En México, la desaparición forzada comenzó a hacerse común a finales de la década de los 60 con el objetivo de evitar la organización de la sociedad mexicana ya fuera a través del movimiento insurgente o de organizaciones sociales que buscaban la transformación de la sociedad y el cumplimiento pleno de los derechos, periodo que se conoce como “guerra sucia” y en la cual diversas organizaciones de familiares y de derechos humanos han registrado entre mil 200 y mil 800 desapariciones forzadas por motivos políticos.
Edmundo Reyes Amaya nace el 10 de noviembre de 1949, es hijo de padres campesinos, el mayor de 9 hermanos, padre de dos, abuelo de tres, nació y se crio en un contexto humilde en la ciudad de Oaxaca, desde su juventud tuvo que migrar a las Ciudad de México para buscar mejores condiciones de vida para él y su familia.
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A los 15 años fue cuando se trasladó a vivir a la capital mexicana en la que trabajó como obrero en diversas fábricas en donde experimentó situaciones propias de la condición de toda persona asalariada, alejarse de su familia y ser sometido a jornadas extenuantes de trabajo con un sueldo paupérrimo; situación que lo lleva a reflexionar sobre las causas de su explotación inhumana.
A sus hijos les enseñó los principios morales de la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo, además del deporte, ya que Edmundo gusta de jugar béisbol tanto en su natal Oaxaca con en la capital del país.
Nadin Reyes Maldonado, su hija e impulsora de su búsqueda, recuerda la vida a lado de su padre como “llena de muchos aprendizajes”. Lo recuerda como un hombre disciplinado y muy importante en su formación profesional ya que la ayudo en la elaboración de su tesis, algo de lo que Nadin está muy impresionada, pues su papá no cuenta con estudios universitarios pero sí es una persona autodidacta, alguien que le gusta leer mucho, por lo que en la etapa de la carrera universitaria se formaron a la par.
“Mi padre es un ejemplo de lucha, de superación, lo quiero, lo admiro y lo respeto muchísimo por todos sus ejemplos y apoyo y, cuando me entero de su militancia política, lo admiro y lo respeto aún más por esta decisión que yo creo que es difícil el optar por una vía de lucha así, pero que sin duda yo sé que eso le costó, incluso puede ser hasta su vida, y que eso para mí es un ejemplo indudable de lucha, de constancia y de dedicación”, señaló.
Y es que Reyes Amaya, derivado del contexto de pobreza y explotación laboral que vivió, decide incursionar en el movimiento armado Ejército Popular Revolucionario (EPR) como una vía para transformar las situaciones en el país motivo por el cual el Estado lo desparece de manera forzada desde el 25 de mayo de 2007, sólo por el hecho de buscar una alternativa a la situación de precariedad en el país.
Ha sido ardua la lucha y en 2014 se obtuvo la Resolución Judicial 29/2014 emitida el 19 de junio de 2014 por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que ordenó que todas las autoridades señaladas como responsables en el Juicio de Amparo interpuesto contra la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también luchador social: “Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, realicen la búsqueda de estos dos luchadores sociales en las principales instalaciones militares.”
Además, la Resolución ordena que se tomen comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que declaren en relación a los hechos y que informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.
“El Estado le está dando largas al asunto. Lo que nosotros vemos es que su apuesta es a que desistamos, a que como familiares nos cansemos de exigir justicia y de que esto quede en el olvido, ha habido mucha dilación por parte del Estado, mucha falta de respuesta además ha habido hostigamiento e intimidación a las familias y en contra de las organizaciones que los han acompañado como es el caso de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que tienen compañeros desaparecidos, producto de la lucha y la solidaridad que han tenido con nosotros, han sufrido intentos de ejecución extrajudicial y eso es una respuesta que nosotros vemos que el Estado ha dado a esta presión y al logro que se tuvo con esta Resolución Judicial” informó Nadin respecto a la solución.
Reyes Maldonado se siente con angustia y zozobra porque no hay respuestas respecto al paradero de su papá, pero a pasar de esta situación está con el ánimo y con el entusiasmo de seguir adelante porque esto que se logró con la resolución judicial nos indica que es el camino para continuar con esta exigencia, con la presión, y que es una lucha no sólo por los compañeros del EPR sino miles de casos de desaparición forzada que no han visto justicia. “Seguimos en la lucha hasta encontrarlos”, remató.
Es preciso recordar que la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada el 18 de diciembre de 1992 define que esta práctica ocurre cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.
Esta práctica en el ámbito de los derechos humanos está clasificada como un delito de lesa humanidad de carácter: Múltiple porque viola todos los derechos humanos; Continuo debido a que las violaciones a los derechos humanos del desaparecido se consuman momento a momento, durante todo el tiempo que la víctima se encuentra desaparecida; Imprescriptible ya que la desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos por lo que de acuerdo a estándares y tratados internacionales no pierde vigencia; y Pluriofensivo. porque viola los derechos humanos de la persona desaparecida, así como los de sus familiares.
Es por casos como el de Edmundo y de miles de desaparecidos en el país, que diversas organizaciones de la sociedad civil enviaron al Senado de la República la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares, la cual se apega a estándares internacionales en la materia.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!