Los derechos humanos y políticos de los mexicanos están garantizados por nuestra Carta Magna, que define el actuar de las autoridades como una responsabilidad imparcial y en protección de todos los ciudadanos.
No obstante, con los hechos ocurridos los pasados 4 y 10 de mayo, en que policías municipales capitalinos y agentes ministeriales intentaron apoderarse de la propaganda de la candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá, que se trasladaba en tráileres rumbo a las oficinas de nuestro Comité Directivo Estatal, se demostró que su único fin era vulnerar nuestros derechos humanos y electorales.
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Es fundamental detallar que el Artículo 11 de la Constitución Mexicana determina que toda persona tiene derecho de viajar por territorio nacional sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Además, el Artículo 16 señala que nadie puede ser molestado sin un mandamiento escrito de la autoridad que motive la causa legal del procedimiento.
A nivel local, el Artículo 4 fracción II, párrafo primero de la Constitución del Estado determina que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos de los que sean responsables, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, en el Artículo 399 bis fracción III se indica que son infracciones de las autoridades cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos o candidatos durante los procesos electorales.
Durante los intentos de decomiso de la propaganda, no obstante los militantes del PRI presentaron la documentación requerida, los oficiales municipales ejercieron sus funciones con violencia, sin causa legitima, de manera arbitraria y atentando contra los derechos humanos de libertad de tránsito y de legalidad, pues pretendían impedir que la propaganda llegara a su destino, y no conformes con ello, solicitaron el apoyo de los agentes ministeriales.
En tanto, los agentes de la FGE, de manera prepotente y sin razón fundada y motivada, pretendían impedir que la propaganda electoral llegara a su destino al tratar de decomisarla, siendo que el Artículo 22 de nuestra Carta Magna señala que el acto procede siempre y cuando sea ordenado por una autoridad judicial.
Cabe precisar que durante los hechos del 4 y 10 de mayo fue evidente que la intención de los distintos cuerpos policiacos era detener los tráileres y su contenido con la única intención de que la propaganda no llegara a su destino; violando el principio de equidad en la competencia entre los partidos políticos.
Por todas las razones expuestas, esta semana presenté en el Congreso del Estado, junto con el diputado Francisco Javier Jiménez Huerta, un exhorto en el que se solicita la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, para que conozca de oficio estas presuntas violaciones. También se solicitó respetuosamente al Instituto Electoral del Estado investigar las conductas de los policías municipales y de los agentes ministeriales por considerar que están encaminadas a perjudicar a un partido político.
Además, se invitó respetuosamente al Gobernador de Puebla a instruir a la Contraloría del Estado para que investigue los hechos por considerar que las conductas de los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado pueden constituir responsabilidad de servidores públicos. Finalmente, se hizo lo propio con el Alcalde de Puebla respecto a los policías municipales.
Es así como los legisladores del PRI confiamos y esperamos una pronta respuesta por parte de los organismos y autoridades a quienes solicitamos se esclarezca el actuar de quienes deben estar al servicio de los ciudadanos, y no de un sector o de un partido político.