laboral (desempleo y precarización) se acabará poniendo en cuestión la propia credibilidad de los sistemas de representación.
Para superar tales dificultades se necesita una nueva forma de orientar las cuestiones públicas, un marco distinto de definición de las prioridades sociales y humanas y un sistema de valores que permita alcanzar traducciones políticas más fieles de las aspiraciones colectivas.
Algunas de las principales líneas de acción en torno a las que habría que trabajar se relacionan, por ejemplo, con la democratización del trabajo y de la vida económica en general, con la vitalización y autentificación de los partidos políticos, con la potenciación del papel de los nuevos sujetos políticos y sociales, con la efectiva libertad informativa, con la generación de democracia en la vida cotidiana, con el desarrollo de culturas ciudadanas y con la puesta en marcha de iniciativas institucionales de democracia participativa.
De la misma manera que la democracia ha sido históricamente un modelo de estructuración políticamente organizado, su futuro debe ser también el resultado de un esfuerzo explícito, dotado de un carácter más inclusivo, más global. Es decir, activando las posibilidades de ejercicio de la condición ciudadana al máximo nivel que permiten los avances de nuestra civilización, es decir, propiciando la transición desde modelos de una ciudadanía pasiva y parcial a una ciudadanía más completa, más activa y más comprometida.
El autor es Licenciado en Administración de Empresas y
Especialista en Administración Pública y Planeación Estratégica